Seylit Parrales está viva de milagro luego de que su expareja Yerol Álvarez le propinara 12 heridas en el cuello con un arma blanca.
“Ya teníamos tiempo de que nos habíamos separado, él me dijo que si no era mujer de él, no sería de nadie más, por ese motivo me quiso matar”, relató Parrales.
El caso de la mujer, originaria de un barrio marginado de Managua, es uno de los más de 64 intentos de feminicidio que se dieron en el año 2019 en Nicaragua. Otras mujeres no tuvieron la misma suerte. En ese mismo lapso fueron asesinadas 63 mujeres, según un conteo de católicas por el Derecho a Decidir, un observatorio que monitorea la violencia machista en el país centroamericano.
El sábado se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la región latinoamericana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que en 2022 murieron más de 4.000 mujeres por violencia de género. Activistas aseguran que la cifra es mayor.
Católicas por el Derecho a Decidir ha contabilizado 397 feminicidios en Nicaragua desde 2018 a noviembre de 2023. Durante 2020 y 2021 registraron 71 casos, 68 en 2022 y en lo que va de este año se contabilizan 67.
El observatorio alerta que no hay políticas estatales para frenar este flagelo, mientras activistas aseguran que el trabajo de la sociedad civil para erradicar este mal se ha dificultado por el cierre masivo de oenegés en Nicaragua.
“Hay un tema de falta de prevención y tiene que ver con la falta de protección a las víctimas y la falta de política efectivas para sancionar a los agresores”, dijo a la Voz de América María Teresa Blandón, quien por años ha trabajado en políticas de prevención de la violencia contra la mujer.
“El refugio para las víctimas de la violencia éramos las organizaciones de mujeres y hoy por hoy la inmensa mayoría de esa organizaciones han sido clausuradas, y peor aún, el régimen nos ha considerado enemigos, y por eso muchísimas de las defensoras han tenido que salir al exilio forzado”, dijo Blandón.
La activista dijo que las oenegés feministas brindaban capacitaciones sobre prevención sobre la violencia. Algunas, como La Corriente, brindaban apoyo psicológico a las víctimas.
El régimen de Ortega declaró ilegal a La Corriente en febrero de 2022.
Las feministas alegan también que el régimen minimiza las denuncias de violencia machista.
Parrales dijo que antes del ataque fue objeto de amenazas de muerte de su expareja y acudió a una estación policial cercana, donde le dijeron únicamente que se “moviera de casa”.
El hombre fue detenido posterior al intento de feminicidio y condenado a 20 años de prisión por el delito de “femicidio en grado de frustración”.
Una ley cuestionada
Debido a presión de activistas, el régimen del presidente Daniel Ortega aprobó una ley conocida como Ley 779 o Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres en 2012 como una forma de luchar contra la violencia machista.
Cuando fue aprobada, la Ley 779 reconocía el delito de femicidio en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y calificaba de femicida a quien “diere muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado”.
Pero la ley ha sufrido al menos tres reformas desde entonces. En una de las reformas, el delito de feminicidio se limitó a las relaciones de pareja.
Cuando entró en vigencia la Ley 779 no se permitían las mediaciones. Como parte de las reformas se restableció la “mediación” obligatoria entre una pareja.
Activistas dijeron que estas reformas buscaban “maquillar” el número de cifras de feminicidios.
La abogada Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a la VOA que la ley fue un paso “importante2, pero que perdió fuerza por las reformas.
La Ley 779, a pesar de su intención inicial de proteger a las mujeres, “se ha enfrentado a varios desafíos que incluyen falta de recursos de formación adecuada para los encargados de su implementación”, dijo.
Los cambios posteriores “han debilitado su enfoque en la protección a las mujeres”, agregó.
No obstante feministas nicaragüenses aseguran que siguen en la lucha por las demandas de los derechos de las mujeres.
“La lucha debe seguir porque existe un Estado patriarcal que no considera la violencia contra las mujeres y las niñas como un problema principal y que entonces se vuelve cómplice de esa violencia”, dijo Blandón.
*Con VOA | Foto: La Prensa