El avance en el Senado de Estados Unidos de un proyecto de ley para combatir la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental vuelve a poner a Nicaragua bajo el foco internacional, al señalar de forma explícita el tráfico ilícito de oro como una fuente de financiamiento de redes criminales y de regímenes autoritarios, entre ellos el encabezado por los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley S. 3496, “Ley de Sociedades Mineras y de Oro Legal de los Estados Unidos”, busca establecer una estrategia plurianual de cooperación para reducir los impactos ambientales, sociales y de seguridad derivados de la minería ilegal de oro.
El texto reconoce que esta actividad afecta gravemente la economía regional, fortalece al crimen organizado transnacional y genera daños profundos al medio ambiente, a los pueblos indígenas y a la seguridad alimentaria.
El 29 de enero de 2026, una comisión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense emitió un dictamen favorable con una enmienda sustantiva, lo que permitió que el proyecto fuera introducido para su discusión en el pleno del Senado.
De ser aprobado, pasará a la Cámara de Representantes y posteriormente al presidente para su promulgación como ley.
El proyecto es patrocinado por el senador John Cornyn (republicano por Texas) y cuenta con el respaldo bipartidista de Tim Kaine (demócrata por Virginia), Ted Cruz (republicano por Texas) y Jacky Rosen (demócrata por Nevada), un apoyo que refuerza el peso político de la iniciativa.
Nicaragua en el centro de la estrategia
El texto legislativo incluye de manera específica a Nicaragua, subrayando la necesidad de “interrumpir el comercio ilícito de oro en Nicaragua”, incluso mediante la aplicación de medidas directas de Estados Unidos contra el régimen de Ortega y Murillo y sus colaboradores, en consonancia con la Orden Ejecutiva 14088, emitida en octubre de 2022, que amplía las sanciones frente a la crisis nicaragüense.
Para Fundación del Río, organización ambientalista que monitorea el impacto de la minería en el país, la iniciativa representa un punto de inflexión.
Su presidente, Amaru Ruiz, afirma que la eventual aprobación de la ley implicará “un mayor escrutinio en la cadena de producción del oro”, lo que podría reducir los procesos extractivos ilegales en áreas protegidas y en territorios indígenas y afrodescendientes.
Ruiz advierte que la magnitud del problema es considerable: solo en 2024, la minería ilegal de oro habría generado exportaciones por 176 mil onzas troy, equivalentes al 30.5 % de las exportaciones totales de oro de Nicaragua.
Según la organización, esta actividad se desarrolla principalmente bajo esquemas de pequeña minería y minería artesanal que operan con el control y aval del régimen Ortega-Murillo, incluso dentro de reservas naturales y territorios indígenas.
El presidente de Fundación del Río también alerta sobre la participación de actores extranjeros, señalando que al menos una empresa china estaría exportando oro hacia Estados Unidos mediante un sistema de intermediación que involucra minería artesanal, plantas de procesamiento y empresas dedicadas a la comercialización y exportación del mineral.
Impacto ambiental, social y político
El proyecto de ley estadounidense reconoce que la debilidad del Estado de derecho y la falta de oportunidades económicas en países como Nicaragua fomentan actividades ilícitas como la minería ilegal de oro, incrementando la vulnerabilidad de comunidades en zonas mineras.
Entre las consecuencias señaladas figuran la trata de personas, violaciones a derechos humanos y el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y rurales.
Fundación del Río agradeció a los senadores, congresistas y asesores que impulsaron la iniciativa, al considerar que visibiliza una actividad que no solo destruye ecosistemas, sino que también contribuye al sostenimiento financiero de regímenes autoritarios en la región.
De avanzar el proyecto en el Congreso estadounidense, Nicaragua podría enfrentar un escenario de mayor presión internacional sobre el origen y la comercialización de su oro, un sector que, según organizaciones ambientales y de derechos humanos, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos opacos del régimen.