La nueva circular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena la entrega obligatoria, en un plazo máximo de 90 días, de todos los protocolos, libros notariales, sellos y carnés pertenecientes a notarios fallecidos, suspendidos o en el exilio, ha generado fuertes cuestionamientos entre juristas nicaragüenses.
Los abogados Danny Ramírez Ayérdiz y Yader Morazán advierten que la medida no solo viola principios básicos de la función notarial, sino que también forma parte de un patrón estatal de control político y confiscación encubierta.
La orden, fechada el 12 de noviembre de 2025, fue emitida en cumplimiento del Acuerdo Número 71 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), un órgano cuya conformación legal está en duda.
El documento exige que los bienes notariales sean entregados directamente en la sede de la CSJ, en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE).
También impone requisitos estrictos, como inventarios completos, índices, certificados de defunción y documentos de custodia.
Además, la circular deja sin efecto todas las autorizaciones previas de guarda y custodia de protocolos, y centraliza exclusivamente en la CSJ la emisión de segundos testimonios de escrituras.
“Una intervención directa y una forma de persecución”
El abogado Danny Ramírez Ayérdiz calificó la disposición como una alteración grave de la función notarial y un nuevo golpe contra profesionales nicaragüenses en el exilio.
“Se anula, contrario a la ley, la atribución de los notarios fuera de Nicaragua de autorizar actos entre nicaragüenses. Es una forma de arreciar aún más la persecución política, porque los notarios en el exilio quedan despojados de su registro profesional. Seguramente, el régimen en su paranoia buscará en esos protocolos de notarios exiliados algún rastro de lo que ellos llaman ‘golpismo’”, advirtió.
Ramírez Ayérdiz recordó que el protocolo notarial es un registro que pertenece al notario y no al Estado, por lo que considera que la medida constituye una confiscación encubierta.
Morazán: “Un consejo fantasma dictando medidas ilegales”
El analista jurídico Yader Morazán fue más allá, señalando que el acuerdo del CNACJ que respalda la circular proviene de un órgano que, en términos formales, no existe.
Morazán explicó que el CNACJ actual es un “híbrido” creado tras reformas aprobadas en 2025, pero cuyos miembros jamás han sido designados mediante un Acuerdo Presidencial publicado en La Gaceta, como exige la ley.
“Hasta noviembre de 2025 ningún decreto ha sido divulgado, convirtiendo al CNACJ en un consejo fantasma que hereda funciones de un órgano derogado, pero sin proceso legal. Es improvisación pura: aplican estructuras que no existen y mezclan magistrados del antiguo consejo con un nuevo secretario técnico que no ha sido nombrado”, afirmó.
El abogado comparó la situación con una empresa estatal desaparecida cuyos recibos seguirían siendo emitidos por un funcionario sin nombramiento legal, llamando la circular “papelito a la basura” en un verdadero Estado de derecho.
Morazán advirtió además que la medida se inscribe en una política más amplia que incluye falta de publicidad registral, reformas penales que permiten afectar bienes ajenos a los delitos imputados y confiscaciones de propiedades de opositores.
Una medida que apunta a bienes de exiliados
Ambos juristas coinciden en que la disposición de la CSJ no solo busca controlar la fe pública, sino también facilitar futuras expropiaciones de bienes de personas exiliadas o consideradas disidentes.
Según Morazán, esta política sigue una línea represiva iniciada tras las protestas de abril de 2018 y consolidada con la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo en 2025.
“Esta circular hiere una vez más el tejido social: bloquea economías familiares, convierte derechos en privilegios y presiona a familias dentro de Nicaragua”, agregó.
La CSJ advirtió que el incumplimiento de la orden generará “efectos legales”, sin precisar cuáles. Para los expertos, esta ambigüedad refuerza la naturaleza coercitiva y política de la disposición.