Nacionales / Salud y Vida · 23/07/2020

UNAB envía carta a la OPS para respaldar su visita a Nicaragua

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) envió una carta a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con más de 2.400 firmas en respaldo para que esta organización visite Nicaragua y evalúe la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Hace 15 días la UNAB lanzó la campaña para firmar una carta en línea respaldando la solicitud que hizo la OPS para ingresar al país debido a la escasa información semanal que recibe del régimen de Daniel Ortega en torno al COVID-19.

“Es una exigencia clara para que la dictadura deje entrar a organismos internacionales e implementar acciones contundentes para salvar las vidas. El régimen de Daniel Ortega, por medio del Ministerio de Salud (Minsa), no ha revelado información epidemiológica en detalle, según lo establecido en el reglamento sanitario internacional”, expresó la organización opositora.

La OPS ha dicho en reiteradas ocasiones que ha solicitado al régimen de Ortega les permita visitar Nicaragua, pero este ha ignorado los llamados.

La UNAB manifestó que una visita de una delegación de la OPS “podría evaluar y evidenciar irregularidades como el exorbitante cobro de 150 dólares por pruebas de Covid-19 que está realizando el Minsa a las personas nicaragüenses que necesiten viajar hacia otro país donde se les requiere el negativo de ese examen”.

Asimismo, se podría conocer detalles sobre la distribución de las 26.000 pruebas de COVID 19 que fueron donadas en abril por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y las 5.000 pruebas donadas por Rusia.

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“Como Unidad Nacional continuaremos haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr que se implementen medidas sanitarias efectivas por parte de la dictadura. Las vidas no se pueden poner en juego nunca. Seguiremos denunciando las constantes irregularidades”, señaló.

La UNAB además, reiteró las demandas que el gremio médico nicaragüense ha hecho en el marco de la pandemia: Reintegro de los doctores despedidos arbitrariamente desde 2018, transparencia en la información con respecto a las pruebas de COVID-19, y protección sanitaria suficiente para el personal médico en los hospitales y centros de salud.