Nicaragua ante una nueva crisis: coronavirus en tiempos de dictadura

En Nicaragua, como en otros países, la emergencia de salud pública por el Covid-19 está dejando también en evidencia otras crisis estructurales, producto de una larga historia de violencia, desigualdad social, patriarcado, racismo, ecocidio y subordinación geopolítica, además, todo esto en un contexto de un Estado policial instalado por la dictadura de los Ortega Murillo, que nos vuelve más vulnerables como sociedad para poder afrontar esta nueva y gravísima dificultad. Hagamos un repaso de ¿cómo estamos?

1. La permanencia de Ortega en el poder es fatal para la vida de las y los nicaragüenses

Esta crisis vuelve a ponernos de frente a una realidad coyuntural que muchos no querían ver: que no se puede esperar hasta el 2021 porque cada día que permanecen los Ortega Murillo en el poder, tiene consecuencias fatales para la vida. Su manejo irresponsable y contrario a las medidas urgentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir el impacto de la pandemia, al promover y realizar prácticas que más bien favorecen el avance mortal del Covid-19, indican el grado de violencia y peligrosidad de la dictadura.

El alto grado de hermetismo, la tradicional falta de transparencia y la represión constante, dificultad la actuación ciudadana, para las tareas de prevención e información. Junto a esta falta de prevención, se une la falta de medidas sociales, que sirvan de soporte para el enfrentamiento de la crisis.

Aún hay sectores que siguen esperando que los Ortega-Murillo actúen de manera responsable, que se sensibilicen, que de repente un día amanezcan conscientes y actúen correctamente; o que la presión internacional los obligue a hacerlo. Pero la realidad es que estamos ante una dictadura que ha demostrado que es capaz de todo para garantizar su permanencia en el poder.

2. Un Estado históricamente diseñado para sostener la desigualdad social y los privilegios de las élites

Muchas de las medidas necesarias deben tomarse desde el Estado, que tiene responsabilidades que asumir para proteger la vida y la dignidad de su población, especialmente de aquellas personas que son víctimas de la violencia estructural histórica, que los ha empobrecido y les ha negado el derecho a una vida digna, por tanto, son vulnerables ante esta crisis al no tener un empleo digno con respeto a los derechos laborales y el acceso/control de los medios de vida necesarios como el agua potable, la salud, tierra, medios de producción, entre otros.

¿Pero cómo está el Estado y a qué responde? Históricamente ha servido a las élites del país, que lo han utilizado como medio para garantizar sus intereses sociales, económicos, políticos y culturales, construyendo un capitalismo de compadres bajo un entramado de relaciones sociales clientelares entre las élites económicas y políticas, basado en la amistad, lazos familiares y de grupo. Bajo esta lógica se diseñó el “Modelo de Consenso y Diálogo” que permitió a la dictadura de Ortega pactar con el gran capital, con base a privilegios: exoneraciones fiscales y desregulaciones ambientales, laborales y sociales que garantizaran la mano de obra más barata de Centroamérica.

Este modelo corporativo fue legalizado a través de la ley de Asociación Público-Privada. (Guevara López, 2016), subordinando más, lo público y los bienes comunes, a los intereses y privilegios de las élites nacionales y empresas transnacionales.

El gobierno de Ortega, lejos de romper con la política económica neoliberal recetada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como expresaba en su retórica, profundizó este tipo de medidas, lo que le valió excelentes relaciones con las instituciones financieras internacionales (IFI), fortaleciendo un modelo de desarrollo agroexportador, extractivista y una industria maquiladora, todo enfocado en las necesidades del mercado global.

