La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) denunció este jueves 5 de diciembre sobre un alarmante aumento en los casos de desapariciones forzadas de opositores al régimen de Daniel Ortega, detenidos en Nicaragua entre septiembre y noviembre de este 2024.

Según la información proporcionada por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta principios de noviembre, se registraban 46 detenidos arbitrarios por motivos políticos. Sin embargo, el panorama empeoró a finales de ese mes, en el contexto de una serie de reformas legales impuestas por el régimen de Ortega y Rosario Murillo.

La UDJ señala que en ese periodo, al menos 30 nuevos arrestos fueron reportados, y lo más alarmante es que el paradero de estas personas permanece desconocido. Este patrón de desapariciones forzadas se ha convertido en una práctica común y sistemática en Nicaragua, donde la dictadura parece empeñada en borrar la evidencia de su represión.

Según el Monitoreo Azul y Blanco, de las 46 personas presas políticas hasta principios de noviembre, el 26% permanecen en desaparición forzada, es decir, 12 personas.

“Casi el 100% de las personas que han sido detenidas en 2024 se encuentran en desaparición. Esto demuestra un nuevo y drástico patrón en cuanto a las detenciones ya que, en años previos, si bien las personas capturadas eran incomunicadas, la condición de desaparición no solía exceder los 90 días. Las redadas de noviembre suman –hasta la publicación de esta actualización de patrones represivos– al menos 30 nuevos arrestos a nivel nacional”, alertó la UDJ.

Otro patrón inquietante que se ha documentado es la rapidez con que las personas detenidas bajo desaparición forzada son desterradas, luego de pasar un breve lapso en prisión. Este fenómeno refleja una estrategia sistemática para eliminar cualquier rastro de quienes desafían al régimen, forzando su exilio y haciendo imposible su retorno.

Malos tratos siguen agravándose en las prisiones

Por otra parte, de las 34 personas detenidas a quienes sus familiares si han logrado constatar su lugar de reclusión ilegal, de forma general, los tratos contra ellas y las condiciones carcelarias se han agravado drásticamente luego de la excarcelación y destierro de las 135 personas presas políticas a Guatemala el pasado cinco de septiembre de 2024.

La UDJ menciona los casos de los presos políticos Jaime Navarrete y José Olivar Meza, quienes tienen sus penas cumplidas; el primero el 28 de enero de 2023 y el segundo el 27 de julio de 2024. A su vez, Carlos Alberto Vanegas tiene orden de libertad desde 2022. “Estos tres presos, al igual que la mayoría de las personas presas políticas en la actualidad, están en celdas de máxima seguridad en sus penales”, sostuvo.

Condiciones infrahumanas es la norma

La falta de alimentación adecuada, de acceso a agua potable y suficiente y de atención médica adecuada sigue siendo una constante contra la población carcelaria por razones políticas. No obstante, a partir de septiembre, los custodios ocasionalmente también le han impedido la llegada de la mayoría de la medicación que les proveen sus familiares en las paqueterías.

Además, las pésimas condiciones carcelarias, la oscuridad de las nuevas celdas, la falta de acceso a patio-sol y la falta de atención médica, está provocando que gran parte de las personas presas políticas estén perdiendo su vista, tal como le sucedió al preso José Ricardo Cortez (de 71 años), quien desde 2023 está totalmente ciego en prisión, pese a que sus familiares pidieron a las autoridades realizarle una operación pero le fue negado en esa ocasión.

La UDJ alertó que en las últimas semanas algunas personas han tenido pensamientos suicidas o se sienten desesperadas “como nunca” por los tratos que están recibiendo, y manifiestan que su salud mental está siendo también dramáticamente afectada.

“Sumado a lo anterior, alertamos particularmente que los presos políticos por la masacre del 19 de julio de 2014 (cuyos hechos imputados no cometieron) han sido de los más hostigados en los últimos meses. De modo que les han reducido las visitas familiares y la mayoría fueron movidos a una galería conocida como “La Perpetua” para hacerles creer que van a estar recluidos toda su vida. Además, preocupa el trato discriminatorio en contra de las personas presas políticas pertenecientes a grupos indígenas, a muchas de las cuales las obligan a hacer trabajo pesado”, indicó.

Aumento de represalias contra familiares

La UDJ también documentó que un aumento de represalias, tratos humillantes en prisión (como hacer sentadillas en desnudez) y vigilancia policial en contra de familiares de personas presas políticas y/o desaparecidas en los últimos meses.

“Algunos familiares se han visto forzados a huir del país. La angustia de los familiares también los desgasta de forma significativa física y emocionalmente”, anotó.

La Unidad de Defensa Jurídica señaló que “defender los derechos humanos en Nicaragua se está volviendo cada día más complejo, ya que ni siquiera se tiene acceso a expedientes judiciales”. Sin embargo, afirma que “sigue y seguirá firme en su compromiso de acompañamiento con las víctimas de la prisión política en Nicaragua, haciendo escuchar su voz –muchas veces silenciadas– ante el mundo entero, hasta ser libres y tener justicia, verdad, memoria, reparación y no repetición de las violaciones a sus derechos. ¡No están solos!”.