La nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes de Nicaragua es “un ataque a la libertad de expresión y a la privacidad” de los nicaragüenses, consideró este viernes la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

En una declaración, el PCIN expresó su profunda preocupación por la aprobación de esa ley que, a su juicio, “amplía el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las telecomunicaciones y representa una amenaza directa a la libertad de expresión”.

“Esta ley, compuesta de 158 artículos y aprobada sin consulta ni transparencia, otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) el poder de ajustar a discreción los cargos de acceso e interconexión en redes de comunicación y de reemplazar los títulos habilitantes de los medios de comunicación”, advirtió ese gremio.

A su vez, establece una serie de medidas para la suspensión de licencias y autorizaciones, lo que podría usarse para silenciar a medios y voces independientes, agregó.

El PCIN denunció que esa normativa también contraviene la Ley de Protección de Datos Personales, “la cual protege los datos personales de las personas nicaragüenses, exponiéndolas al riesgo de que sus datos sean manipulados y utilizados sin consentimiento, vulnerando su derecho a la privacidad y a la seguridad”.

“Exigimos respeto a la libertad de expresión y reiteramos que el régimen de Ortega y Murillo debe cesar el uso de pretextos tecnológicos y normativas coercitivas para reprimir a la sociedad civil, al periodismo y a los medios de comunicación”, demandó ese gremio, integrado en su mayoría por periodistas nicaragüenses en el exilio.

“La aprobación de esta ley solo confirma el incremento de las estrategias de control que pretenden disfrazarse de avances tecnológicos”, dijo PCIN, que llamó a la comunidad internacional a no desviar la mirada de esta situación.

El jueves, orteguismo aprobó la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituye a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, que obliga a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios.

El artículo 109 establece que “los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias”.