El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua está incumpliendo su compromiso con Costa Rica de enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando de ese material que tiene lugar en la frontera común, denunció en un informe de la ONG ambientalista Fundación del Río.
“Ni la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua ni la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura han realizado acciones para detener el flujo de mineros artesanales que utilizan el río San Juan (fronterizo) como medio para movilizarse y desembarcar en zonas de minería ilegal en Costa Rica y en Nicaragua”, dijo el ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua acordaron trabajar en una mejor coordinación de los operativos policiales en ambos lados de la frontera, intensificar el intercambio de información, establecer un punto focal de comunicación y coordinación y celebrar reuniones cada dos meses entre altos mandos de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal.
La Fundación del Río, aseguró que desde que se firmó ese acuerdo binacional ha dado seguimiento a los compromisos suscritos por parte de Nicaragua y “ha constatado que la actividad de minería ilegal continúa”.
En concreto, aseguró haber identificado nuevos sitios de minería ilegal del lado de Nicaragua, ubicados en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, a unos 3,2 kilómetros del puesto del Ejército de Nicaragua y del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, y a tan solo un kilómetro de Costa Rica.
La organización también ha podido evidenciar la movilización de material minero o broza sigue siendo movido por los “güiriseros” -como se les dice a los mineros artesanales- tanto del lado de Costa Rica como del lado de Nicaragua.
En ambos casos utilizan el río San Juan para el transporte acuático de los sedimentos, ya sea para procesarlo en territorio costarricense o nicaragüense, según el reporte.
Asimismo, advirtió que las concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en zonas limítrofes en Nicaragua han aumentado la actividad minera en la zona y permitido la tecnificación del procesamiento del oro con prácticas semi-industriales.
Por tanto, para la Fundación del Río la situación de minería ilegal en la zona de costarricense de Crucitas y Conchudita no se podrá resolver si no existe voluntad política del régimen en Nicaragua de detener el flujo ilegal de mineros y la actividad de minería ilegal en las zonas fronterizas.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó el viernes pasado su preocupación por una eventual “invasión” de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras que el régimen Ortega-Murillo ha otorgado a empresas chinas en sitios cercanos a la frontera bilateral.