Manuel Orozco | 21 octubre 2025
La investigación de la Oficina de Comercio de Estados Unidos confirmó lo que se ha planteado desde hace años: que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha aprovechado del acuerdo de libre comercio conocido como CAFTA-DR a costa del pueblo de Nicaragua a través de violaciones laborales de múltiple índole.
El significado inmediato
Las empresas no han recibido placenteramente la noticia de la investigación, pero tampoco era una sorpresa.
En ese sentido, uno de los resultados más probables de esta investigación es que muchos negocios opten por irse del país ante el temor a una tarifa punitiva de más del 20% (o hasta del 100%), como ocurrió inicialmente contra la República Popular China.
El período de observaciones abre espacio a empresas para plantear que estas medidas las afectan directamente. Sin embargo, el Tratado es con el Estado de Nicaragua y si ellos plantean que los efectos económicos y laborales puedan generar más migración, no es algo que la administración considere como válido, dada la magnitud y dimensión de los hallazgos. El riesgo moral no es una consideración para esta administración.
De inmediato, el mensaje crea un desincentivo para empresas que ya estaban lidiando con el porcentaje de arancel extra en comparación con los otros Estados miembros de CAFTADR.
Hay tres partes afectadas: las empresas comerciales y de turismo que harán un lobby para mitigar la situación alegando acciones no punitivas; empresas que operan regionalmente y considerarán reubicarse en otros lugares del resto de los países miembros del tratado; y un gobierno de Nicaragua que podría intentar acercarse a Estados Unidos rechazando las demandas, pero con poco éxito.
El mundo sabe que Nicaragua no es una democracia y que explota a sus trabajadores. Internamente, para los otros estados miembros, era de reconocimiento que la decisión de sacar a Nicaragua de CAFTA estaba hecha y los países de la región venían realizando negociaciones bilaterales al margen de Nicaragua.
¿Qué afecta potencialmente las medidas?
Aunque hay un periodo de tiempo para obtener insumos de las partes interesadas, la respuesta de quienes otorguen insumos será predominantemente similar a la consulta que ofrecieron en Enero 2025, penalizar al Estado.
Potencialmente, el efecto directo va sobre empresas extranjeras de la Zona Franca (menos de 170, un tercio americanas) que exportan 70% del total hacia Estados Unidos; más de 12% de la exportación hacia Estados Unidos es oro (con empresas como Calibre que maneja el 50%). Cerca del 25% de las exportaciones son café, banano, ganado, tabaco, etc. Estos son negocios de empresas nicaragüenses.
Dentro del marco de las acciones recomendadas, también pueden ser afectados los servicios como el turismo y la compra del dólar para el cambio de moneda local. Un efecto de esta investigación y posiblemente las acciones a tomar pueden ser el ‘desriesgo financiero’. La decisión del sector financiero de cortar vínculos con empresas que operan en Nicaragua por razones de alto riesgo financiero que representa el país dada la magnitud del informe que es condenatoria del régimen como un Estado que efectivamente actúa contra los intereses de Estados Unidos.
Es muy probable que el régimen opte por presionar a empresarios amigos o que operan en la Zona Franca a no irse del país.
Los datos son los siguientes: Hay más de 1000 empresas nicaragüenses potencialmente y directamente afectadas, las que manejan la producción y exportación de bienes agroexportables y que rentan locales en la zona franca. A nivel de empresas, desde el 2017 los datos muestran que no más del 2% de los 150,000 negocios en Nicaragua trabajan en el sector exportador.
Nicaragua tiene una fuerza laboral de 3 millones de trabajadores; más del 70% trabaja en la economía urbana, tres cuartas partes en la informalidad. La mano de obra que trabaja en la economía agrícola está bifurcada en el sector exportador (oro, agricultura) y producción alimentaria nacional.
Los trabajadores afectados potencialmente oscilan entre 115,000 de zona franca, 35,000 de minerales como el oro y más de 200,000 trabajadores agrícolas estacionales que trabajan en agroexportación.
