La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunció el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y la salida de Nicaragua de ese órgano judicial, al que solo pertenecía junto a El Salvador y Honduras, según una nota oficial divulgada la noche del martes.
“El Gobierno de la República de Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de denunciar el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, aprobado el 10 de diciembre de 1992, y retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia a partir de la fecha”, reza un comunicado firmado por el sancionado canciller Valdrack Jaentschke.
En la misiva dirigida al salvadoreño César Ernesto Salazar Grande, magistrado presidente en funciones de la CCJ, la dictadura explicó que el 10 de diciembre de 1992, en ocasión de la XIII Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica, los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá aprobaron el Convenio del Estatuto de la CCJ.
“En estos 32 años, desde su creación, la Corte Centroamericana de Justicia únicamente ha estado integrada por magistrados/as de las Repúblicas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, no logrando cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional”, anotó.
Asimismo, tanto el Estatuto, como el Reglamento de la CCJ “no responden a la realidad de la composición de la misma, ya que contra toda lógica, la Corte está sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”, sostuvo la dictadura.
También está sometida “a decisiones de países que, a pesar de haber aprobado el Estatuto, no han materializado su voluntad de integrarse a la Corte Centroamericana de Justicia o a países que no forman parte del Estatuto”, afirmó.
Por tanto, “esta situación es claramente incoherente y no permite el desarrollo de una Corte que responda a una verdadera integración regional”.
En diciembre pasado, el régimen nicaragüense presentó una solicitud de opinión consultiva ante la CCJ para que se pronunciara sobre la negativa del SICA de convocar a sesión para la elección del nuevo secretario de esa instancia.
La dictadura hizo esa solicitud una semana después de enviar una nota de protesta a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana por oponerse a la elección del excanciller Denis Moncada como nuevo secretario general del SICA.
La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta del régimen.