El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine presentaron este jueves una ley bipartidista para extender hasta 2028 los efectos de la ley de sanciones al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que está previsto que venza a finales de este año 2023.
A finales de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Nica para ordenar a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación de Nicaragua por la represión de protestas antigubernamentales.
Rubio y Kaine presentaron un proyecto de ley que “extendería la autoridad del Gobierno de EE.UU. para imponer sanciones en contra del régimen de Nicaragua hasta el 31 de diciembre del 2028”, informaron en un comunicado.
También pretenden ampliar las sanciones para “incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos”.
El texto insta además al Departamento de Estado a que promueva el fin de las inversiones a Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los senadores consideran que Estados Unidos “debe desarrollar un plan común para abordar la naturaleza criminal del régimen” de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, ante la “ola de violencia y represión” en Nicaragua.
“La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega-Murillo de socavar por completo el proceso de elección presidencial en el 2022, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo”, dijo Rubio.
“El deterioro de la democracia en Nicaragua bajo el Presidente Ortega conduce a la migración irregular y perjudica la estabilidad de nuestro hemisferio. Este proyecto de ley aborda la corrupción y los abusos a los derechos humanos del régimen de Ortega al imponer sanciones más fuertes a los individuos e instituciones que le han puesto mano dura a organizaciones de la sociedad civil, que hacen de la Iglesia Católica un blanco, y que silencian a los nicaragüenses que han se han expresado en contra de estos abusos, incluyendo a individuos como el Obispo Rolando Álvarez, quien fue privado de su ciudadanía nicaragüense, sentenciado a 26 años en cárcel, y marcado por el régimen de Ortega como ‘traidor a la patria’ por criticar justamente las medidas severas del régimen”, dijo Kaine.