Las propias IFI han reconocido que el régimen de los Ortega-Murillo asumió sus políticas para crear condiciones favorables que atrajeran la inversión extranjera (que incluye jugosos paquetes de apoyo fiscal, salarios pírricos –que exhibe orgullosamente la Web de ProNicaragua), estabilidad macroeconómica y desregulaciones de las leyes ambientales a favor de las transnacionales extractivistas. Satisfecho con este comportamiento, el FMI retiró su oficina en Nicaragua, como expresó en una nota pública: “Esta decisión refleja el éxito que ha tenido Nicaragua en mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento desde la conclusión del programa de Servicio de Crédito Ampliado en 2011”. (2016)

En cambio, por años el Estado al servicio de las élites políticas y económicas ha desmantelado y debilitado lo público a través de la corrupción y la privatización, ambas expresiones del lucro con que ven la seguridad social y la salud, pues para ellos son como un negocio, una oportunidad de enriquecimiento y no como un derecho humano. Lo mismo sucede con los bienes comunes (tierra, agua, aire, semillas, entre otros), que han sido afectados por una economía extractivista y de monocultivo, que privilegia los intereses de transnacionales y no a la soberanía y seguridad alimentaria, como el acceso de la población a servicios de agua de calidad y en cantidad.

Un informe sobre desigualdad publicado por Oxfam ofrece algunos datos que ilustran el grado de desigualdad en Nicaragua:

La riqueza de los 210 nicaragüenses con fortunas de 30 millones de dólares o más es equivalente a 76 veces el gasto público en educación en su país. (OXFAM, 2016, pág. 42)

Las cifras del Reporte de Riqueza 2014 de Wealth-X y UBS en 2014, en 2013, revelan que en Nicaragua el número de multimillonarios creció 11.1 por ciento, el tercero más alto de la región.

Los programas y políticas públicas de carácter social que se han implementado generalmente son de carácter asistencialista, basados más en una lógica de caridad, por tanto, no tocan lo estructural, considerando la distribución de las riquezas, fortalecimiento de la seguridad social y empleos de calidad. Asimismo, persiguen fines clientelistas. Especialmente en el periodo de gobierno de los Ortega Murillo se acentúo esta dimensión, enfatizando en un discurso que promovía la idea de que los beneficios sociales eran “gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario Murillo”, esperando a cambio el apoyo político, y no atender su obligación de garantizar los derechos de la ciudadanía.

El Banco Mundial (BM) informó en el 2016 que los programas sociales beneficiaron a los quintiles más ricos de la población, no a los más pobres, lo cual se explica porque es un sistema más clientelista que enfocado en el progreso social o una transformación estructural de la sociedad (ver página 24). También muestra que el gasto social en Nicaragua fue más bajo que el de Honduras, Panamá, y Costa Rica, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), a pesar de publicitarse como país que prioriza lo social. (P. 25)

La inequidad social, con base a Gini, también ha subido en los últimos años en Nicaragua. El periodo 2009-2014 es el único de los últimos 30 años en que la inequidad en Nicaragua subió.

En cambio, las políticas que benefician a las elites han sido robustas y de calado estructural, tal como informa Oxfam con el tema de exoneraciones e incentivos:

“(…) las empresas que comercian en la Bolsa Agropecuaria en Nicaragua, quienes según la Ley de Equidad Fiscal pagan sólo el 1% sobre las ventas como Impuesto a la Renta, IR, mientras los sectores asalariados pagan en impuestos hasta un 31% de sus ingresos. La comercialización de productos agropecuarios a nombre de la Bolsa obtiene un régimen tributario privilegiado que excluye a cualquier otra empresa que quiera comercializar productos agropecuarios fuera de ella.”(OXFAM, 2016, pág. 64)

Las élites empresariales en Nicaragua “no sólo han trabajado para crear o ampliar los privilegios fiscales sino también para bloquear su eliminación”. La élite empresarial consiguió vencer las posiciones del FMI y adaptarse a los vaivenes políticos negociando con cada gobierno tanto liberal como de corte izquierdista. “Esto ilustra cómo, con el objetivo de maximizar ganancias no sólo gana la élite económica, […] el Gobierno ha mantenido los tratamientos fiscales especiales, para con ello mantener una alianza estratégica con el gran capital.” (OXFAM, 2016, pág. 64)

La reforma fiscal –Ley de Concertación Tributaria— significó un paso definitivo en la consolidación de un sistema de impuestos sobre la renta cedular que establece diferentes tasas impositivas para rentas de fuentes distintas. Por lo tanto, en dicho país podríamos tener a un trabajador con un ingreso neto mensual por salario equivalente a 2,000 dólares que debe soportar una carga tributaria del 19% conforme a la tarifa progresiva; mientras, otra persona que recibe este mismo nivel de ingreso, pero por concepto de intereses por inversiones realizadas estará sujeto a un gravamen definitivo del IR del 10%. (OXFAM, 2016, pág. 125).

