La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), jueza Nancy Hernández López, presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe detallado sobre la situación de “desacato permanente” en la que se encuentra la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua respecto a las medidas provisionales dictadas por el tribunal a favor de personas perseguidas y encarceladas por motivos políticos.
Durante su intervención, la magistrada denunció que desde junio de 2021 hasta marzo de 2025, la Corte IDH ha emitido 19 resoluciones de medidas provisionales, incluyendo medidas urgentes para 122 personas identificadas en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua.
Sin embargo, el régimen nicaragüense no ha cumplido con ninguna de las resoluciones.
“La Corte ha constatado que estas privaciones de libertad no responden a finalidades penales legítimas, sino que se enmarcan en una lógica de represión política incompatible con los estándares del Estado de Derecho”, afirmó Hernández.
Actualmente, 15 personas siguen privadas de libertad en condiciones extremas, y otras 107 han sido expulsadas del país, muchas de ellas despojadas de su nacionalidad, propiedades, documentos de identidad y títulos académicos, generando situaciones de apatridia y “muerte civil”.
La jueza también recordó que el régimen de Nicaragua no compareció a la audiencia pública convocada el 4 de febrero pasado por la Corte IDH, ni presentó los informes requeridos. Este patrón, denunció, representa “un incumplimiento abierto y sistemático de sus obligaciones internacionales”.
La presentación de la Corte se basa en el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga al tribunal a informar a la OEA sobre los casos en que un Estado no haya cumplido con sus decisiones.
“Este procedimiento, como ustedes saben, no es facultativo para la Corte, es un deber jurídico que se enmarca en la citada norma y derivado entre el principio de garantía colectiva desarrollado por la Corte en su jurisprudencia y recogido expresamente en su opinión consultiva 26 del año 2020”, enfatizó la jueza.
Hernández hizo un llamado firme a los Estados miembros de la OEA para que actúen frente a esta “violación estructural del orden jurídico interamericano”, y pidió que se tomen acciones coordinadas para mitigar las consecuencias humanitarias que enfrentan las personas beneficiarias de las medidas.
“Como manifestaron varias de las personas beneficiadas con estas medidas en la audiencia el pasado 4 de febrero, aunque el Estado de Nicaragua no haya cumplido, estas medidas fueron la única luz de esperanza y sentimiento de no estar solos, sabiendo que afuera había instituciones y organizaciones luchando por su libertad”, dijo.
“Alentamos a los Estados miembros a monitorear activamente la situación de estas personas en ejercicio del principio de solidaridad interamericana y el cumplimiento del deber común de proteger la dignidad humana, piedra angular del sistema regional, e impulsar acciones oportunas en cumplimiento de la responsabilidad compartida que nos une como comunidad jurídica internacional comprometida con la democracia, la paz y los derechos humanos”, concluyó.