Jesús Rondón Nucete
Los recientes acontecimientos en Venezuela exigen acelerar la transición. El 3 de enero pasado, el gobierno de Estados Unidos, tras descabezar el régimen existente, dispuso dejar el restablecimiento de la democracia, exigido por el pueblo en julio de 2024, para un tiempo posterior. En esta columna –y mensajes en las redes– se llamó la atención sobre las consecuencias negativas de aquella decisión. Los hechos posteriores han demostrado que la advertencia era acertada. Con pequeñas mejoras, se mantiene la dictadura y se ha impuesto, con la tolerancia de algunos, un protectorado que favorece, primordialmente, los intereses de la gran potencia regional.
Donald Trump no aprecia realmente la democracia. No pocas de sus decisiones son claramente contrarias a los principios que inspiran –hoy en día– al sistema político de su país. Y admira –a veces en forma ostentosa– a los gobernantes autoritarios del pasado y la actualidad. Considera débiles a los líderes europeos e incapaces a los latinoamericanos. No mira hacia el continente africano. Por eso, desde el 3 de enero pasado manifestó que la transición a la democracia en Venezuela –“extraído” el usurpador para ser juzgado en New York– sería el último paso de un proceso largo. Previamente, debía ordenarse la actividad económica, lo que beneficiaría a todos los ciudadanos. En realidad quería que los ingresos petroleros se destinaran prioritariamente a pagar las deudas a las empresas (norteamericanas) “expropiadas”: al efecto, dispuso el manejo de los mismos por organismos de su administración. Sus enviados y representantes se comportan en Caracas como procónsules.
En verdad, aquel propósito (ordenación económica), necesario para garantizar condiciones mínimas de vida aceptables a la población –carentes hoy de todo y especialmente de servicios esenciales (como educación y salud)– no se puede alcanzar sin cambiar la situación política. Venezuela tiene los recursos indispensables para asegurar su desarrollo integral (político, económico y social) y el personal capacitado para cumplir esa tarea. Sin embargo, según las autoridades de Estados Unidos, las prácticas democráticas –restablecimiento de la vida política, elecciones libres y traspaso del poder a los elegidos– deben esperar. Esa manera de entender el proceso es contraria a su propia experiencia: en 1776 (independencia de Inglaterra), en 1860 (guerra de secesión) y en 1932 (adopción del new deal) se tomaron decisiones políticas que modificaron sustancialmente la situación y permitieron después resolver los problemas sociales y económicos. Sobran otros ejemplos: el ascenso de Deng Xiaoping (1978) impulsó la conversión de China en potencia económica.
El argumento expuesto por la Administración norteamericana carece de fundamento. En la realidad ocurre exactamente lo contrario de lo que aquella expone. El objetivo final de la acción pública es el logro del bien común, que en este caso se traduce en crecimiento y desarrollo (social y económico); pero el mismo no se puede alcanzar sin un instrumento que dirija o coordine (según la orientación ideológica dominante) los esfuerzos del país en la dirección escogida. Tal instrumento es el poder político (entendido como capacidad para imponer una conducta). Este no es un fin, es un medio; pero imprescindible. Tanto la realización de las tareas permanentes, como la de aquellas que implican un cambio, suponen la existencia de un ente conductor, comprometido con los objetivos que se buscan. Lo descubrieron –¡muy pronto!– quienes proclamaban su desaparición: liberales radicales o comunistas primitivos. Unos y otros establecieron, lastimosamente, regímenes totalitarios.
Sin un nuevo poder político no se pueden resolver los problemas sociales y económicos del país. No debe olvidarse que quienes ahora detentan –sin legitimidad– el mando son responsables (¡en alto grado!) de la crisis que lo afecta. Delcy Rodríguez fue ministra de Economía y Finanzas (2020-2024) y de Hidrocarburos (2024-2026), además de vicepresidenta ejecutiva (2018-2026); o sea, le estaban confiadas las áreas más importantes durante el tiempo en que se produjo la mayor caída del PIB desde el s. XIX. ¿Puede alguien con tal historial garantizar la superación de esa situación? Por otra parte, los problemas económicos de Venezuela no se van a superar en corto tiempo. Se requerirían años para volver a las cifras de 1999, porque el daño causado por la dictadura es profundo y afecta a todos los sectores, especialmente a la industria petrolera, saqueada y desorganizada. ¿Habrá, entonces, que esperar décadas para el restablecimiento de la democracia?