Según datos de la Red Centroamericana de Justicia Fiscal (RCJF), Nicaragua es el país de Centroamérica donde las exoneraciones tienen el mayor peso con relación a su PIB. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informa que el gasto tributario fue equivalente al 9,3% del PIB entre 2004 y 2010. (OXFAM, 2016, págs. 125-126)

En tanto, los dispositivos de protección social y sanitaria con los cuales debe contar el Estado, que son la sanidad pública y el Instituto de Seguridad Social (INSS), están fuertemente mermados. El primero ha sido víctima de una desinversión financiera a favor de la tercerización de servicios y privatización desde los años 90, con la entrada de las políticas fondomonetaristas. Lo mismo ha sucedido con el INSS, cuyos fondos han sido canalizados a fortalecer servicios privados de salud que limitan aún más el servicio a la población en general. En un reportaje del cibermedio “Confidencial”, del 2011, se conoció que algunas exoneraciones crecieron más de 300% en tres años (Olivares, 2011). Todo esto, sumado a una deficiente gestión y corrupción, de los sucesivos gobiernos.

El gobierno Ortega Murillo, aunque de manera retórica prometió cambiar los privilegios al gran empresariado, pero en la práctica continuó esta política. Recordemos que el catalizador de la crisis de abril, fue el anuncio de una reforma ligada a la seguridad social, que desveló lo siguiente:

Disminución del número de afiliados, mientras creía el costo de pensiones y la cantidad de personas, aumentando el déficit operativo del INSS, que fue de 2371.8 millones de córdobas en 2017, y casi se duplicó en 2018, hasta alcanzar los 4738.9 millones. (Olivares, 2019)

La tasa de cobertura es muy baja en relación con las necesidades financieras, comparando con otros países de Centroamérica. La tasa de cobertura es menor a 25% en Nicaragua, mientras Costa Rica y Panamá superan el 90%. (Olivares, 2019)

Reducción de las pensiones hasta en 40%. Nadie puede recibir más del 70% de su salario base, cuando antes era posible llegar hasta el 80%. (Olivares, 2019)

El déficit del seguro social se elevará hasta los 5100 millones de córdobas, duplicando por mucho el de 2017, de 2373.8 millones. (Olivares, 2019)

Atraso en el pago de los US$500 millones que el Estado adeuda al INSS, cuyo plazo de cancelación, los Ortega Murillo pospusieron de 20 a 50 años.

Utilización de fondos del INSS para el pago de favores políticos. Las planillas del INSS incluyen a parientes de altos mandos policiales y militares, así como sindicalistas como Eddy Montenegro Espinoza, hermano del excontralor y ahora superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro Espinoza; capitán retirado del Ejército, Roberto López y Sagrario Benavidez Lanuza, propuestos por los sindicatos ligados al gobierno. En esto podemos incluir los beneficios que recibió el hospital Cruz Azul, propiedad en aquel entonces de Tomás Borge y el diputado Mario Valle, así como el traspaso de fondos a Alba-Tecnosa, dirigida por Leonardo Torres y Francisco López –por mucho tiempo tesorero del FSLN–.  (Oivares, 2011) (Enríquez, 2012) (Enríquez, 2013).

Utilización de fondos INSS para favorecer empresas privadas. El INSS concedió subsidios y préstamos blandos, además aumentó el per cápita. Este aumento de los montos fueron C$1,718 millones en el 2009; C$2,114 millones en el 2010 y cerca de C$2,245 millones en 2011, lo que, con el número de asegurados y el per cápita actual, les permitió crecer y mejorar su situación financiera. (Oivares, 2011). Asimismo, algunos escándalos dejaron al descubierto el tráfico de influencia del representante del COSEP en el INSS, que obtuvo préstamos de esta institución. (Olivares, 2016). Esto también quedó en evidencia con las declaraciones del asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, justificando el uso de dinero público para los negocios, en relación a los préstamos a constructoras para proyectos inmobiliarios de lujo (Álvarez, Enríquez, & Canales, 2017) (Álvarez, 2017).

