La Fundación Puentes para el Desarrollo se unió a la reciente condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que instó al Estado de Nicaragua a tomar medidas inmediatas ante la violación de los derechos de las niñas víctimas de maternidad forzada tras ser violadas.
“La Fundación Puentes se une a las voces que condenan esta grave violación de los derechos humanos y expresa su profunda preocupación por la situación de miles de niñas y adolescentes en Nicaragua”, sostuvo la Fundación Puentes para el Desarrollo.
Esta condena pone de relieve una alarmante realidad: miles de niñas y adolescentes en Nicaragua se ven obligadas a vivir situaciones de violencia sexual y a llevar embarazos a término, debido a la legislación restrictiva del país.
Los recientes casos de dos niñas menores de 12 y 13 años, quienes fueron obligadas a continuar con sus embarazos producto de violaciones, evidencian la urgencia de una reforma legal en Nicaragua.
De acuerdo con estudios de la Fundación Puentes, más de la mitad de las mujeres nicaragüenses se convierten en madres antes de los 20 años, lo que refleja las profundas desigualdades y carencias en términos de educación sexual, acceso a servicios de salud y oportunidades económicas.
Esta realidad resulta aún más alarmante cuando el Estado es responsable de no proteger adecuadamente a las víctimas de abuso sexual y, en este caso, de someterlas a una maternidad forzada.
“Lo que evidencia –añadió– la urgencia de abordar las causas profundas del embarazo adolescente, como la falta de acceso a educación sexual, oportunidades económicas y servicios de salud adecuados”.
La Fundación Puentes insta a la comunidad internacional, a los gobiernos de la región y a los organismos de derechos humanos a tomar las siguientes acciones urgentes:
- Condenar enérgicamente la maternidad forzada y exigir al Estado de Nicaragua la adopción de medidas para garantizar los derechos de las víctimas, asegurando la reparación del daño causado.
- Fortalecer los sistemas de salud para garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.
- Invertir en educación sexual integral para prevenir el embarazo adolescente y la violencia sexual, empoderando a las niñas y adolescentes con la información y herramientas necesarias para protegerse.
- Promover políticas públicas inclusivas que fomenten el desarrollo pleno de las niñas y adolescentes, asegurando su derecho a una vida digna y libre de violencia.
La Fundación Puentes reiteró su compromiso de trabajar junto a otras organizaciones para erradicar la violencia sexual y garantizar los derechos de todas las mujeres y niñas.
El Comité de Derechos Humanos ha señalado que la tortura psicológica y física sufrida por las niñas en estos casos, incluyendo el trauma del embarazo forzado y el estigma social, es una forma de maltrato que debe ser erradicada.
El informe subraya que la obligación del Estado es proporcionar justicia, reparación, y acceso a servicios médicos y de salud adecuados, lo que incluye el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación.