El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) de Costa Rica rechazó las declaraciones de la presidenta costarricense Laura Fernández sobre Nicaragua y afirmó que considerar que los nicaragüenses tienen “la forma de gobierno que han elegido tener” contradice la realidad documentada por organismos internacionales y la situación que enfrentan miles de personas exiliadas.
A través de un pronunciamiento emitido el 15 de junio, la organización señaló que las palabras de la mandataria costarricense desconocen las conclusiones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha señalado que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido a Nicaragua en un Estado autoritario donde se han documentado graves violaciones a los derechos humanos.
El SJM recordó que la población nicaragüense, tanto dentro como fuera del país, enfrenta persecución, silenciamiento, represalias sistemáticas y desplazamiento forzado. Además, indicó que expertos de la ONU han documentado una estructura de represión transnacional utilizada para vigilar, intimidar y atacar a personas nicaragüenses en el exilio.
“Rechazamos que se relativice o legitime la crisis vigente en Nicaragua y el autoritarismo que sigue empujando a las personas al desplazamiento forzado”, expresó la organización, que también advirtió que minimizar la situación del país no puede considerarse un acto de neutralidad o pragmatismo, sino una contradicción con la histórica defensa de los derechos humanos por parte de Costa Rica.
La polémica surgió luego de que el pasado 13 de junio, en una entrevista con el medio internacional NTN24, la presidenta Laura Fernández afirmara que los nicaragüenses tienen “la forma de gobierno que han elegido tener”, declaraciones que provocaron críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sectores del exilio nicaragüense y figuras políticas costarricenses.
Entre las voces críticas se encuentra el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, quien calificó las declaraciones como “desafortunadas”, “muy graves” e “insólitas”, al considerar que desconocen los informes de organismos independientes que han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua.
El debate se produce en un contexto en el que la crisis nicaragüense continúa siendo señalada por organismos internacionales, que han documentado asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, persecución política, cierre masivo de organizaciones civiles y un amplio desplazamiento de miles de nicaragüenses hacia el exilio.