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Rosario Murillo prepara una nueva farsa electoral en 2027

Manuel Orozco

El 19 de Julio marca el 47 aniversario del derrocamiento de Anastasio Somoza, y para Rosario Murillo es un hito importante dentro de su estrategia política para montar la nueva farsa electoral de noviembre 2027. Ya desde febrero ha convocado a un reclutamiento masivo de gente para mostrar el activismo dentro del FSLN, a pesar de que está prácticamente carente de liderazgo. Desde la conmemoración del Repliegue guerrillero a Masaya, hasta el 19 de julio, ha instruido que se haga notar un ruido popular a favor del FSLN como parte de su plan electoralista. Y de agosto a noviembre, Murillo irá afianzando otras medidas previas a la farsa electoral, que incluyen más purgas internas y cooptación de colaboracionistas de la oposición, sin que los nicaragüenses se percaten de la maniobra política.

Esta es una oportunidad para reflexionar y explicar al público por qué hace falta construir una agenda para la democratización del país y rechazar el autoritarismo, como un acto de patriotismo.

El recorrido del Orteguismo al Murillismo para sostenerse en el poder

El fin de la dictadura de Somoza marcó el inicio de una transformación del país, que, con el tiempo, fue cooptada y centralizada por Daniel Ortega. Desde entonces, Ortega cuenta con tres herramientas de control: la monopolización autocrática, el transaccionalismo clientelar y la acción encubierta, sin consulta ni transparencia. Para Ortega no ha habido ideología (excepto un burdo sentido del agrarismo como desarrollo en el siglo XXI y un antiimperialismo ciego), sino el cálculo del costo-beneficio que ofrecen las alianzas o las políticas, apoyado en el uso calibrado de esas herramientas.

Desde 1979, Nicaragua ha sido controlada por el sandinismo de Ortega, que ha pasado por varias etapas en las que el autócrata ha renovado su posición de poder hasta lograr el monopolio institucional. La primera etapa es la de la Dirección Nacional del FSLN, de la llamada Revolución que, después de la guerra, es seguida de una derrota electoral en 1990, pero acompañada de la promesa de Ortega de gobernar desde abajo, introduciendo el premio de la Piñata a sus seguidores a cambio de apoyar a un partido de “vanguardia” que le permita emerger como un grupo opositor.

Ortega recurre gradualmente a un acomodamiento transaccional con Arnoldo Alemán y el PLC que culmina con el pacto de 1999 en el que se divide el país para eventualmente ganar las elecciones en 2006 en las que negocia otro pacto con las Iglesia Católica (con el entonces Cardenal Obando y Bravo) y el sector privado que da lugar a la consolidación de su autoridad. Para entonces, ya Ortega contaba con la cooptación parcial de las instituciones políticas: mayoría en las Cortes, Legislativo, Consejo Electoral, y fuerzas de seguridad.

Con sus alianzas transaccionales, abuso de autoridad y falta de transparencia, en 2016 Ortega tiene control total del legislativo (71 de 92 legisladores), el sistema judicial (11 de 16 magistrados), y la autoridad electoral, donde 7 de 10 miembros del consejo electoral son del FSLN. El andamiaje democrático estaba debilitado por esa concentración del poder en sus manos, mientras tanto, con las alianzas con Petro Caribe, empiezan a conformar una nueva élite económica.

Pero de una transgresión a otra, la impopularidad creció ante las limitaciones del desarrollo económico, la visible concentración del poder y los abusos de autoridad que desencadenaron las protestas de 2018 y la represión y violaciones subsecuentes.

A partir de 2019, Ortega y Murillo, sabiéndose impopulares, se atrincheran con su círculo de poder, desmantelando el Estado de Derecho democrático y montando el Estado policial mediante una estrategia de sostenibilidad basada en el control dinástico del poder. Lo transaccional pasa a segundo plano, mientras que la radicalización autoritaria, la captura de Estado y la censura prevalecen de tal manera que mantienen al país bajo un velo de vigilancia e ignorancia: a la gente le cuesta darse cuenta tanto del rezago en el que se encuentra el país como de la trayectoria política de los Ortega-Murillo.

La estrategia de Murillo: apaciguar y afianzar

Murillo asumió la continuidad autoritaria directamente desde las purgas del 2023, reconstituyendo el círculo de poder en torno a su persona, reasignando autoridad a Laureano Ortega y manteniendo su vínculo con Fidel Moreno, Gustavo Porras y Ovidio Reyes. Como buena autócrata por naturaleza, a Murillo no le importan la familia, la Iglesia, la sociedad civil o el público.

Su estrategia de continuidad en el poder mientras esté viva tiene dos pilares, apaciguar a Estados Unidos y al sector privado local, y afianzar su control policial y social.

Para Murillo, Estados Unidos es un mal necesario que, mientras no irrite o afecte directamente su interés nacional, podrá mitigar el impacto de presiones como sanciones o penalidades y críticas diplomáticas. También mantiene al sector privado no colaboracionista a mecate corto, dejándolo operar bajo una competencia controlada pero supervisada para evitar que les dé la espalda.

