Varios eurodiputados condenaron este lunes la “constante” violación de los derechos humanos en Nicaragua y exigieron a la Unión Europea (UE) sanciones más “firmes” contra el régimen de Daniel Ortega para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos y unas elecciones libres y transparentes.
El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, Javier Naart, sugirió que Nicaragua sea suspendida del acuerdo de asociación entre la UE y los países centroamericanos si el régimen de Ortega no respeta la cláusula democrática incluida en el mismo.
En esta línea, el eurodiputado Leopoldo López, del Partido Popular, propuso enviar una misión de observación que supervise el proceso electoral de Nicaragua, previsto para el próximo año, y constate su validez.
Nicaragua celebrará elecciones en noviembre de 2021 y esos eurodiputados coinciden en que su “transparencia” no está garantizada en un contexto de represión.
“En la UE necesitamos urgentemente un régimen de sanciones que sea aplicable y efectivo”, dijo al respecto el eurodiputado de la formación independentista catalana de izquierdas ERC Jordi Sole, quien pidió “aumentar la presión” contra el régimen de Ortega Murillo para conseguir reformas electorales.
Por su parte, la eurodiputada María Soraya, del liberal Ciudadanos, alertó que la crisis política del país se agrava en el contexto de la pandemia sanitaria, que ha sido “utilizada” por el régimen para vulnerar los derechos de la población.
El eurodiputado del partido ultraderechista Vox y vicepresidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Hermann Tertsch, opinó que es hora de actuar y dejar a un lado la “retórica” que se repite en otras dictaduras socialistas como Venezuela y Cuba.
Miguel Urbán, del izquierdista Anticapitalistas, priorizó escuchar a la sociedad civil: “Su hoja de ruta de salida de la crisis debe ser la nuestra”, lo que pasa por el cese de la represión, el regreso de los exiliados y la justicia a la verdad.
La presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, María Arena, criticó duramente la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, como una nueva “herramienta de represión” para “amordazar” a los disidentes del régimen de Ortega que ha calificado de “inconstitucional”.
Durante el debate intervinieron también la activista Vilma Nuñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien aprovechó su tiempo para leer el testimonio de la madre de Jaime Navarrete, un preso político a quien le ha sido negado su derecho a la salud.
También participó la política Mónica Baltodano, que ha solicitado a la UE que realice en la región una evaluación del estado de los derechos de los nicaragüenses: y Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH).
*Con información de EFE