Las urgencias venezolanas son distintas a las de 1999. Todavía no parecen comprenderlo el grupo al mando ni los partidos que le antecedieron. Todos representan el pasado. Los llegados en aquella fecha olvidaron sus propuestas y, con el pretexto de establecer una sociedad socialista, se adueñaron del gobierno, suprimieron las libertades y saquearon la riqueza nacional. Los otros, surgidos hace casi cien años con el reto de conducir el país a la modernidad –lo que en buena medida lograron, al satisfacer las exigencias más apremiantes– cayeron en los vicios que provocaron graves crisis en democracias de tradición. A lo anterior se agrega el desinterés por las transformaciones que ha provocado en la sociedad (en todas las áreas) la “revolución digital” (proceso continuo de cambios resultado de los avances científicos y tecnológicos que impulsó la aparición de las computadoras y redes computarizadas). El país no se ha integrado a esas nuevas circunstancias.
María Corina Machado –venezolana del tiempo duro, bien preparada, abierta a nuevas ideas– se empeñó en denunciar la perversidad del modelo chavista desde sus inicios (autoritario y populista) y en construir una alternativa desligada del pasado. No le fue fácil: incluso, fue objeto de ataques personales. Parecía arar en el mar. Pero, respaldada por un equipo formado en la lucha (muchos en su primera experiencia política), tras el fracaso del “populismo socialista”, cuando faltaron los recursos a distribuir logró difundir su mensaje, especialmente entre los jóvenes, cuyo futuro está en peligro. Más, delineó un programa sobre una idea novedosa: la prosperidad compartida. Lo escuchó el pueblo que adhirió –poco a poco– a su liderazgo. Cuenta con amplio respaldo entre quienes emigraron en los últimos años (alrededor de ocho millones), muchos de los cuales han conseguido insertarse exitosamente en sociedades desarrolladas. Por eso, la transición política puede producirse de inmediato. No requiere preparación.
El pasado 28 de mayo, la plataforma unitaria democrática presentó en Panamá un manifiesto, firmado por María Corina Machado y Edmundo González, que establece las bases para una negociación (“seria, firme y responsable” y “acompañamiento” del gobierno de Estados Unidos) con quienes ejercen el mando –sin legitimidad– en Venezuela. ¿No ha habido antes varios intentos? Se exigen gestos que produzcan un ambiente favorable: liberación de “todos” los presos políticos (son 409), retorno seguro de los exiliados, normalización del espacio cívico y político, desmantelamiento del aparato represivo y grupos armados ilegales. El objetivo es la realización de una elección presidencial libre y transparente, con garantías y observación internacional, previa designación de nuevos titulares (independientes y respetables) del Consejo Nacional Electoral. Igualmente lo es la “construcción” de un Gran Acuerdo Nacional, base política y social para la “recuperación” republicana: gobernabilidad democrática, crecimiento económico, prosperidad compartida y reencuentro nacional. No se señalan plazos para esas acciones.
Quienes en Venezuela usurpan las funciones estatales no han respondido el “manifiesto” opositor; pero, el 3 de julio próximo vence el plazo de la “interinidad” inventada por un tribunal que les es sumiso. Su reconocimiento es muy limitado, lo que frena la comercialización del petróleo y también las inversiones extranjeras. Quedó claro en la gira “oficial” a India. Estamos ante un momento decisivo, cuyo desenlace puede adelantarse con la palabra –voz legítima– del presidente electo. En Venezuela se va a producir un cambio. Es indetenible. No lo pueden impedir quienes ahora detentan el mando, aun con el apoyo del gobierno de Washington. Pero, a diferencia de otras ocasiones, no será para destruir. Más bien para levantar sobre estructuras políticas democráticas una sociedad fundada en el principio de la dignidad humana y, en consecuencia, de la libertad de la persona, entendida como la posibilidad de todos de desarrollar sus capacidades.
No puede quedar para más tarde la transición hacia la democracia. Los antecedentes históricos exitosos lo aconsejan. En 1936, sin experiencia democrática, con viejos y nuevos nombres, se sustituyó el gomecismo y se sentaron las bases del futuro en pocos meses. Y en 1958 se avanzó más rápido: un año después estaba en ejercicio un gobierno electo, con un programa acordado por todos los factores de poder. Pero, en ambos casos, a la voluntad de los herederos (pretendidos causahabientes) se sumó la exigencia popular, expresada en inmensas y combativas manifestaciones (de diversa forma) que superaron el miedo que provocaba la represión.
Opinión publicada originalmente en El Nacional