El Departamento de Estados Unidos publicó este lunes su informe anual sobre Prácticas de Derechos Humanos 2022 de todos los países miembros de las Naciones Unidas, y sobre Nicaragua denunció que en el país se cometen ejecuciones extrajudiciales, tortura, represión transnacional y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Este documento, cubre los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, tal como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
El informe inicia diciendo que “Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana”.
“El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral del país. El presidente Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2021 después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición, prohibir la participación de todos los partidos políticos de oposición creíbles, bloquear los esfuerzos legítimos de observación internacional y cometer un fraude electoral generalizado”, reza el texto.
VIOLACIONES DE DDHH
El informe señala a la Policía, parapolicías y Ejército, es decir “fuerzas de la seguridad” de “ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represión transnacional contra personas ubicadas en otro país; serios problemas con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria e ilegal en la privacidad; castigo de miembros de la familia por supuestas ofensas por parte de un pariente; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluidas amenazas de violencia contra periodistas, detenciones injustificadas de periodistas y censura; interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, incluyendo leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil; severas restricciones a la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y el derecho a salir del país; incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas; restricciones graves e irrazonables a la participación política; corrupción gubernamental grave; serias restricciones gubernamentales y hostigamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluido el feminicidio y otras formas de violencia de género; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas; trata de personas; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil”.
Estados Unidos asegura que el régimen de Ortega “no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018”.
Tampoco “abordó los casos de corrupción generalizada. El presidente Ortega reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales”.
“Parapoliciales y personas vinculadas al gobierno de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia los supuestos enemigos del régimen, como exprisioneros políticos y sus familias, activistas campesinos, grupos de oposición a favor de la democracia, defensores de derechos humanos, líderes del sector privado y clérigos, otros actores religiosos y grupos de la sociedad civil afiliados a la iglesia. Las autoridades no investigaron ni procesaron estas acciones”, añade el informe.
Durante el anuncio de la publicación del reporte, Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, apuntó que el documento “hace un recuento objetivo y riguroso de las condiciones de los derechos humanos en todo el mundo”.
Blinken mencionó que “en Nicaragua, el gobierno autoritario continúa deteniendo a los presos políticos y manteniéndolos en pésimas condiciones carcelarias”.