A estas jugadas de acumulación por desposesión, de lo público y lo común, se suma la de los fondos de la cooperación venezolana, a través de empresas del círculo de poder de los Ortega Murillo, quienes crearon una serie de negocios de distribución de petróleo, energía, forestal, finanzas, medios de comunicación, etc. (Enríquez, 2015) (Chamorro & Salinas Maldonado, 2011) (Olivares, 2016).

Han sido múltiples las operaciones que desvelan toda una práctica corrupta que es un común denominador en la casta económica y política de Nicaragua, como lo pone en evidencia distintos actos como “La Piñata”, los procesos de privatización de empresas públicas, “La huaca”, de Arnoldo Alemán, la quiebra de los bancos, las jugadas de empresarios y grupos empresariales que han creado compañías offshore y fundaciones, como se reveló con los “Panamá Paper” (Cerda, 2016).

A la par de todo esto, el Estado históricamente ha garantizado los instrumentos represivos para evitar cualquier disenso y protesta ante las injusticias sociales y los privilegios de las élites. Los Ortega-Murillo no han sido la excepción, pues hemos visto cómo actuaron frente a las protestas sociales de los sindicatos y comunidades ante una transnacional minera canadiense en Mina El Limón y en Rancho Grande; contra trabajadoras de la maquila en zonas francas; contra campesinas y campesinos que luchaban para que no les expropiaran sus tierras para el proyectado canal interoceánico, contra los trabajadores del Ingenio San Antonio, afectados por la Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Durante el estallido social que inició en abril del 2018 realizaron una matanza de más de 300 personas y desde entonces hasta la fecha, han estado utilizando su fuerza represiva para sostenerse en el poder cueste lo que cueste.

Con este panorama, la emergencia de salud del Covid-19 agudizará aún más la crisis económica y financiera, y sus impactos socioeconómicos -en este escenario brutal de desigualdad social de las mayorías, y de privilegios de las élites-. El impacto será de acuerdo a las distintas situaciones de opresión y exclusión, sea por género, etnicidad, clase y ámbito rural/urbano, siendo la población empobrecida, marginada y con trabajos precarios (tanto en el mundo laboral formal como informal), que es la mayoría, la que llevará la peor parte.

3.      Una epidemia en un país que no goza de condiciones dignas de empleo

En este escenario de desigualdad social y privilegios el impacto en el mundo del trabajo será grave por las consecuencias económicas y sociales que ya están ocurriendo. Partimos de que el 70% de la población económicamente activa se encuentra en la “informalidad laboral”, y el otro 30% está en situación de empleo “formal”.

Este 70% no cuenta con ninguna prestación social, ni con políticas públicas que lo beneficien, a pesar de tener el peso económico de generar ingresos para sostener la sobrevivencia de la mayoría de las familias nicaragüenses. También aporta al pagar los impuestos indirectos. En cambio, los grandes capitales son beneficiados ampliamente, como observamos antes.

Dentro de este 70% de personas en la informalidad laboral, están campesinos y campesinas, trabajadores-as agrícolas en condiciones precarias, sin acceso a salud, beneficios sociales ni medidas pertinentes para su seguridad. Muchos de ellos tienen entre su estrategia de sobrevivencia la migración temporal tanto interna, como internacional, especialmente a Costa Rica, así que su desplazamiento tendrá consecuencias en la propagación de la enfermedad, como también tendrá impacto económico por los cierres de fronteras.

También cabe entre en el empleo informal poco dentro de este segmento cabe buena parte la mayoría de las trabajadoras del sector doméstico, que no cuentan con empleos formales y que, con la emergencia del Covid-19 tendrán una mayor carga laboral. Así mismo, quienes trabajan para sectores de clase media y alta, donde se puede practicar el teletrabajo.

