Roberto Garnieri | 20 octubre 2025
El martes 7 de octubre de 2025 se instaló en la Cámara de Diputados de México el grupo de amistad México– Nicaragua, a pesar de la oposición de varios exiliados y refugiados nicaragüenses en México y el mundo, en presencia de una escueta representación diplomática (Costa de Marfil, Jordania, Irán, la República Saharaui y Venezuela), así como de empresas mexicanas como Femsa y Sukarne que tienen intereses comerciales en Nicaragua. A este rechazo se unieron nicaragüenses exiliados en diferentes países, así que varios mexicanos solidarios de la lucha del pueblo de Nicaragua en contra de la dictadura Ortega-Murillo. La ceremonia fue organizada por el diputado del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, y en presencia del embajador de Nicaragua en México, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal. Los representantes del Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional en este grupo de amistad, no participaron en esa instalación y publicaron un comunicado para denunciarlo. Todo esto en medio del silencio ensordecedor del gobierno mexicano y de la dirigencia del partido en el poder.
Uno podría pensar que la instalación de ese grupo fue una derrota para los exiliados y sus amigos, pero en realidad no fue así. Varios medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos apoyaron y publicaron las cartas que escribieron, además de artículos de opinión marcando de esta manera su solidaridad con los exiliados. Para estos últimos la lucha sigue, no tanto para combatir a ese grupo, ya que existe, sino para difundir la situación política en Nicaragua que tiene actualmente 73 presos políticos de varias edades y condiciones de salud (59 hombres y 14 mujeres), esto según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas políticas, abogadas y abogados, así como de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.
Cabe señalar que esta asociación incluye en la lista solamente a las personas presas políticas de quienes se obtuvo acceso a información y autorización de sus familiares para su publicación. Por esas razones, existe un probable subregistro del número total de personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, debido a la falta de acceso a la información pública y como consecuencia del ambiente de represión y amenazas derivadas del estado policial que prevalece en el país. Por tanto, el número de detenidos por motivos políticos puede ser mayor. Los testimonios recaudados evidencian torturas y malos tratos en contra de las presas y presos políticos. Las condiciones de detención son lamentables, sin derecho a recibir información y con actitudes despectivas de varios custodios.
En particular, de estos 73 presos, existen 33 desaparecidos. En cuanto a estos últimos, no se sabe en qué cárcel están. La familia no posee información de su paradero. Hay también 22 personas de más de 60 años, varios con problemas de salud sin derecho a recibir su medicación de manera regular. En el caso de los presos que ya fueron sentenciados, pudieron ver a su abogado de oficio solamente al momento del juicio, sin poder hablar con él. De hecho, el ejercicio del oficio de abogado es cada vez más difícil ya que las autoridades de Nicaragua frecuentemente no les permiten representar a su cliente.
En Nicaragua actualmente, no hay libertad de prensa (son más de 300 periodistas que tuvieron que salir del país desde 2018), no hay libertad de reunión y menos de manifestación, no hay libertad sindical, la libertad religiosa tiene severas limitaciones, no hay libertad de expresión ni de asociación. A todos los partidos políticos se les quitó la personalidad jurídica antes de las elecciones generales de 2021 (aquí no se consideran a los partidos llamados «zancudos» que están en la asamblea y votan con el partido presidencial). No hay separación de poderes. Estos fueron cancelados oficialmente con la nueva constitución aprobada a principios de este año sin ningún debate, sin asamblea constituyente y menos con un plebiscito, para transformarlos en simples órganos estatales coordinados por el copresidente Ortega y la copresidenta Murillo. Además, esta constitución elimina la autonomía municipal y establece que los alcaldes podrán ser destituidos por resolución de la Procuraduría General de la República, que obedece a la Presidencia, como fue el caso hace unos días, en la alcaldía de Bluefields en la costa atlántica de Nicaragua, dónde alcalde, vicealcalde y secretario fueron encarcelados. También, se amplío el periodo presidencial de cinco a seis años. En esa misma constitución se confirma también la desnacionalización de los supuestos «traidores a la patria». Ser opositor en Nicaragua es ser traidor a la patria mientras los traidores a la revolución sandinista de los setenta están en el poder.
El presidente del grupo de amistad tuvo que invocar a la persona de Augusto C. Sandino, a la tradición de lucha antimperialista y a Gaza para poder armar su discurso. No habló para nada de lo que ocurre diariamente en el país y no creo que sea por desconocimiento. Se quedó en la actitud política «campista» de la guerra fría, negando las aspiraciones a la democracia del pueblo de Nicaragua en nombre de un frente contra el imperialismo. Seguir este tipo de razonamiento en un mundo que se vuelve multipolar parece anacrónico.
Esto no impidió que el presidente del grupo declare que México y Nicaragua “comparten raíces históricas y culturales que los hermanan en la defensa de la libertad, la soberanía y la justicia social” y en ningún momento mencionó las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Actualmente, se estima que son más de un millón los exiliados en el extranjero (sobre una población de casi 7 millones) y en particular más de 900 000 después la revuelta popular de abril 2018 calificada por el gobierno como un «golpe de estado fallido».
Actualmente en Nicaragua hay gente que come solo una vez al día. Según la última encuesta realizada por CID Gallup a finales del año 2024, el 53% de los nicaragüenses solo come una vez al día, un dato alarmante que refleja la precariedad en la que viven miles de hogares. Aunque pueda haber un sesgo, este dato está confirmado por la FAO que afirma que 1,3 millones de personas padecen hambre en Nicaragua. Hay que mencionar que este anuncio tuvo como consecuencia la expulsión de la FAO de Nicaragua a principios del año 2025, por parte del gobierno nicaragüense. En cuanto a la canasta básica, esta supera los 20 000 córdobas (más de 540 dólares) y no deja de subir mientras los salarios, inclusive los de los empleados públicos no alcanzan para comprarla. Los aumentos más importantes son para el arroz, los frijoles y el queso seco, es decir para los alimentos esenciales de la dieta alimenticia de la población.
Los empleados públicos acaban de recibir un aumento salarial del 4% a partir del 1 de noviembre. Este ajuste salarial beneficiará a 187 666 servidores públicos de los cuatro poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral—, entre ellos oficiales de la Policía y soldados del Ejército de Nicaragua, informó Rosario Murillo en medios oficialistas. De acuerdo con el anuncio, 132 129 empleados recibirán un aumento del 4 %, mientras que los 55 537 con los salarios más bajos tendrán un incremento adicional del 3,98 %, para un total del 7,98 %. El salario promedio estatal es ahora de 15 632 córdobas (426,8 dólares). Esto significa que un trabajador que gana el salario promedio apenas cubre tres cuartas partes del gasto mensual necesario para una familia de cuatro personas. Este aumento busca sostener el consumo interno y asegurar la lealtad de los trabajadores del estado, en un contexto de altos niveles de pobreza y control político sobre el sector público. Principalmente por la obligatoriedad de asistir a actos partidarios, el control de las redes sociales (que se aplica también para cualquier persona, nicaragüense o extranjera que quiere entrar a Nicaragua), intimidación o amenazas y revisión de celulares.
Sí, Nicaragua necesita de solidaridad, en particular su pueblo bajo la dictadura del régimen actual y no el gobierno que se satisface de la creación de ese grupo de amistad y cada día perpetua la represión.
Roberto Garnieri | Investigador social y político