Los diputados orteguistas y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron este jueves 31 de octubre, la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que obligará a las compañías telefónicas en Nicaragua a suministrar información de sus usuarios.

Con la aprobación de esta nueva legislación, el orteguismo deroga la Ley de Telecomunicaciones y Correos (Ley 200) aprobada hace 29 años.

El artículo 109 de esa ley establece: “Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias”.

“Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”, añade el artículo.

Es decir, la información estadística y georrereferenciada deberá ser entregada al estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), que dirige Nahima Janett Díaz Flores, una de las hijas del jefe de la Policía Orteguista, Francisco Díaz, quien es a su vez consuegro de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según opositores en el exilio, con la nueva Ley de Telecomunicaciones, el régimen de Ortega busca establecer una superestructura de control a operadores y usuarios de telecomunicaciones, además de ejercer de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país.

Entre otros, la iniciativa contempla que la importación de equipos tecnológicos estará bajo supervisión de Telcor, y que los operadores de telecomunicaciones deberán proveer geolocalización de los usuarios de telefonía.

Además, obliga a los operadores a permitir inspecciones y que de ser necesarias recurrirán a la fuerza de la Policía Orteguista.

Asimismo, establece sanciones contra los operadores de telecomunicaciones que van desde los 0,5 % hasta 2,5 % de sus ingresos brutos derivados del año anterior por infracción de la ley.

Además, la legislación obliga a los operadores a “unirse a las cadenas de radio y televisión, así como poner a disposición del régimen Ortega-Murillo de manera gratuita sus instalaciones y servicios en caso de emergencia nacional o regional”.