Para el sector con empleo formal, tampoco es halagadora la situación. La corrupción, la utilización de fondos de pensión para financiar negocios privados y la mala administración del INSS, lo han llevado a una crisis que fue el detonante del estallido social de abril del 2018. Esto debilita aún más el sistema de seguridad social, que es vital para darle respuesta a esta crisis de salud.

Un factor agravante es que en Nicaragua el movimiento sindical ha sido debilitado ya que los otrora combativos sindicatos, con la llegada de Ortega al poder, se convirtieron en sindicatos blancos, que, junto con los gremios pro-patronales tradicionales, subordinaron la lucha frente a los intereses empresariales y del partido de gobierno, concertados en el modelo de consenso y diálogo.

El ejemplo más gráfico de la alianza propatronal, lo dio la Central Sandinista de Trabajadores (CST), quien realizó una serie de acciones en contra de las-os trabajadores y colectivos que protestaron contra el grupo Pellas, por los daños en su salud a causa del IRC. Llegando a realizar marchas y una campaña conjunta para defender a este grupo empresarial, conocido por ser de las familias de la élite históricas.

Muchos burócratas de estos sindicatos, a cambio de su lealtad han obtenido diputaciones y puestos en diferentes instituciones del Estado. En un artículo periodístico (Munguía & Olivares, 2019), se denunciaba que existía un vínculo entre esta burocracia de los sindicatos blancos con los mandos policiales, militares y empresariales, que son responsables de los malos manejos de los fondos del INSS, como Roberto López y Sagrario Benavidez Lanuza, que fueron propuestos por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), organización dirigida por el diputado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.

Antes de abril de 2018 las bases de estos sindicatos blancos comenzaron a tener rupturas con estas burocracias, como lo pudimos observar en la protesta de Mina La India-Limón; en la protestas en las maquila, Sae A Technotex, SA. O el levantamiento de los trabajadores del Ingenio San Antonio, afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Todas fueron fuertemente reprimidas. (Membreño, 2015), (La Jornada, 2015), (Olivares & Miranda Aburto, 2015), (Pérez González, 2015).

Con la represión a estas primeras acciones por un sindicalismo de clase y autónomo, así como la instalación de un Estado policial a partir de abril del 2018, el incipiente movimiento fue frenado, dejando hoy sin posibilidad a los y las trabajadoras de tener una representación real que defienda sus derechos ante los posibles impactos del Covid-19.

Hemos observado cómo empresas de zona franca y otras transnacionales, comienzan a tomar medidas en contra de los y las trabajadoras, por ejemplo, ante la falta de materia prima, así como por la baja en la demanda, dos empresas optaron por enviar a sus trabajadores a sus casas, a cuenta de vacaciones.

Para “legalizar” esta actuación, se firmó un acuerdo entre los burócratas de los sindicatos blancos (Central Sandinista de Trabajadores-CST, la Confederación Sindical de Trabajadores, José Benito Escobar-CST-JBE), los empresarios de la maquila y el Ministerio del Trabajo (MITRAB), bajo el cual flexibilizan aún más las condiciones a favor de la patronal, siendo los y las trabajadoras que asuman los mayores costos de la crisis. Cabe recordar que en la crisis de abril los empresarios de la maquila aparecieron públicamente en un encuentro con los Ortega-Murillo, a quienes les expresaron su apoyo.

Esta forma de suspensión de labores a costa de los asalariados no fue bien recibida, pero los empresarios y los burócratas de los sindicatos presionaron a los y las trabajadoras, con la amenaza de que, si no aceptaban, podían perder su empleo.

Estos acuerdos implican importantes lesiones a los derechos de los y las trabajadoras, al igual que permitir suspensiones parciales o totales de pagos y de contratos y la obligatoriedad de una rotación laboral. Estos acuerdos con la zona franca, también, lo seguirán las mineras y otras empresas, que ven en este acuerdo un ejemplo. En una entrevista, Sandra Ramos, representante del colectivo María Elena Cuadra, explicaba: “Nos preocupa porque este acuerdo mete ruido cuando habla de la suspensión laboral (punto 5). Los sindicatos que firmaron eso dejaron en la indefensión a los trabajadores porque las empresas no quieren poner costos para proteger a los trabajadores.” (Baca Castellón, 2020).

