Diversas organizaciones nicaragüenses manifestaron su respaldo al informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, al que califican como una “ruta clara y una esperanza compartida” para avanzar hacia una transición democrática en el país.
En un pronunciamiento conjunto, los firmantes destacaron la “profundidad del trabajo” y las evidencias que, según señalan, demuestran el uso del aparato estatal para atacar a la propia población.
Asimismo, respaldaron las conclusiones del informe e instaron a que sus recomendaciones sean asumidas tanto por la sociedad nicaragüense como por la comunidad internacional.
El documento subraya cuatro aspectos clave: la política de persecución vinculada a la apatridia, el uso del presupuesto estatal con fines represivos, la persecución transnacional a través de sedes diplomáticas y el impacto diferenciado de la represión sobre las mujeres.
Según las organizaciones, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha asumido, desde 2018, un control absoluto sobre el país, definiendo “quién es nicaragüense y quién deja de serlo”, mediante procesos de desnacionalización que derivan en apatridia.
Advirtieron que esta política no solo afecta a quienes la padecen directamente, sino a toda la ciudadanía.
También denunciaron que recursos públicos son utilizados para sostener mecanismos de persecución, mientras se descuidan derechos sociales, como las pensiones, que estuvieron en el origen de las protestas de abril de 2018.
A ello sumaron la existencia de una red de persecución en el exterior, que incluiría el uso de organismos internacionales como INTERPOL con fines políticos.
El pronunciamiento enfatiza además el impacto específico de la represión sobre las mujeres, tanto en su integridad personal como en su entorno familiar, señalando la necesidad de incorporar un enfoque de género en cualquier proceso de justicia.
Las organizaciones informaron que asumen como propias todas las recomendaciones del informe y urgieron a la dictadura nicaragüense a adoptar medidas inmediatas, entre ellas la liberación de personas presas políticas, la revelación del paradero de desaparecidos y la incorporación de supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja en el sistema penitenciario.
Asimismo, demandaron el fin de la persecución política, la restitución de derechos a periodistas y organizaciones civiles, el respeto a la libertad religiosa —incluyendo el cese de hostigamiento a la Iglesia Católica— y la revocación de leyes contrarias a estándares internacionales.
En el plano internacional, pidieron a los Estados investigar y sancionar a los responsables de violaciones a derechos humanos, exigir rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia y garantizar protección a los nicaragüenses en el exilio, incluyendo el respeto al derecho de asilo.
El pronunciamiento concluye con un llamado a reforzar el apoyo a la sociedad civil, medios independientes y periodistas, así como a evitar el uso de mecanismos de cooperación internacional para fines de persecución política.