La dictadura Ortega-Murillo divulgó este miércoles 27 de mayo un informe médico y fotografías sobre el líder indígena y preso político miskito Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años.
El comunicado conjunto del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud confirma que Rivera se encuentra en condición “delicada”, con ventilación mecánica invasiva, traqueotomía, alimentación intravenosa, falla multiorgánica, cirrosis hepática e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.
Según la versión oficial, el dirigente indígena fue trasladado desde el Sistema Penitenciario de Tipitapa al hospital Fernando Vélez Paiz el pasado 7 de marzo de 2026, tras presentar un “obvio deterioro” respiratorio.
El régimen asegura que Brooklyn Rivera ha sido tratado por neumonía bacteriana, aspergilosis pulmonar y otras complicaciones severas.
El informe detalla además que Rivera sufrió un agravamiento progresivo pese al uso de antibióticos de amplio espectro, fisioterapia pulmonar y ventilación mecánica, hasta desarrollar “falla de múltiples órganos”.
La divulgación del estado de salud del preso político ocurre en un contexto de alarma entre familiares, opositores y organismos de derechos humanos, debido a que en Nicaragua existen antecedentes de presos políticos cuyo deterioro fue reconocido públicamente por la dictadura poco antes de fallecer bajo custodia estatal.
Uno de los casos más recordados es el del general en retiro Hugo Torres Jiménez, quien murió bajo custodia en febrero de 2022 luego de meses de denuncias sobre la falta de atención médica.
Brooklyn Rivera permanece detenido desde septiembre de 2023, tras ser capturado arbitrariamente por el régimen en su casa en el Caribe Norte. Durante meses, su familia denunció desconocer su paradero y condiciones de salud, mientras organismos internacionales exigían información sobre su situación.
En el comunicado oficial, la dictadura intenta justificar el deterioro del dirigente miskito alegando que su salud “ha sido afectada grandemente por sus condiciones de vida y continuos desplazamientos relacionados con su trabajo”, deslindando así responsabilidades sobre su estado actual.
El documento también señala que la exdiputada Nancy Henríquez y el magistrado Lumberto Campbell le han visitado semanalmente, mientras el régimen insiste en que continúa brindándole “atención especializada”.