A una semana de la firma de estos acuerdos, en el monitoreo realizado por el Colectivo María Elena Cuadra (04/04/2020), se reportaba lo siguiente:

49,895 trabajadores enviados bajo el concepto de vacaciones.

9.700 trabajadores bajo la modalidad de permiso especial. Con el pago del 50% del salario mínimo

Bajo la modalidad de Suspensión Colectiva con el artículo 38 del Código Laboral: 3,000 trabajadores suspendidos.

Es así como el sector de la maquila, uno de los grandes beneficiarios de años de exoneración fiscal y de los acuerdos comerciales (ADA, TLC), trataba a sus trabajadores. Observamos que, como siempre que las personas asalariadas están asumiendo los impactos de la crisis, y, por el contrario, en tiempos de bonanza no son beneficiados con una parte de los excedentes para mejorar sus condiciones de vida.

Los y las trabajadoras del sector formal y del informal, en este escenario de desigualdad y falta de derechos, se enfrentan a la disyuntiva, entre la precariedad y el desempleo, entre el contagio y el hambre.

4.      Debilitamiento de los tejidos organizacionales, comunitarios y de lo común

Ante la ausencia o el embate del Estado en contra de los más empobrecidos, y su accionar a favor de las élites, la ciudadanía ha desplegado una serie de estrategias socioculturales y económicas basadas en lo común, que permitan su sobrevivencia a través del tejido social de cuidados y autoayuda desde sus familiares y la comunidad.

Ante distintas crisis, en la cotidianidad se han observado estrategias de sobrevivencia en países empobrecidos. En octubre de 1998, ante la irresponsabilidad criminal del gobierno de Arnoldo Alemán en relación al Huracán Mitch, los tejidos sociales de las comunidades, las municipalidades y las organizaciones de la sociedad civil, fueron quienes asumieron la tarea de responder a las distintas necesidades sociales, económicas y psicológicas que surgieron, mientras la élite gubernamental se apropiaba de los fondos de emergencia y la asistencia internacional.

El levantamiento de abril 2018 fue también la expresión de una dinámica desde lo común, donde desde los barrios, las comunidades y las universidades, se apoyó y se resistió a la represión de la dictadura.

Pero ahora nos enfrentamos al problema de que la dictadura, consciente de esta dinámica, desplegó toda una estrategia represiva, enfocada en debilitar los tejidos sociales, a través de la vigilancia, la persecución, la desconfianza y la polarización. Asimismo, el impacto económico ha empobrecido aún más a las comunidades, reduciéndoles más la posibilidad de tener recursos para el apoyo mutuo y dinamizar económicamente estos circuitos sociales.

Aun así, ante esta emergencia de salud y la actitud irresponsable del Estado y la insensibilidad social de las élites, los tejidos sociales y lo común son la obligada alternativa para poder afrontar esta epidemia. Se requiere desplegar toda una política de lo común, desde abajo, que desencadene la solidaridad, el cuido y redes de apoyo mutuo. Esto es imprescindible para la resistencia y el enfrentamiento del Covid-19. Necesitaremos de autogestión, apoyo y cuidados mutuos, desde donde dinamizar una estrategia para superar la pandemia y la dictadura.

Ya la población nicaragüense ha comenzado a tomar medidas desde sus propios recursos, a buscar cómo informarse extraoficialmente y auto-organizarse frente a esta pandemia, a pesar de la permanente vigilancia de fuerzas de choque y policías que controlan la cotidianidad en este Estado policial.

5.      Un discurso hegemónico de seguridad ante la pandemia, en el contexto de un Estado policial en Nicaragua

Estamos observando internacionalmente que los discursos están configurados con un lenguaje de carácter bélico, que describe las acciones como una guerra y a los actores como soldados enfrentándose a un enemigo. Asimismo, se invocan conceptos como la disciplina, el mando, la organización, control y excepción, desde una perspectiva militar (Vallín, 2020), (Alba Rico & Herrero , 2020). Esto en un contexto y con unos antecedentes globales, donde se ha ido creando y aplicando un enfoque de seguridad en muchas esferas de la vida, que gradualmente nos van dirigiendo a la dicotomía seguridad-derechos civiles, en detrimento de los segundos, lo cual es realmente preocupante.

