Organismos defensores de derechos humanos rechazaron la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza” por considerar que esta cercena la libertad de expresión y prensa en Nicaragua.
En la Asamblea Nacional se aprobó este martes la controvertida legislación que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan “alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”.
El proyecto, criticado por la prensa independiente bajo el argumento que atenta contra la libertad de expresión, fue aprobado por 70 votos de los orteguistas y sus aliados, frente a 16 en contra y 4 abstenciones.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expresó su rechazo y condena por la aprobación de dicha ley, afirmando que esta “viola la Constitución y numerosos tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos”.
La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”. No obstante, los diputados opositores han dicho que esta ley será usada “para reprimir” a los que critiquen al régimen de Daniel Ortega.
El Instituto de Raza e Igualdad, expresó su preocupación y llamó la atención de la comunidad internacional “para condenar esta nueva ley y demandar al Gobierno su anulación”.
La ley otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener “congelada” hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.
El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha dicho que recurrirán por inconstitucionalidad contra esa ley y que luego entablarán “un juicio internacional en contra del régimen de Daniel Ortega”.