El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) denunció este jueves 30 de octubre, la persistente limitación de la autonomía de los pueblos de la Muskitia nicaragüense, a 38 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía (Ley 28).
El organismo reafirmó que, desde la incorporación forzosa de la Muskitia al Estado de Nicaragua en 1894, predominó un modelo de desarrollo extractivista, racista y colonizador.
Este modelo, según el pronunciamiento, sirvió para justificar la sobreexplotación de los bienes naturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Cooptación y debilitamiento de la Autonomía
OPIA indicó que la polarización política nacional penetró las estructuras de gobierno tradicionales, lo que debilitó el liderazgo nativo e impuso candidaturas subordinadas al régimen central y a los partidos de turno.
A pesar de que la Ley 28 reconoció los derechos colectivos sobre la tierra, los bienes naturales, la identidad cultural y las formas propias de organización, el Observatorio denunció que la autonomía siguió siendo limitada y condicionada por un Estado centralista.
La organización subrayó que el régimen autonómico fue cooptado por el partido de la dictadura de turno, lo que restringió la capacidad de las autoridades tradicionales y redujo la consulta previa a una “formalidad vacía”.
Además, mencionó que leyes como la de Territorios Fronterizos facilitaron la confiscación de tierras ancestrales, afectando la subsistencia de los pueblos.
Violencia e impunidad
El pronunciamiento destacó la grave situación de violencia en la región. OPIA expuso que, desde 2012 hasta la fecha, más de 105 líderes, guardabosques e indígenas fueron asesinados por defender sus bosques y territorios ante colonos y actores extractivos.
También reportó la persistencia de concesiones mineras en zonas protegidas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y asesinatos impunes contra miembros de los pueblos Miskitu y Mayangna.
OPIA condenó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos 18 años, la destrucción de las estructuras legítimas de gobierno comunal y la ausencia de medidas efectivas para frenar la invasión de colonos.
Denunció que la persecución, el desplazamiento, las amenazas y los asesinatos constituyeron un etnocidio contra sus pueblos.
Finalmente, los pueblos Rama, Miskitu, Mayangna, Ulwa, Creole y Garífuna reafirmaron su determinación de defender, “desde nuestros territorios y desde el exilio cuando sea necesario”, el derecho a la autodeterminación, la autonomía y la vida digna.