A la par de este discurso, se ha recurrido a distintos instrumentos como toques de queda, estado de sitio y otros tipos de recursos que dan posibilidad de utilizar a las fuerzas armadas y restringir derechos. Es obvio que los ejércitos, como todos los instrumentos del Estado, deben actuar y poner los recursos disponibles en acción, pero esto se debe enmarcar en un discurso y acciones pertinentes a estas emergencias, que no son una guerra, sino una catástrofe social por una pandemia.

En Latinoamérica tenemos una historia terrible, cuando las fuerzas armadas han entrado de lleno a la escena política, social y económica. Llevamos mucho tiempo denunciando también cómo desde hace algunos años se está tomando el camino de la militarización de nuestras sociedades utilizando los discursos de seguridad para el combate del narcotráfico, los problemas del crimen organizado y otros asuntos sociales. Cada día los ejércitos y políticos militaristas, que se quedaron sin excusas después de la Guerra Fría, han utilizado estas causas para aumentar su poder y su presencia.

En Centroamérica en particular, en nuestra historia reciente hemos visto el papel del ejército en un golpe de Estado en Honduras; eliminando a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en Guatemala, y más recientemente, en el intento frustrado de disolver el Congreso ordenado por el presidente Nayib Bukele, en El Salvador.

En Nicaragua, la situación es grave. Al ejército se le acusa de serias violaciones de derechos humanos en zonas rurales, que no han sido debidamente investigadas por los obstáculos puestos por el gobierno. Con la situación de abril, Nicaragua vive en un Estado policial que restringe todos los derechos políticos y civiles. El régimen ha expulsado a las organizaciones de derechos humanos y a la vez mantiene un estado de represión constante que ha generado asesinatos, secuestros, judicializaciones, detenciones ilegales, vigilancia y asedio. Tampoco existe división de poderes que controlen al gobierno. A secas, en Nicaragua vivimos una dictadura.

En este contexto internacional de pandemia, con un discurso bélico y prácticas que permiten la militarización, el Covid-19 puede resultar un agravante más para Nicaragua. Ortega podría verse legitimado para decretar un estado de emergencia que le permita sacar abiertamente a las calles al ejército, así como “legalizar” las restricciones de libertad. Puede ser una oportunidad para la dictadura y terrible para el pueblo y sus movimientos sociales.

6.      Impacto en mujeres

Nicaragua es un país con una profunda cultura patriarcal, lo que vuelve más vulnerable a las mujeres frente a esta pandemia que podría aumentar la violencia contra ellas, el recargo de tareas de cuidado y la violación a sus derechos laborales. Oxfam en su informe sobre desigualdad (OXFAM, 2016, pág. 98), decía que:

La región latinoamericana: el 31% del empleo total femenino es empleo vulnerable; en tanto, en Bolivia, Perú, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Colombia es más del 60%.

En la mayoría de los casos soportan una triple carga de trabajo —trabajo remunerado, trabajo doméstico y de cuidado y trabajo comunitario—, y muchas se ven empujadas a ejercer actividades terciarias e informales, pues la flexibilidad de horarios les permite cumplir con todas esas cargas.

Esta crisis de salud trae consigo otra de carácter económica y financiera, que, como siempre, provocará importantes desigualdades de género. Ya estamos observando las medidas que se están tomando en algunas zonas francas de Nicaragua, donde laboran varias decenas de miles de mujeres que ya venían experimentando un empeoramiento de su situación laboral debido a los acuerdos del gobierno con las multinacionales de este régimen libre de impuestos, que las condenaba a bajos salarios, condiciones precarias y fácil despido. Ahora son más perjudicadas por los acuerdos firmados por los sindicatos blancos, la patronal y el gobierno, ante la crisis de salud.