La matriz de comercio y la economía nacional muestran que el derrame económico sobre las cuentas nacionales de las exportaciones es de menos del 30%, ya que la gran mayoría de estas exportaciones operan en enclaves económicos como la zona franca y la minería y se apoyan de cadenas de valor globalizadas con poco derrame al interior del país.
Más bien, la dependencia de insumos primarios de Nicaragua hacia Estados Unidos ha crecido para mantener el sector exportador (es decir la cadena de valor nacionalmente es pequeña, excepto en agroexportación). Paralelamente, lo que ha hecho el régimen es expandir su dependencia de China en la importación de bienes primarios como sustitución de Estados Unidos y beneficiar a sus propias empresas.
El punto principal es que este proceso no es un juego suma cero que evoca el riesgo moral como defensa (que solo el trabajador y el empresario pierden), pero estas denuncias no son nuevas y los costos afectan a diversos sectores, especialmente a la dictadura.
La advertencia contra Nicaragua de violar el tratado lleva más de cinco años y no es exclusivamente un capricho de la administración Trump—la investigación se inició el año anterior, y durante la primera administración de Donald Trump los reclamos sobre las violaciones habían traslucido con la aprobación del Nica Act.
El punto clave es que este informe es una respuesta proporcional a las acciones del régimen de Ortega-Murillo en contra de su población.
Para Estados Unidos, la salida lógica es disponer de Nicaragua de CAFTA.
¿Qué opciones existen?
Para Estados Unidos, las acciones sobre Nicaragua son punitivas, proporcionales al acto de la dictadura. El gobierno de Donald Trump no tiene postura de negociación y menos de diálogo. Cualquier solución está en manos del régimen ya que ellos son la parte causal del daño y son quienes tienen que ofrecer un remedio.
La dictadura puede mitigar el riesgo que acarrea una decisión mínima (los ítems 1 y 2 de las recomendaciones de suspender al país del tratado) sobre Nicaragua durante el 2026. Esta suspensión temporal es la oportunidad que la Oficina de Comercio le propone a Nicaragua para remediar el daño.
Rosario Murillo y el equipo que la apoya tienen pocas opciones. Una de ellas es solicitar una moratoria para introducir cambios concretos, positivos y proactivos de parte de Nicaragua que incluya una hoja de ruta que saque al país del estatus dictatorial. Aunque mucho de esto implica tragarse el orgullo, los Ortega-Murillo están esquinándose solos y no hay mucho de por medio que los salve. Tentativamente la respuesta de solicitar una moratoria debe ser manejada con madurez de manera convincente, es decir, abrir un proceso de transición política que incluya:
• Ejercer de manera inmediata el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses: liberar los presos políticos, retornar confiscaciones, eliminar la desnacionalización y las falsas acusaciones contra miles de expatriados, facilitar la llegada de nicaragüenses que quieran retornar sin temor a represalias,
• Reformar la constitución, nulificar las leyes impuestas desde 2019 (como la de agentes extranjeros, ley de soberanía, la nulificación de partidos políticos, y otras más);
• Reorganizar la policía, disminuyendo su tamaño y reformar el aparato de justicia, incluido dar independencia a la Procuraduría de la influencia de los cogobernantes;
• Entablar un encuentro político para el adelanto de elecciones.
Estas medidas son el remedio mínimo que deberían proponer los cogobernantes. La otra opción que tienen es continuar la ruta represiva, rechazar mediáticamente la investigación y provocar más a Estados Unidos y su población. El escenario económico de Nicaragua para el 2026 mostraba ya señales de contracción económica, causada por el modelo mismo de la dictadura.
Si lo que Murillo quiere es maximizar su soberbia cavando su tumba más profundamente, la disidencia al interior del país y la población misma le harán el favor a ella, porque muchos no van a querer que los metan en el mismo saco. Este informe es una oportunidad para remediar y cambiar las cosas.
*Artículo publicado originalmente en Confidencial