Pedro González | 08 septiembre 2025
Tomar lo que no es de uno es un mal endémico en Nicaragua. Recuerdo bien que en 1979, trabajando en Nicaragua, uno no podía dejar ni siquiera una pluma sobre el escritorio porque si lo hacía se la robaban. Todo lo que uno no quería perder se tenía que dejar bajo llave.
Recuerdo que pensé que era una herencia del somocismo. Si uno llegaba a tener poder en las instituciones del Estado somocista y no se hacía rico, uno era tildado de baboso. Un buen puesto en el gobierno era una oportunidad para enriquecerse, había que aprovecharse del puesto que uno tenía.
Lo que me lleva al problema de la propiedad en Nicaragua. El problema es más profundo que la apropiación de bienes por parte de la cúpula sandinista en los ochenta y con la piñata de los noventa, lo cual no quiere decir que los sandinistas estén exentos de culpa. Pero este es un ciclo, sucede cada vez que hay una revuelta que triunfa. Lo que pasa es que el sandinismo supuestamente era una ruptura con el pasado y no logró hacerlo.
Para no ir más lejos y sin entrar en detalles, tomemos la época somocista y sandinista como ejemplo. Somoza García, el fundador de la dinastía, no era un hombre rico cuando ascendió al poder. Ya en el poder, su capital se incrementó sustancialmente, y no de manera lícita, y la familia llegó a ser la más rica de Nicaragua. Muchos líderes somocistas hicieron lo mismo.
Por eso el programa del FSLN contemplaba confiscar los bienes de Somoza y los somocistas, porque los habían adquirido ilícitamente, pero no decía qué se iba a hacer con esos bienes. Lo lógico era que hubieran servido para beneficiar al pueblo de Nicaragua. Los comandantes sandinistas, acostumbrados a tomarse por la fuerza cualquier cosa, no vacilaron en asignarse esas propiedades.
Eso se vio muy mal en Nicaragua. De repente, los muchachos vivían en las casas de los somocistas y andaban en camionetas de lujo. Eran la nueva élite. Que yo recuerde, de los dirigentes sandinistas de ese momento, sólo a Moisés Hassan le oí criticar el nuevo estilo de vida de la cúpula.
En esa época se confiscaron muchas casas hasta de gente que no era somocista, gente que colaboró con el FSLN antes del triunfo, o que eran antisomocistas pero no sandinistas, o que simplemente abandonaron el país. La nueva élite sandinista se benefició de esos bienes.
En los noventa, hubo lo que se llamó la piñata, la repartición de los bienes confiscados entre los dirigentes sandinistas. Es cierto, y vale la pena decirlo, que los sandinistas demócratas se pronunciaron en contra de la piñata y que, en parte por eso, se retiraron del FSLN.
También hubo otra piñata: cuando se hizo la privatización en los noventa, algunos funcionarios del gobierno no sandinista aprovecharon para comprar empresas y propiedades a precios muy por debajo del valor del mercado. No se oye hablar de este caso.
Habrá otra oportunidad para explicar en detalle el problema de la propiedad en Nicaragua, aquí sólo me voy a referir a lo siguiente:
En el caso de los bienes confiscados que los sandinistas se apropiaron hay dos factores a tomar en cuenta. Uno es el legal y el otro es el político. Lo legal tiene que ser resuelto como los problemas de propiedad en una sociedad democrática. En los países democráticos se respeta la propiedad privada, pero hay excepciones. Si el Estado declara una propiedad de utilidad pública, o sea, que la confisca, debe indemnizar al dueño. Si la confisca porque el dueño cometió un delito, la propiedad se puede subastar y la puede comprar cualquier ciudadano. El dinero pasa a las arcas del Estado. Hay leyes y un Estado de derecho para resolver estos casos.
En todo caso se debe pagar por la propiedad de acuerdo a la ley. El que ya lo hizo es dueño de su propiedad. Si los sandinistas demócratas ya pagaron las propiedades, entonces legalmente son de ellos. Si no, tienen que pagarlas o devolvérselas a sus dueños legítimos.
El problema político es de otra naturaleza. A los sandinistas demócratas, aunque hayan resuelto el problema legalmente, les va a quedar el estigma. Este es un problema de imagen. ¿Cómo lo resuelven? En primer lugar, cada vez que les pregunten por sus propiedades pueden explicar claramente su situación. Claramente, no con retórica ni excusas.
Segundo, aunque las propiedades ya estén legalizadas a su nombre tienen que aceptar que lo que hicieron en los ochenta no fue correcto y pedir perdón. Todos nos podemos equivocar y los cristianos creemos que todo mundo tiene derecho al perdón.
Ahora, si quieren seguir siendo relevantes en la política nicaragüense, en la democracia que se va a construir todo estaría en manos de los votantes. Si ellos quieren votar por sandinistas demócratas u orteguistas, el pueblo es soberano, tiene ese derecho. Si los sandinistas demócratas van a tener un cargo burocrático basado en sus áreas de especialidad, ya eso sería una decisión del brazo ejecutivo del Estado.
No hay que olvidar, sin embargo, que en una sociedad democrática todo individuo tiene derecho a opinar y a expresarse por cualquier medio, y tiene derecho a prosperar de manera legítima. El que no tenga interés en mantenerse relevante en la política sigue teniendo estos derechos como ciudadano nicaragüense, ya sea como escritor, comentarista, empresario, etc.
La lección que hay que aprender es que es importante, para el desarrollo del país, el respeto a la propiedad privada. Desde John Locke hasta Daron Acemoglu y James A. Robinson, ganadores del premio Nobel en economía en 2024, sabemos que la propiedad privada es una de las instituciones más importantes para el desarrollo económico. Una ley que consagre ese derecho y un Estado de derecho que lo haga respetar son necesarios para que Nicaragua se desarrolle.
*El autor es nicaragüense.