La bancada orteguista en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) condecoró a la sancionada procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, encargada de declarar de “utilidad pública” las propiedades confiscadas a los opositores nicaragüenses.
Los diputados orteguistas en el Parlacen otorgaron a Morales Urbina la condecoración San Oscar Arnulfo Romero en reconocimiento “a su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos”, según una declaración del órgano regional.
Esa distinción fue otorgada un año después de que Estados Unidos impusiera sanciones económicas a la procuradora general de Nicaragua, a quien acusa de ser “cómplice” de la represión de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Organismos humanitarios nicaragüenses como el Colectivo Nicaragua Nunca Más señalan a la funcionaria como la responsable de declarar de “utilidad pública” las propiedades expropiadas a opositores y críticos con el régimen, en lo que han denominado como una nueva etapa de confiscaciones en el país centroamericano.
El vicepresidente del Parlacen, el orteguista Guillermo Daniel Ortega Reyes, dijo durante el acto oficial que es la primera entrega que hace del premio San Oscar Arnulfo Romero “con el objetivo de reconocer el compromiso de los ciudadanos centroamericanos y dominicanos en la lucha por la justicia, la dignidad y la igualdad”.
En marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de EE.UU. bloqueó las cuentas y activos de Morales en Estados Unidos y prohibió hacer transacciones con ella porque “es un actor clave en la injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil”.
Morales ya había sido incluida en 2023 en la llamada Lista Engel, con la que el Departamento de Estado señala a actores corruptos de Centroamérica, lo que le prohíbe entrar a territorio estadounidense.
Según la Administración estadounidense, Morales Urbina ha demostrado ser leal a Ortega y tiene un “gran poder” para determinar quién recibe las propiedades e inmuebles confiscados a presos políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación.
De hecho, la funcionaria habría participado en el despojo de las propiedades de los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron excarcelados en febrero de 2023 y desterrados a Estados Unidos.
Washington también considera que el nombramiento de Morales como procuradora general en 2019 fue ilegal dado que incumplió con el requerimiento de haber ejercido la abogacía durante los diez años anteriores al nombramiento.