El Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas, presentó este miércoles un exhaustivo análisis sobre el presupuesto municipal de Nicaragua para el período 2022-2025, proporcionando una base de datos accesible para la fiscalización y control social de los recursos públicos.
A través de esta plataforma, se busca ofrecer herramientas para una mayor transparencia en la gestión pública, a la vez que se destacan preocupantes tendencias relacionadas con el uso de los fondos municipales.
A pesar de que los datos macroeconómicos del país sugieren una “estabilidad en la economía nacional”, el análisis del Presupuesto General revela áreas de preocupación.
Uno de los principales puntos críticos es la reducción de partidas para sectores clave como la educación terciaria y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), que ha visto una significativa disminución en los últimos años.
En contraste, las transferencias a instituciones como la Policía y el Ejército Nacional han experimentado aumentos considerables, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades del régimen Ortega-Murillo.
Control absoluto y centralización del poder
A nivel municipal, el presupuesto ha registrado un aumento constante desde 2022, año en que el orteguismo asumió el control de las 153 alcaldías del país tras un proceso electoral ampliamente cuestionado por su falta de legitimidad.
En este contexto, se observa una tendencia hacia la centralización del poder, especialmente después de la eliminación de la autonomía municipal a través de las reformas constitucionales impulsadas por el régimen. Este control absoluto del oficialismo tiene implicaciones no solo en la vigilancia y participación ciudadana, sino también en el manejo de los recursos públicos.
El incremento de las transferencias municipales, los planes de inversión municipal (PIM) y el presupuesto local entre 2022 y 2025 es un claro reflejo de esta concentración de poder. En 2025, se prevé que los presupuestos municipales superen los 31 mil millones de córdobas, lo que representa un aumento del 62.5% en comparación con 2022.
Esta cifra implica un incremento de más de 12 mil millones de córdobas adicionales para las alcaldías.
Desconfianza y destituciones por corrupción
Sin embargo, el análisis también pone de manifiesto una alarmante realidad: hasta febrero de 2025, se han registrado la destitución de 36 autoridades locales en 14 departamentos y 28 municipios debido a presuntos actos de corrupción.
Este patrón de destituciones refleja una preocupante tendencia de nombramientos basados en lealtades políticas, lo que ha dado lugar a la falta de transparencia y de competencia técnica en las gestiones municipales.
A pesar de los aumentos presupuestarios significativos, las destituciones y el uso indebido de los recursos públicos sugieren que el objetivo principal de este incremento no necesariamente está relacionado con el desarrollo y bienestar de las comunidades.
El informe señala que las políticas de inversión en infraestructura, como la construcción de carreteras y parques, a menudo se han utilizado como una vía para fortalecer redes de clientelismo y corrupción, en lugar de atender las necesidades más urgentes de la población, como la mejora en servicios básicos de agua, saneamiento, y educación.
Dependencia creciente de las transferencias
El presupuesto municipal también refleja una creciente dependencia de las transferencias del “gobierno central”. Mientras que en 2022 las transferencias representaban el 17.44% del presupuesto de los municipios, para 2025 esta cifra se elevará al 37.51%.
Esta dependencia pone en evidencia el control del régimen sobre los recursos municipales y plantea serias dudas sobre la eficacia de la descentralización y el manejo autónomo de los recursos a nivel local.
Municipios como Managua, León, Masaya, Matagalpa y Estelí se destacan entre los que recibirán mayores transferencias municipales en 2025. Sin embargo, municipios como La Trinidad, El Almendro y Murra, que históricamente habían sido gobernados por la oposición, experimentan incrementos extraordinarios en sus transferencias entre 2022 y 2025, lo que podría interpretarse como un intento de consolidar apoyo político y castigar a aquellos territorios que resisten al régimen.
Impacto y dudas sobre la distribución de recursos
En términos de distribución de los recursos, el análisis del Observatorio de Urnas Abiertas señala que, aunque la Ley de Transferencias Municipales de 2013 establece que las asignaciones se basen en criterios como la equidad fiscal, la población y la eficiencia en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), estos criterios no han demostrado ser efectivos a la hora de atender a los municipios más pobres.
Además, la reciente desaparición del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) genera incertidumbre sobre quién está realmente a cargo de la distribución de las transferencias.
El caso de municipios como La Concepción y Pueblo Nuevo, que vieron disminuciones en sus transferencias en 2024 tras la destitución de sus alcaldes, sugiere que las transferencias municipales continúan siendo utilizadas como un mecanismo de control político y castigo hacia aquellos que no se alinean con las directrices del régimen.
Un presupuesto con más preguntas que respuestas
A pesar de la aparente bonanza presupuestaria que se refleja en el aumento de las transferencias y en el presupuesto de los municipios, la falta de transparencia, el aumento de la corrupción y la politización de los recursos públicos siguen siendo serias preocupaciones.
Si bien el crecimiento en la inversión en infraestructura podría tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza, los recursos se siguen utilizando como herramientas para fortalecer el control político del régimen, en lugar de atender las verdaderas necesidades de la población.