La Fundación del Río presentó este martes 27 de mayo, el informe “Nuevo frente de invasión hacia la Reserva Biológica Indio Maíz: Valoración ambiental del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan”, una radiografía alarmante sobre la expansión de actividades ilícitas que comprometen la integridad ecológica de una de las zonas más biodiversas de Nicaragua.
Ubicado en la margen sur del río San Juan, el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (RVS-RSJ) es una de las áreas protegidas más importantes del país, reconocido como sitio RAMSAR y núcleo de la Reserva de Biósfera Río San Juan de la UNESCO. Sin embargo, enfrenta hoy un acelerado proceso de degradación ambiental, impulsado por invasiones sistemáticas, deforestación, minería ilegal y tráfico de tierras, todo con presunta complicidad de actores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Actualmente, el RVS-RSJ enfrenta un grave deterioro y degradación de sus ecosistemas como consecuencia principalmente de los procesos de invasión inducida, promovida y permitida por las autoridades institucionales, operadores políticos y el régimen de Ortega-Murillo”, advierte el informe.
Deforestación y pérdida de cobertura forestal
El informe documenta una reducción del 32% en la cobertura arbórea del refugio entre 2015 y 2024, equivalente a unas 13,760 hectáreas. De ese total, cerca de 10,000 hectáreas fueron deforestadas y el resto afectadas por incendios provocados.
Pese a ello, aún persisten 22,923 hectáreas de bosque intacto, cruciales para la conservación de biodiversidad y funciones ecosistémicas clave.
Invasiones organizadas con aval político
Fundación del Río denuncia al menos cuatro dinámicas de invasión desde 2022, coordinadas desde estructuras locales del FSLN. Liderazgos políticos en municipios como El Castillo y Bluefields habrían promovido la ocupación de tierras con fines agrícolas y ganaderos, mediante pagos informales y “avales” sin base legal.
Algunas de estas tierras se estarían vendiendo a precios de hasta 15,000 córdobas por lote.
“El proceso de invasión hacia el refugio ha sido inducido, promovido y fomentado por operadores políticos locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que ha permitido el tráfico ilegal de tierras en la zona, el aumento de al menos el 55% de la infraestructura dentro del refugio y del 49% de las población que se ubica en la zona”, dice la Fundación.
Proyecto fraudulento de saneamiento
Una segunda modalidad de ocupación operó bajo el disfraz de un supuesto “Proyecto de Saneamiento y Protección de la Reserva Indio Maíz”. Avales firmados por autoridades del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK), afines al oficialismo, permitieron transacciones fraudulentas que luego fueron denunciadas por la misma organización territorial como irregulares.
Esto sugiere un uso instrumental del saneamiento para justificar el tráfico de tierras dentro del refugio.
Minería ilegal y presión desde Costa Rica
La minería ilegal, incentivada por la actividad en la zona de Crucitas en Costa Rica, ha traído una oleada de personas al RVS-RSJ e Indio Maíz.
Testimonios recogidos por Fundación del Río revelan la existencia de rutas utilizadas para el transporte de insumos mineros tóxicos como mercurio y cianuro. Estas sustancias terminan contaminando los caños que drenan hacia el río San Juan.
Crecimiento descontrolado de infraestructura
El número de edificaciones dentro del refugio ha crecido un 55% desde 2017, pasando de unas 1,000 a más de 1,580. Este aumento está relacionado con la llegada de nuevos pobladores, muchos de los cuales cruzan a Costa Rica para utilizar servicios de salud y educación, generando una presión adicional a la infraestructura social del país vecino.
Incendios y prácticas agrícolas destructivas
Desde 2018, más de 3,800 hectáreas han sido afectadas por incendios forestales dentro del refugio.
Solo en 2024, se han registrado al menos 90 focos de quema agrícola, una práctica común entre los nuevos ocupantes para abrir espacio a cultivos y pastos, replicando patrones que agravan la erosión y pérdida de suelos.
Tráfico de fauna, flora y madera
El informe también detalla la comercialización ilegal de especies de fauna como venados, guardatinajas y lapas verdes, así como la tala y venta de madera preciosa extraída del refugio.
