La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, advirtió sobre una posible llegada masiva de mineros ilegales provenientes de Nicaragua hacia la zona fronteriza de Las Crucitas, como consecuencia de las concesiones mineras que el régimen nicaragüense ha entregado a empresas chinas en áreas cercanas a la frontera entre ambos países.
Durante una gira de trabajo en Las Crucitas, una región del norte de Costa Rica afectada por la extracción ilegal de oro, la mandataria señaló su preocupación por el futuro de la Reserva Biológica Indio Maíz, en Nicaragua, donde se estima que operan entre 1.500 y 1.800 coligalleros o mineros artesanales.
“Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua. Cuando esa empresa tome control de esa mina, ¿para dónde creen que se van a venir esos coligalleros?”, cuestionó Fernández, al advertir que Costa Rica podría enfrentar una “invasión” de trabajadores dedicados a la minería ilegal.
La presidenta calificó el escenario como una “bomba de tiempo” para el país, debido a los riesgos ambientales y de seguridad asociados a la extracción irregular de oro.
“Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y se van a seguir metiendo cada vez más personas, mejor financiadas por el crimen organizado para seguir explotando irracionalmente”, afirmó.
De acuerdo con un informe de la organización ambientalista Fundación del Río, entre 2021 y 2026 el régimen Ortega-Murillo otorgó concesiones mineras en 84 lotes a 19 empresas chinas, que abarcan más de 1,27 millones de hectáreas, equivalentes a más del 8,5 % del territorio nacional, incluyendo zonas protegidas, territorios indígenas y afrodescendientes.
El avance de la actividad minera en Nicaragua también ha generado preocupación internacional. En abril pasado, Estados Unidos sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de funcionarios y empresas vinculadas al sector minero, por su participación en actividades relacionadas con la extracción y comercialización de oro.
Ante el aumento de la minería ilegal en Las Crucitas, el Gobierno costarricense impulsa un proyecto de ley para permitir la explotación regulada del oro mediante concesiones a empresas privadas. Según las autoridades, la medida busca reducir los daños ambientales, combatir la presencia del crimen organizado y disminuir el gasto mensual de aproximadamente 1,3 millones de dólares que Costa Rica destina a los operativos de seguridad en la zona.
Durante la visita a Las Crucitas, Fernández tuvo que ser evacuada momentáneamente tras escucharse una explosión en los alrededores. Además, aseguró que existen casos de mineros ilegales nicaragüenses que han sido deportados en más de 35 ocasiones, por lo que anunció que promoverá reformas legales para endurecer los controles contra quienes reincidan en estas actividades.
Las autoridades costarricenses sostienen que parte del oro extraído ilegalmente en Las Crucitas es trasladado hacia Nicaragua, donde continúa su cadena de comercialización.