Con la farsa electoral, Murillo pretende que estos dos actores no reaccionen en su contra. En los círculos murillistas ya está en marcha un plan en el que el liderazgo formal del PLC y el interlocutor local de CxL, han sido notificados de que pueden y deben participar en las próximas elecciones de 2027. Como le dijo Maduro a Estados Unidos en 2022, Murillo repite que “en Nicaragua puede haber elecciones, pero las gano yo”, y no ofrece otra alternativa.

Con la censura y la propaganda en una mano, y la Policía en la otra, Murillo se siente segura de que el ‘pueblo’ (la mitad de los jóvenes que nacieron en el siglo XXI, sin memoria histórica y con su patriotismo amenazado por el miedo a la cárcel) no va a reaccionar frente a esta farsa e irá a unas votaciones poco concurridas. Una joven emprendedora que vende propaganda del FSLN (bolsas, banderas, etc.) me decía “a mí no me interesa la política, yo vendo el producto y es lo que me da de comer”. Y termina, “No me voy a poner a andar buscando lo que no he perdido.” Es una generación que se defiende resaltando lo más primitivo de su sobrevivencia, su ingreso.

Reencauzar expresiones sordas y desconectadas en un convencimiento certero

¿Existen posibilidades en la segunda mitad de 2026, de revertir la continuidad autoritaria y cleptocrática de Murillo y su clan familiar? Desde el 2020 Ortega y Murillo han consolidado el monopolio del poder e instrumentalizado al Estado como su vehículo para formalizar su propia élite económica. Además, bajo el Estado policial, Nicaragua se encuentra sin oposición, en un círculo de poder que no ve otra alternativa que seguir con ella, y con un electorado carente de motivación política frente al inminente fraude electoral.

Un análisis político de los factores que inciden en la debilidad del autoritarismo, apoyado en más de treinta variables que influyen en la sostenibilidad del régimen, muestra que existen pocas condiciones favorables que ponen en riesgo la concentración de poder del régimen. Aritméticamente, la probabilidad de que existan señales de debilidad por parte del gobierno frente a estos factores es baja, del 30%.

Nivel de madurez para el cambio político en Nicaragua

Aumentar el nivel de vulnerabilidad de la dictadura, dependerá de trabajar en cuatro frentes que definen la fuerza de la dictadura: el frente público, la comunidad internacional, el círculo de poder y el económico.

En este sentido, los grupos cívicos deben abordar primero al nicaragüense que irá a votar, cambiando su retórica actual. Ellos hablan de cosas que no hacen eco en la población, como, por ejemplo, la unidad entre grupos exilados, muchos de los cuales son desconocidos en el país. De lo que se trata es de construir una masa crítica de actores representativos, legítimos y populares que reflejen el sentir nacional. Lamentablemente, a grandes rasgos, ‘el pueblo’, un término poco usado entre las generaciones milenial y Z, tiene la mente en otras cosas y exigencias que no integran el riesgo de sacar a Rosario Murillo del poder como prioridad.

Pero en Nicaragua hay una inquietud social subyacente que busca libertad de expresión y mejores oportunidades económicas, y que puede aprovecharse ofreciendo herramientas y un lenguaje para desmoralizar el gobierno actual, que es una fruta podrida que arruina todo lo que toca.

En el plano económico, la presión debe girar en torno a hacerle saber a la diáspora que sus dólares también oxigenan la cleptocracia y que lo democrático es mejor que lo autocrático; mientras que, en el campo externo, la presión consiste en lograr recortar el cordón umbilical entre el financiamiento externo y la inversión pública, que promueve contratos favorables para la dictadura.

La vinculación con Estados Unidos y otros Estados tiene que ir más allá de pedir o exigir la condena diplomática y sanciones, y más bien proveer insumos de presión que sean instrumentales para facilitar una transición y que no se presten para la nueva farsa electoral.

También es necesaria la comunicación dentro del círculo de poder con actores que son ambiguos en respecto a la continuidad con Murillo. La satanización de estos sectores torpedea la posibilidad de contar con una contraparte que actúe como bisagra de presión interna—Murillo lo sabe y por eso realiza purgas regulares contra quienes sospecha que podrían echarse atrás y provocar una ‘implosión’.

La coyuntura de Murillo

El filósofo político Sheldon Wolin dijo que la democracia no es una condición estática, sino más bien “una experiencia política en la que la gente común actúa como actores políticos dinámicos.” Y ese es el reto del público nicaragüense: discernir la razón de ser de este gobierno, como antiética a la libertad y al progreso humano; pero entender esto depende de cómo, ante esta coyuntura, logre contar con las herramientas para formarse, informarse y transformarse en un agente político.

El rol de los grupos cívicos, y del electorado, es crear estas condiciones de manera que la distribución del poder político sea desfavorable a los dictadores. El debate consiste en definir el tamaño de esa distribución desigual, y el reto en generar esa presión para lograr un cambio en el balance de poder a favor de la democratización.

Opinión publicada originalmente en Confidencial