El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió contra la República Dominicana, a la que acusó de tener “voces vasallas” y “servidumbres vergonzosas” por condenar el anuncio del dictador Daniel Ortega de que el país no volverá a celebrar comicios para permitir la alternancia en el poder.
La reacción se produjo después de que el Gobierno dominicano calificara como un “abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa” las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio, cuando afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.
En un comunicado titulado “Los sonidos del silencio, el barullo de la indignidad”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondió descalificando a las autoridades dominicanas.
“Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”, afirmó la Cancillería.
El régimen sostuvo además que ambos pueblos han vivido experiencias similares de dictaduras e intervenciones extranjeras y reivindicó la figura del héroe dominicano Gregorio Urbano Gilbert, quien combatió junto a Augusto C. Sandino.
Como en las respuestas enviadas recientemente a Panamá y Guatemala, el régimen concluyó con la frase:
“El respeto al derecho ajeno es la paz”.
República Dominicana denunció un atentado contra la democracia
La respuesta del régimen llegó después de que la Cancillería dominicana condenara “en los términos más enérgicos” el anuncio de Ortega de eliminar las elecciones.
El Gobierno de República Dominicana advirtió que una decisión de esa naturaleza representa una negación del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante procesos periódicos, libres, transparentes y competitivos.
En su pronunciamiento recordó que la Carta Democrática Interamericana establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.
Asimismo, sostuvo que ningún gobierno puede atribuirse el derecho de cerrar unilateralmente la vía electoral ni impedir la alternancia democrática.
La Cancillería dominicana también llamó a la dictadura a rectificar su posición y restablecer plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales de la población nicaragüense.