La figura de Ramona Rodríguez, expresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la UNAN-Managua, ha sido clave en uno de los capítulos más oscuros para la educación superior en Nicaragua.
Distintos actores de la comunidad universitaria coinciden en que Rodríguez desempeñó un papel directo en la represión contra estudiantes desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, y su legado es un símbolo de la subordinación del sistema universitario público al régimen de Daniel Ortega.
“La complicidad de Ramona Rodríguez con el régimen no se da desde 2018, sino que viene desde antes, en el proceso de desmantelamiento de la autonomía universitaria; y de la complicidad que ha tenido para permitir que la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UNEN) cooptada por el partido FSLN también tenga o mantenga la corrupción dentro de la universidad”, denunció a La Mesa Redonda, Yaritzha Mairena, activista y víctima de la represión. Mairena fue una de las estudiantes expulsadas y criminalizadas en 2018.
“Ramona Rodríguez fue una de las perpetradoras que permitió no solamente el ataque de civiles armados y de la Policía Nacional en el recinto universitario en donde nos encontrábamos, sino también que perpetró amenazas en nuestra contra antes de incluso ser expulsados”, añadió.
Mairena recuerda que fue amenazada por las autoridades universitarias antes del brutal ataque a los estudiantes el 13 de julio de 2018, que terminó con el asesinato de los jóvenes Geral Vázquez y Francisco Flores.
“Es culpable directa de la muerte de Geral Vázquez y de Francisco Flores que murieron en la Divina Misericordia, en el ataque perpetrado”, aseguró.
De rectora a colaboradora del aparato represivo
Los testimonios coinciden en que el rol de Rodríguez como académica quedó anulado al convertirse en una operadora política del Frente Sandinista. “Ella realiza las expulsiones a 84 estudiantes” en la UNAN-Managua, sostuvo Mairena.
Edgar Blanco, coordinador de la organización Acción Universitaria, expone que las cifras de expulsiones por razones políticas ascienden a más de 120 estudiantes hasta 2020, aunque muchas víctimas no han denunciado por temor.
Blanco señala además que las autoridades universitarias dejaron de ser elegidas por la comunidad y pasaron a ser impuestas por la dictadura Ortega-Murillo, violando la Ley de Autonomía universitaria.
Denunció que la elección de rectores se realiza sin convocatoria, sin participación estudiantil ni docente, y que los representantes de la UNEN continúan teniendo poder legal a pesar de su ilegitimidad.
“Claramente no existe un seguimiento a la normativa interna de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, mucho menos la del Consejo Nacional de Universidades y por lo tanto de todas las demás universidades pertenecientes a este Consejo. Ni siquiera hay una convocatoria a elecciones de rectores, lo cual ya de por si refleja una anomalía enorme”, aseguró.
“Los estudiantes no tienen ningún tipo de participación en la elección de sus representaciones estudiantiles. Por lo tanto, estos no tienen ningún tipo de legitimidad”, agregó.
Violencia como política de Estado
Marco Aurelio Peña, exestudiante de la UNAN y codirector de la iniciativa Puentes, vincula el accionar de Rodríguez con una estrategia estructural del régimen para someter a las universidades.
“La señora Ramona Rodríguez, se convirtió en una figura funcional, en una tonta útil, en una académica servil a lo que ocurrió a partir de 2018”, afirmó.
Peña aportó cifras escalofriantes: más de 150 expulsiones documentadas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 45 estudiantes asesinados, y más de 40 mil estudiantes afectados por la cancelación arbitraria de más de 30 universidades privadas desde 2021.
Peña señaló que Ramona Rodríguez y otros funcionarios como Jaime López Lowy, Luis Lovato Blanco y líderes de la UNEN como Luis Andino, deben rendir cuentas por sus delitos.
“La responsabilidad penal, la responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral debe tener rostros y hay que señalarlos, nombrarlos y, por supuesto, que rindan cuentas en un futuro”, recalcó.
Un daño intergeneracional
Los entrevistados coinciden en que las consecuencias de esta represión no solo han sido individuales, sino estructurales. Se ha destruido la autonomía, se ha anulado la representación estudiantil legítima, y se ha forzado a miles de jóvenes al exilio, al abandono de sus estudios o al silencio.
“Lamentablemente la educación en Nicaragua va en picada y el daño desde hace casi 50 años, el daño a la educación superior ha sido intergeneracional y las consecuencias, por supuesto, que van a ser perdurables en el tiempo. Y nos toca de aquí en adelante, hacer todo lo que esté en nuestro alcance para reconstituir, rediseñar y rehacer el sistema de educación superior sobre nuevas bases en la que la libertad sea una piedra angular”, concluyó Peña.