A día de hoy, un simple comentario en redes sociales podría ser suficiente para ir a la cárcel en Nicaragua, tal y como le pasó al filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada: así se resume el agravamiento de la crisis política en el país, que este 18 de abril cumplió seis años.
Las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados por la represión, surgieron en medio del descontento social en abril del año 2018.
Numerosos expertos aseguran que la crisis en Nicaragua se ha radicalizado. De hecho el llamado Monitoreo Azul y Blanco, conformado por expertos locales en Managua, contabilizan al menos 11.000 violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en los últimos seis años.
Estas han sido las acciones del régimen nicaragüense que llevan a hablar de “radicalización”:
1. Prohibición a todo tipo de manifestación
A consecuencia de las revueltas, en septiembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega prohibió todo tipo de manifestaciones en Nicaragua. La oposición ha denunciado “un estado de sitio de facto” donde no hay garantías constitucionales que permiten el derecho ciudadano a la protesta.
Asimismo, el régimen nicaragüense también ha optado por otras acciones para evitar las concentraciones, como la centralización del poder para convocatorias masivas, como conciertos, obras de teatro, y otras actividades. Para celebrar una concentración de este tipo en Nicaragua, se debe pedir permiso a la Policía Orteguista.
“Son seis años de crisis política, pero también de derechos humanos en Nicaragua”, dice a la Voz de América la socióloga feminista María Teresa Blandón.
Blandón asegura que “la radicalización autoritaria y totalitaria del régimen ha venido incrementándose, pero no han variado”.
“Han recurrido a las campañas de desinformación, de desprestigio, pero también de abierta represión. No ha cambiado, no es nuevo”, dijo.
2. Despojo de nacionalidad a opositores y destierro
Una de las últimas acciones cometidas por el régimen nicaragüense en el contexto de la crisis sociopolítica en Managua, ha sido el despojo de la nacionalidad de algunos opositores.
Hasta este 18 de abril de 2024, el dictador Daniel Ortega ha despojado de la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su régimen, a los que además envió al exilio, al acusarlos de “traidores” y “vendepatrias”.
“Este acto es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos tienen derecho a la nacionalidad, y condenamos la medida del gobierno de Nicaragua de restringir la nacionalidad de otros 94 ciudadanos”, dijo a la VOA en su momento el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel.
3. Expropiación de medios de comunicación y exilio de periodistas
El régimen de Ortega ha cerrado decenas de medios de comunicación, alegando que formaron parte de “un intento de golpe de Estado” en las protestas de 2018.
Medios como La Prensa, el más antiguo del país, opera desde el exiliodespués de que el régimen confiscó sus instalaciones en septiembre de 2022, así como las de una docena de medios más. De igual forma hay más de 200 periodistas exiliados, según informes.
“Nunca habíamos sacado a toda la redacción del país”, dijo a la VOA el editor del diario La Prensa de Nicaragua, Eduardo Enríquez.
El régimen mantiene preso al periodista Víctor Ticay de Nandaime, Granada, bajo la falsa acusación de “propagación de noticias falsas” solo por transmitir una actividad religiosa.
4. Arremetida diplomática y contra la oposición
El régimen también ha embestido a nivel diplomático contra quienes han criticado los abusos a los derechos humanos en Nicaragua, tal y como Estados Unidos se refirió recientemente a la crisis política.
El régimen de Ortega anunció su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de desconocer las elecciones en Nicaragua. Además confiscó su sede en Managua.
El exdiputado nicaragüense y analista político Eliseo Núñez, asegura que Ortega ha encontrado en las protestas del año 2018, “una razón para justificar su represión”. “Ortega siempre ha tomado este tipo de caminos, en los años 80 durante la guerra lo hizo”, recordó.
Un año después, en julio de 2022, el régimen ausó de “injerencista” y de “involucrarse en temas nacionales” al diplomático Hugo Rodríguez, nominado por el presidente estadounidense Joe Biden para embajador en Nicaragua.
El orteguismo informó que se retiró “inmediatamente el beneplácito concedido al postulante” Hugo Rodríguez, como embajador de EEUU en Managua. Desde entonces Estados Unidos mantiene apenas a un encargado de negocios en Managua.
El régimen también expulsó al representante del papa Francisco, el nuncio Waldemar Sommertag, en marzo de 2022. El Vaticano dijo que la decisión de Daniel Ortega de expulsar a Sommmertag, era “grave” e injustificada”.
5. Jornada contra la Iglesia católica
La Iglesia católica, considerada el último pilar de la sociedad civil que quedaba en pie en Nicaragua, luego de la persecución a opositores, y sectores sociales, también recibió embates por las autoridades afines a Ortega.
El régimen inició detenciones contra sacerdotes y otros jerarcas, como monseñor Rolando Álvarez, obispo de una diócesis local.
El régimen nicaragüense excarceló a Álvarez y al resto de religiosos detenidos, sin embargo lo despojó de la nacionalidad, y lo desterró en un acuerdo con la Santa Sede.