Este es un contenido de la alianza periodística Cuatro Medios Informando en Colaboración – 4MI, integrada por Galería News, La Mesa Redonda, Boletín Ecológico y República 18.
Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina ya está sumergido en la miseria, y la histórica migración de sus jóvenes provoca el desaprovechamiento del llamado bono demográfico, uno de los motivos que origina la precaria economía que desde hace 42 años enfrenta el país. Dos períodos se vuelven decisivos, la década de los años 80 y la actual crisis socio política que enfrenta Nicaragua, ambos períodos se vuelven claves para entender el porqué de la migración de la fuerza laboral nicaragüense una realidad que deja a un país cada día más pobre.
El bono demográfico es un término utilizado por los economistas para referirse al periodo de tiempo durante el cual, el número de personas en edad potencialmente productiva (de 15 a 69 años), crece de manera sostenida en relación con las personas inactivas (menores de 15 y mayores de 69).
En este periodo de tiempo, los países suelen aprovechar el bono demográfico para impulsar el desarrollo económico aprovechando la mano de obra joven en el mercado laboral antes de que entren al proceso de envejecimiento poblacional, lo cual impacta negativamente en la economía, la seguridad social y la capacidad de crecimiento del país.
En el caso de Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina, el crecimiento de la población respecto a los adultos mayores comenzó en 1970 y se prevé que termine en 2035. Durante estos años, el país ha sufrido guerras, desastres naturales, dictaduras, gobiernos corruptos y demás eventos convulsos que no han permitido aprovechar esta oportunidad que brinda el bono demográfico, pero tampoco los gobiernos de turno se han preocupado por hacer algo al respecto.
A Nicaragua todavía le quedan 13 años de bono demográfico, pero de acuerdo a los especialistas, será muy difícil aprovecharlo debido a la inédita ola migratoria que ha llevado a los jóvenes nicaragüenses a salir del país, principalmente por la crisis económica y la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De momento, no se ve una salida a la crisis política y el retorno de los jóvenes talentos se ve muy incierto.
De acuerdo al estudio Bono demográfico, bono de género y carga tributaria, realizado por los investigadores Darling Munguía y Harvin Meléndez el número de personas que están trabajando actualmente o que están en edad de trabajar se empezará a reducir a partir de esta década, es decir, entre 2020 y 2029, lo cual ejercerá presión sobre los servicios públicos, la Seguridad Social y la calidad de vida de los y las nicaragüenses.
“El país habrá alcanzado el mismo grado de envejecimiento que exhiben en la actualidad los países europeos. Si Nicaragua no hace un esfuerzo extraordinario por reestructurar su modelo de crecimiento que pasa por transformar su matriz productiva, el empleo y su inserción internacional se corre el riesgo de arribar a la fase de envejecimiento en condiciones de absoluta incapacidad para hacer frente a los inmensos desafíos que conlleva esta etapa”, advierten los investigadores.
Las estimaciones del estudio prevén que la curva de nicaragüenses envejecidos comenzará a ascender a partir de 2035, dando fin a la ventana del bono demográfico, e irá acelerándose hasta representar en 2100 al menos un 35% de la población total del país.
Diversos especialistas también han señalado que, para que las economías puedan beneficiarse del bono demográfico, se deberá trabajar de manera activa en el sistema educativo y la oferta laboral, de manera que, la juventud se encuentre con herramientas y sean aptos para desarrollar sus vocaciones en materias como ciencia, tecnología o innovación.
A pesar de que el gobierno debe ser el principal actor interesado en aprovechar el bono demográfico, otro actor que juega un rol importante es el sector privado, pero la misma inestabilidad política no permite que los empresarios tengan interés en invertir para el aprovechamiento de esta ventana de oportunidad.
La “fuga de cerebros”
El aumento del desempleo también coadyuva a la migración de profesionales y técnicos jóvenes que los especialistas llaman “fuga de cerebros”, en referencia a las personas jóvenes y capaces para ocupar puestos de trabajos necesarios para el desarrollo del país.
Pero esta fuga de cerebros no es nueva. Desde mediados de los setenta, Nicaragua empezó a reportar cifras de jóvenes que salieron del país por distintos motivos, pero esencialmente, por la dinastía somocista que azotaba al país en aquel entonces.
Con el derrocamiento de la dinastía el 19 de julio de 1979, se instauró un nuevo modelo autoritario encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el cual sumió en una guerra civil al país que terminó en 1990.
Esa última década del siglo anterior, el país se vio golpeado por los efectos de la guerra, el endeudamiento público y la pobreza extrema en la que vivía la mayoría de nicaragüenses, sin mencionar los escándalos de corrupción, desastres naturales, crisis energética y demás factores que duraron hasta el regreso del Frente Sandinista al poder en 2007, con Daniel Ortega como presidente.
Ortega nuevamente como gobernante ha significado la asfixia de organizaciones civiles, el cierre de medios de comunicación y un matrimonio con el sector privado que les permitió engordar sus bolsillos, mientras los nicaragüenses enflaquecen en la pobreza.
En 2018 todo se rompió y tras una brutal represión a las protestas antigubernamentales que ha dejado a más de 358 personas fallecidas según datos de organismos defensores de derechos humanos, Nicaragua sigue sumergida en crisis política. En esencia, todos estos episodios desde mediados de los setenta, han hecho que el país no pueda aprovechar el bono demográfico, y en su lugar, Nicaragua no deja de experimentar sucesivas oleadas migratorias, sobre todo la salida masiva de jóvenes talentos hacia el exterior.
De acuerdo a cifras recogidas por el organismo Diálogo Interamericano y publicadas en julio de 2022 en el informe La migración y la democracia: alternativas entre la exclusión y la expulsión, en 1990 había 442,126 nicaragüenses que habían salido del país. 10 años más tarde, en el 2000, la cifra de nicas migrantes incrementó a 502,243.
