La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, evitó condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y defendió mantener una relación “cordial” y armoniosa con Nicaragua, pese a las constantes denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, persecución política y el éxodo de miles de nicaragüenses hacia territorio costarricense.
Durante una entrevista con el medio NTN24 en la que fue consultada sobre cómo su gobierno maneja la relación con una “tiranía” en su frontera norte, la mandataria aseguró que ambos países mantienen una relación comercial histórica y una convivencia de vecindad basada en el respeto y la estabilidad fronteriza.
Fernández señaló que Costa Rica alberga a una importante población nicaragüense y afirmó que Nicaragua mantiene condiciones económicas que, a su criterio, no pueden compararse con las crisis humanitarias que han vivido países como Cuba y Venezuela.
“Nosotros tenemos una relación armoniosa dentro de lo que cabe y en mi gobierno seguirá siendo así”, expresó la presidenta costarricense, quien además sostuvo que Nicaragua tiene “sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener”.
Sus declaraciones llaman la atención porque omiten referencias a la crisis política iniciada en 2018, las denuncias de organismos internacionales sobre represión estatal, el encarcelamiento de opositores, las desapariciones forzadas de presos políticos y la expulsión de ciudadanos nicaragüenses críticos del régimen sandinista.
Costa Rica ha sido durante años uno de los principales países receptores de nicaragüenses que huyeron de la represión y la falta de libertades en su país. Sin embargo, la postura expresada por Fernández muestra una línea de pragmatismo diplomático, priorizando la relación fronteriza y comercial con Managua antes que una confrontación pública con el régimen de Ortega y Murillo.
Las declaraciones marcan un contraste con otras voces regionales e internacionales que han señalado al régimen nicaragüense como responsable de un grave deterioro democrático y de una crisis sostenida de derechos humanos.