En relación a los cuidados, que mayormente recaen en las mujeres tengan o no empleo formal, van a aumentar, ya que el espacio donde se recuperarán y se atenderán a las personas enfermas del Covid-19, será en los hogares. Además, considerando que esto aumentará en las familias empobrecidas, por el deficiente servicio de salud y la poca capacidad de acceso de parte de la mayoría. Las cargas aumentarán también para aquellas con posibilidad de realizar teletrabajo.

El alto grado de violencia de género se da en los espacios domésticos, donde las mujeres malviven con sus maltratadores, por lo que, con el posible confinamiento, aumentará su exposición y riesgo.

El Estado y la sociedad nicaragüense han mantenido desde antes una actitud ultraconservadora que rechaza los derechos de las mujeres, por lo que no cuentan con políticas públicas contundentes, ni frente a este contexto de pandemia se pueden esperar cambios. Como siempre, serán los movimientos feministas y colectivos sociales, los que darán respuesta en la medida de sus posibilidades, cada vez más restringidas por la represión de la dictadura. Como siempre, serán los movimientos feministas y colectivos sociales, los que darán respuesta en la medida de sus posibilidades, cada vez más restringidas por la represión de la dictadura.

7.      De cierre… ¡Solo el pueblo salva al pueblo!

Ante esta emergencia de salud, la actitud irresponsable del Estado, la cruda represión de la dictadura, la insensibilidad social de las élites y una realidad histórica marcada por la desigualdad y violencia estructural, a los que pertenecemos a los movimientos sociales nos queda de nuevo el camino de la acción desde abajo, desde los tejidos sociales, desde lo común y la defensa/recuperación de lo público, como alternativa para poder afrontar esta epidemia, de modo que desencadene la solidaridad, el cuido y redes de apoyo mutuo. Esto es imprescindible. Para la resistencia y el enfrentamiento del problema de salud, necesitamos de autogestión, apoyo y cuidados mutuos, desde donde dinamizar una estrategia que permita superar la pandemia y la dictadura. Considerando:

Un discurso y una acción que cuestione e interpele los privilegios de las élites económicas y políticas, que descansan sobre la desigualdad y empobrecimiento de las grandes mayorías.

Que los costos sociales, económicos y financieros no recaigan sobre los de siempre: los trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, los barrios y otros colectivos marginados y excluidos.

La construcción de alianzas entre los tejidos sociales desde abajo, que permitan colaboración, apoyo mutuo, intercambios comerciales justos y cuidados.

Construir un discurso colectivo, que apunte como eje a la cooperación, a lo social, la solidaridad y el cuido; en contraste con el discurso militarista, de seguridad y violento.

Luchar por leyes y condiciones que protejan a los y las ciudadanas ante estas situaciones de emergencia.

Cambios reales y profundos en los modelos de hacer política, como también en lo económico, rompiendo con el modelo corporativista, desigual, patriarcal, extractivista, depredador del medio ambiente y la naturaleza.

Defender que ninguna crisis justifica el despojo y debilitamiento de nuestros derechos.

Fortalecimiento de los mecanismos y dispositivos de justicia y protección social, para garantizar una vida digna, que rompa con la desigualdad y el empobrecimiento.

Mantener la vigencia de ¡Que se vayan!” y de justicia ante los crímenes de la dictadura. Los hechos están demostrando que cada día que los Ortega-Murillo siguen en el poder, significa un alto riesgo para la vida y la dignidad de las personas.

Como miembro de la Articulación de Movimientos Sociales también hago parte de este texto, las 7 medidas urgentes ante la crisis expuestas por esta: Libertad inmediata de las presas y presos políticos, cese inmediato de la represión, conformación del Comité Nacional de Emergencia Nacional y el simultáneo levantamiento del Estado policial, coordinar eficazmente el sistema público y privado de salud, medidas de alivio económico garantizadas por el Estado, suspensión del pago de la deuda externa, que las grandes empresas contribuyan a la respuesta a la pandemia y respeten los derechos laborales.

De nuevo la historia, convoca a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general, a ser actores de su propio proceso, para resistir a la pandemia y alcanzar una sociedad democrática, justa, libre, igualitaria y equitativa.

Por Jimmy Gómez / Tomado de Contrahegemonía

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