La acusación de lavado de activos contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Fvbch) y las posteriores citaciones a numerosos periodistas, no fue solo un “golpe legal”, sino una “estrategia política evidente”, se afirmó este fin de semana en un coloquio sobre este caso y su impacto en la prensa nicaragüense.
En la conversación, que fue organizada por Galería News; La Sala, mujeres en la redacción, y el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), se destacó que este proceso, que tuvo lugar a finales de mayo e inicios de junio de 2021, llevó a que la mayoría de los periodistas nicaragüenses tuvieran que exiliarse.
La maniobra fue descrita por los participantes en la plática como una “política abusiva” que pretendía “silenciar y someter a un país entero”.
Álvaro Navarro, director de la plataforma Artículo 66, afirmó que lo ocurrido fue “la gran confesión que hizo el régimen de que un caso político, que tenía esas pretensiones, pero sobre todo también la gran derrota”.
El caso de la Fvbch se remonta a 2021, que fue el año en que el periodismo de Nicaragua vivió un “feroz ataque”, según denunció en su momento el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización de carácter no gubernamental.
“El 2021 fue un año en el que el periodismo vivió un feroz ataque, identificamos siete tipos de represiones que atentan contra la integridad física y psicológica del periodismo y nueve tipos de represiones que criminalizan y judicializan al periodismo”, indicó el colectivo en un informe.
La ONG sostuvo en ese sentido que la aplicación “arbitraria de la Ley de Agentes Extranjeros” causó el cierre de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuya directora, la periodista Cristiana Chamorro, fue detenida tras anunciar su interés en competir por la Presidencia con Daniel Ortega, en noviembre de ese año en unos comicios muy criticados por una parte de la comunidad internacional.
La Fiscalía acusó a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro con base a una denuncia del Ministerio de Gobernación.
Según Gobernación, la Fundación, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador, y del análisis de los Estados Financieros, periodo 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”.
“Desde 2018, casi 300 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio por ejercer su labor con integridad y compromiso al visibilizar los abusos de derechos humanos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señaló ese organismo.
En la plática de este sábado en San José, los participantes reflexionaron que este exilio “ha sido, paradójicamente, una “gran derrota para la dictadura», ya que los periodistas han seguido haciendo su trabajo y dejando al descubierto la “naturaleza abusiva” de las maniobras políticas.
“Esta reflexión ofrecida a partir del corto documental ‘La verdad no se exilia, periodistas nicaragüenses frente a la persecución’, producido por Galería News, subraya la importancia de la memoria histórica del periodismo nicaragüense, no solo para recordar la persecución, sino para reconocer la indomable voluntad de informar que persiste, tanto dentro como fuera de las fronteras de Nicaragua”, remarcó el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), uno de los organizadores del coloquio.
*Con EFE