Los líderes de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos han presentado un proyecto de ley que busca fortalecer las sanciones de Global Magnitsky para mejorar la capacidad de Estados Unidos de responsabilizar a los abusadores de los derechos humanos y a los actores corruptos.
El presidente entrante de la comisión, el senador Ben Cardin (demócrata por Maryland) y el copresidente, el senador Roger Wicker (republicano por Mississippi), dieron a conocer el miércoles la Ley de Reautorización de Responsabilidad de Derechos Humanos de Global Magnitsky que reautorizaría permanentemente la Ley Global Magnitsky original y ampliar el alcance de la ley.
La Ley Global Magnitsky de 2016 permite al presidente imponer sanciones económicas o negar la entrada a los Estados Unidos a extranjeros que se hayan involucrado en abusos de derechos humanos o corrupción. Esta ley federal amplía las sanciones de una ley similar centrada en Rusia de 2012 a otros países. La ley de 2012 se introdujo para responsabilizar a las personas responsables de la detención, el abuso y la muerte de Sergei Magnitsky, un abogado fiscal y auditor en Rusia.
La ley global fue implementada por primera vez por el ex presidente Donald Trump, quien en 2017 emitió la Orden Ejecutiva 13818 que aplicó las sanciones de Global Magnitsky a 13 personas. La orden de Trump también amplió los estándares de comportamiento para objetivos potencialmente sancionables y especifica categorías adicionales de personas como posibles objetivos de sanciones, según el Servicio de Investigación del Congreso.
El proyecto de ley de Cardin y Wicker se basa en la ley original al extender las sanciones a los familiares inmediatos de los infractores y ampliar el alcance de la ley al incluir “abusos graves de derechos humanos” y “violación de los estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente” para ampliar los actores y abusos que pueden ser sancionados.
También simplifica el estándar para delitos de corrupción y elimina el requisito de condición de víctima para garantizar que ninguna víctima quede excluida.
Mientras tanto, el proyecto de ley requiere que los informes futuros al Congreso incluyan información sobre medidas adicionales tomadas por el presidente a través de la diplomacia y otros medios para abordar las causas subyacentes persistentes de los abusos a los derechos humanos y la corrupción en países de violadores sancionados.
“Esta reautorización enviará una clara señal de nuestro compromiso nacional de defender los valores democráticos y las reglas y estándares internacionales que nos permiten vivir juntos en paz. Cuando los abusadores de los derechos humanos y los cleptócratas violan estas normas, nos corresponde a nosotros crear consecuencias concretas”, dijo Cardin en un comunicado.
“Cuando se presentó, la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky fue una herramienta innovadora para combatir los abusos de los derechos humanos y la corrupción en todo el mundo”, agregó Wicker. “Desde entonces, la ley ha ayudado a responsabilizar a los peores infractores, sin importar dónde se encuentren”.
La Ley Global Magnitsky se ha utilizado para responder a los violadores de derechos humanos que afectan a miembros de grupos minoritarios musulmanes en la provincia de Xinjiang, en el noroeste de China, a actores corruptos en Sudán del Sur y a funcionarios ugandeses que participaron en una estafa de adopción que victimizó a niños nacidos en Uganda.
Los legisladores de todo el mundo han pedido que se promulguen leyes similares en sus respectivos países. La Unión Europea (UE) decidió en diciembre adoptar un Régimen de Sanciones Globales de Derechos Humanos de la UE que permitiría al bloque atacar graves abusos y violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
*Agencias