Se han documentado puntos de acopio en la ribera costarricense con madera aserrada proveniente del lado nicaragüense.
Proyecto del dragado sobre el Río San Juan
El régimen de Ortega-Murillo autorizó en julio de 2024, mediante la Resolución Administrativa DGTA N.º 017-2024, las operaciones del dragado del río San Juan, en la cual también se exoneran las tasas de impuestos derivadas de dicha operación.
Se designó como coordinadora del “Proyecto de Dragado del Río San Juan” a Olympia Avellaneda Tórrez Martínez, asignándole el número RUC N.º J0830000452834.
Aunque oficialmente se afirma que las obras comenzaron entre julio y agosto de 2024, imágenes satelitales verificadas por la organización indican que los trabajos de dragado con deposición de materiales ya se realizaban en marzo de 2024, en la desembocadura del río San Juan en el mar Caribe, posiblemente en respuesta al cierre natural de la bocana.
La Fundación comprobó la continuidad del dragado desde el sitio del Delta, con deposiciones de sedimentos hacia unos 20 metros del lado nicaragüense. Esta labor abarca un trayecto de aproximadamente 30 kilómetros hasta la desembocadura del río San Juan. También se han identificado trabajos en la barra de la desembocadura del río Indio hacia el Caribe, una zona de aproximadamente 5 kilómetros de longitud.
El informe señala que la falta de información pública y de transparencia en torno al proyecto impide conocer con certeza los posibles impactos ambientales o las medidas de mitigación que se están implementando. Preocupa especialmente la reincidencia en malas prácticas que en el pasado derivaron en un conflicto internacional con Costa Rica.
“El régimen Ortega-Murillo está teniendo un manejo poco transparente de las acciones relacionadas con el dragado lo que genera muchas preocupación, tanto por los problemas ambientales que se puedan causar al refugio, como por los problemas limítrofes que puedan generarse por la falta de información con dicho proyecto”, apunta el informe.
Los impactos típicos de proyectos de dragado incluyen alteraciones del ecosistema acuático, cambios en los ecosistemas ribereños, aumento de la turbidez del agua, generación de contaminantes, y presión por crecimiento poblacional, entre otros.
El papel del Ejército
Un actor clave en esta situación es el Ejército de Nicaragua, tanto por su respaldo al actuar del Marena como por las funciones que le atribuye la Ley 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, en cuanto al resguardo ambiental.
El Ejército mantiene al menos cinco puestos dentro del RVS-RSJ, cada uno con entre tres y cinco soldados, además de operativos especiales con mayor número de efectivos.
Sin embargo, a pesar de este despliegue, no está cumpliendo su función de protección ambiental en la zona fronteriza. Se ha registrado que la invasión ha avanzado incluso a menos de un kilómetro de estos puestos sin ninguna intervención efectiva.
El informe afirma que es de conocimiento del Ejército la presencia de personas instaladas tanto en el RVS-RSJ como en la Reserva Indio Maíz para actividades como extracción minera, tala ilegal, comercio de fauna y tráfico ilegal de ganado, entre otros delitos ambientales.
No obstante, su accionar se ha limitado en muchos casos a decomisos puntuales de embarcaciones, sin atacar las causas estructurales del problema.
Los testimonios recopilados por la Fundación sugieren que el Ejército tolera la presencia de poblaciones invasoras para obtener inteligencia sobre la dinámica fronteriza, especialmente en zonas de difícil control.
Fundación del Río concluye que el RVS-RSJ se ha convertido en un nuevo frente de invasión hacia la Reserva Biológica Indio Maíz, lo que pone en riesgo la estabilidad ecológica de toda la región.
La organización hace un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos ambientales y gobiernos vecinos a monitorear la situación, y exige el cese inmediato de las actividades ilegales que están destruyendo uno de los pulmones verdes más importantes de Centroamérica.
“Creemos importante el actuar de las organizaciones internacionales para poder demandar el cumplimiento de los compromisos ambientales que el país ha suscrito y el actuar de Costa Rica por los problemas que se generan vinculados con los procesos de invasión que ocurren del otro lado de la frontera compartida”, concluyó Fundación del Río.