Salvador Lulio Marenco, abogado nicaragüense y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se refirió a la grave implicancia de la decisión del régimen de Daniel Ortega de no participar en el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un proceso que evaluó la situación de derechos humanos en Nicaragua.
En entrevista con La Mesa Redonda, Marenco expresó su preocupación por la negativa del régimen nicaragüense de ser parte de este mecanismo internacional, que en su cuarto ciclo de revisión debía analizar las violaciones sistemáticas cometidas por la dictadura.
Señaló que la postura del régimen es similar a la de otros gobiernos autoritarios como los de Myanmar, Cuba, Corea del Norte y Venezuela, que también se han rehusado a participar en dicho examen.
“Es increíble como regímenes como Cuba, Corea del Norte y Venezuela siguen participando en el Examen Periódico Universal, pero Nicaragua se decide retirar, decide retirarse de cualquier espacio de diálogo o de interlocución pretendiendo que los crímenes cometidos por ellos queden en la impunidad, lo cual evidentemente retirándose del Consejo y retirándose del EPU no lo van a lograr”, afirmó Marenco.
El abogado recordó que el EPU es un mecanismo voluntario que analiza la situación de derechos humanos de todos los países, y que el régimen se ha desentendido de este proceso de evaluación que comenzó en 2006.
El abogado agregó que, al negarse a participar en el EPU, el régimen de Ortega también está intentando exportar su modelo de censura hacia la comunidad internacional, recordando que los dictadores han roto relaciones diplomáticas con varios países, incluyendo Brasil y los Países Bajos, y se ha retirado de organizaciones como la OEA, la FAO, la OIM y la OIT.
“Estamos hablando de un Estado que pretende imponer el silencio y la censura, sin embargo eso no funciona así con la comunidad internacional. Porque lo que lo que están evidenciando ante la comunidad internacional es que es un Estado que no está dispuesto ni al diálogo ni al cambio para el bien de la democracia en el país, ni tampoco a retroceder en las graves violaciones a derechos humanos, que es un país en donde la impunidad está garantizada, independientemente que sean los crímenes de lesa humanidad que se han cometidos que hay evidencia de sobra”, expuso.
Sin embargo, Marenco resaltó que, aunque Nicaragua se haya retirado del EPU, el sistema de Naciones Unidas sigue siendo amplio y existen mecanismos alternativos que permiten continuar la presión internacional sobre el régimen.
Destacó que las relatorías y grupos de trabajo de la ONU seguirán funcionando, y las investigaciones relacionadas con las violaciones a derechos humanos en el país continuarán.
“Es un reconocimiento ante la comunidad internacional que la no participación de este examen periódico Universal, de que Nicaragua solo queda una opción y es la jurisdicción universal, es la justicia internacional. Entonces ellos están encargándose de que la comunidad internacional lo sepa”, afirmó.
El abogado explicó que el EPU puede paralizarse temporalmente, ya que el proceso es voluntario y depende de la participación del Estado. Sin embargo, esto no significa que se detendrán los esfuerzos para visibilizar las violaciones a los derechos humanos.
“En lo que no podemos caer es que si no hay EPU no hay nada, no; el ecosistema de Naciones Unidas es amplio. Ellos (los dictadores) dijeron de forma absurda que se salen del Consejo de Derechos Humanos cuando no son miembros del Consejo Derechos Humanos; los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos, las herramientas que han sido creadas por la Asamblea General siguen vigentes para Nicaragua porque sigue siendo parte de Naciones Unidas, independientemente que no sea parte del Consejo de Derechos Humanos”, aseveró.
El abogado enfatizó que, aunque el régimen de Ortega pueda intentar silenciar las denuncias y deslegitimar los procesos internacionales, la comunidad internacional no debe perder el interés en Nicaragua.
“Ellos están desgastados, pero también quieren desgastar a la comunidad internacional, a la organizaciones, a las víctimas… pero, lo que se ha perdido es tanto, que eso no les va a funcionar”, dijo Marenco.
Añadió que, a pesar de que el régimen nicaragüense no es suscriptor del Estatuto de Roma, existen vías internacionales que pueden llevar al régimen ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos.
El abogado hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse informada sobre la situación en Nicaragua y a seguir presionando por la justicia.