Para el año 2020 ya se contabilizaba un total de 850,000 migrantes nicaragüenses fuera del país. El principal destino ha sido Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y Canadá. “Para los nicaragüenses la intención de emigrar aumentó del 19% al 65% en diciembre de 2021”, señala el informe.
Según Diálogo Interamericano, más de 250,000 nicaragüenses han abandonado el país desde que estalló la crisis política en 2018. “Los datos de encuestas demuestran que los factores determinantes de esta migración entre los nicaragüenses fueron predominantemente políticos y económicos. Estar desempleado, creer que habría fraude en cualquier elección futura, un sentimiento de miedo tras la elección, falta de confianza y reconocer el empeoramiento de las condiciones económicas son parte de las razones para emigrar”, se lee en el documento.
Fracturas sin sanar
El economista y analista político Marco Aurelio Peña explica que con estas cifras es evidente que se ha desaprovechado el bono demográfico debido a que “la población nicaragüense ha estado compuesta principalmente por personas jóvenes, se habla hasta de un 60% de población joven mayor de 16 años y menores de 40 años”.
Según Peña, la década de los ochenta durante la primera dictadura sandinista, fue una “década perdida”, pues significó para Nicaragua una enorme fuga de cerebros que se fueron huyendo de la guerra y de los cuales muchos no regresaron al país y se quedaron en Estados Unidos, Europa u otros países de Centroamérica.
“Hay secuelas que las podemos ver hasta nuestros días, porque en esa década el 60% de los recursos del presupuesto general de ingresos y egresos de Nicaragua estaba destinado a financiar la guerra”, y no así para políticas públicas que permitieran aprovechar a la juventud de entonces para sacar adelante al país, detalla Peña.
Para aquellos años, el Frente Sandinista implementó el Servicio Militar obligatorio, por lo que muchas familias enviaron a sus hijos al exterior para evitar que fueran carne de cañón en la guerra, mientras que, quienes se quedaron en Nicaragua no tuvieron garantías que, después de haber ido a la guerra, se les brindara oportunidad de educación u oportunidades laborales.
“Son personas que tuvieron que enfrentarse a traumas psicosociales, que tuvieron dificultades para terminar sus estudios o no lo terminaron y no lograron obtener una remuneración adecuada para tener un nivel de vida digna y decente”, resalta el analista Peña, e indica que toda la década de los ochenta fue de “números rojos” para el crecimiento económico.
“¿Cómo ibas a financiar una educación de calidad?, ¿cómo ibas a financiar la modernización del aparato productivo? Muy difícil. ¿Cómo ibas a retener a la gente?, porque al caer la producción se reduce el empleo, entonces ¿cómo la ibas a tener si tu economía no está generando suficiente trabajo como para que la gente decida quedarse?”, señala.
Todos esos conflictos, Nicaragua los ha venido acarreando hasta estos días y por ello es que en el país no hay una verdadera paz social, y en su lugar, existe una sociedad fracturada en donde dos bandos se identifican con colores distintos.
“Eso impide que haya estabilidad sociopolítica, porque es una sociedad que no logró sanar por esa parte, sino que de ahí se vinieron arrastrando resentimientos y conflictos que nuevamente han salido a la luz”, considera Peña.
Nueva crisis, nueva ola migratoria
Los y las migrantes nicaragüenses de esta nueva ola que está saliendo del país en busca de mejores oportunidades de vida, están siendo aprovechados por los demás países a los que llegan, pues están contribuyendo con mano de obra, conocimientos y capacidades para aportar al crecimiento económico de esos otros países.
El economista, sociólogo y actual preso político Óscar René Vargas, explicó cuando estaba en libertad en sus artículos de opinión difundidos a medios de comunicación que el hartazgo social, las pérdidas de empleos y la desigualdad son algunos de los costos negativos de las políticas “neoliberales” que implementa el régimen Ortega-Murillo y que obliga a los jóvenes a migrar.
Según Vargas, los nicaragüenses tienen un hartazgo social sobre la corrupción que se ha instalado en el Gobierno central, las alcaldías, partidos políticos tradicionales, empresas estatales y entidades autónomas. “Los ciudadanos exigen respuesta y el régimen se las niega”, indicaba el sociólogo.
Por otro lado, ese hartazgo social está ligado a “la falta de esperanza, al miedo de permanecer en la pobreza y sin posibilidad de mejorar, en el futuro inmediato, las condiciones de vida”, por lo cual, los y las nicaragüenses deciden migrar a otros países que les ofrecen mejores expectativas de vida.
La crisis de 2018 también ha desembocado en distintos factores que de una u otra manera han afectado la vida de los jóvenes. “Este hecho, además, ha tenido gran relevancia e impacto para los agentes socioeconómicos, tanto para el gran capital como para toda la población: desempleo, pobreza, fuga de capital, disminución de la tasa de ganancia, contracción económica”, indica Vargas, razones por las cuales muchos han decidido migrar.
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), durante el tercer trimestre de 2021, la participación laboral en el país se ubicó en 66.6% lo cual tuvo una reducción del 1.6% en comparación al mismo periodo en el año 2020.
De cara al futuro, las preguntas que surgen y que a muchos especialistas se les dificulta responder es si, ¿Daniel Ortega continuará como dictador en Nicaragua antes de que el país pueda levantar cabeza y se aproveche el poco tiempo que queda de bono demográfico?, o ¿si los nicaragüenses están condenados al deterioro social y económico por falta de políticas públicas que ofrezcan una oportunidad educativa y laboral competitiva para miles de jóvenes talentos?