El presidente Rodrigo Chaves reavivó el conflicto por el financiamiento universitario (FEES), acusando a los rectores de gastar en lujos mientras promueve su programa de inglés «Hello Brete».
La polarización distrae del problema real: la necesidad de reformar cómo se gastan los fondos sin destruir la investigación científica y la acción social que realizan las universidades públicas en las comunidades más pobres y fronterizas.
Se requiere una auditoría externa de desempeño sobre el FEES para que las universidades demuestren eficiencia y, a cambio, el Ejecutivo garantice un financiamiento estable y despolitizado. La solución es una rendición de cuentas que proteja la educación, no el uso de la educación como arma política.
La educación superior no debe ser un campo de batalla para la retórica política, sino el motor de la movilidad social y la innovación. Exigir eficiencia en el gasto es una obligación ciudadana, pero debilitar la institucionalidad universitaria bajo el pretexto de la austeridad es comprometer el futuro del país. La solución real nace de una auditoría transparente que proteja el conocimiento y destierre el despilfarro, sin sacrificar la educación de los más vulnerables.