Ezequiel Molina | Junio 25, 2025
Datos de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) indican que para 2022 la población ilegal inmigrante en Estados Unidos era de casi 11 millones de personas, de ellos México y el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) acumularon 6.8 millones para un 62% del total, y los países extra continentales que alcanzaron el mayor porcentaje de inmigrantes no autorizados fueron Filipinas, India y República Popular China con un total de 780 mil inmigrantes ilegales, para un 7%. Sin embargo, el centro de pensamiento Pew Research Center fija el porcentaje de indocumentados provenientes de México y el Triángulo del Norte en 55% para ese mismo segmento poblacional. Mencionamos a Filipinas, India y China, sólo para destacar que de las deportaciones realizadas por la administración Trump hasta hoy, sólo se conoce de 104 migrantes indios indocumentados deportados en febrero pasado.
Pero es que además de ser una política antiinmigrante centrada en los indocumentados latinoamericanos, también es una acción cargada de elementos dirigidos a provocar temor a través de despliegues de agentes federales en actitud agresiva en centros de trabajo donde se concentran cantidades importantes de personal especialmente latinoamericano, como son la construcción, la agricultura y la industria de alimentos y hotelería. Y es una política con efectividad cuestionable; la administración Biden deportó entre enero y mayo del año pasado a 82 mil mexicanos, en ese mismo período del presente año, Trump ha logrado deportar a 56,300 mexicanos, un 30% menos que su antecesor, acusado de proteger y promover la inmigración ilegal.
Vista a futuro, el presidente Trump ha fijado una cuota de 3 mil detenciones diarias, cifra que de cumplirse sin margen de error acumularía durante los 4 años de su permanencia en la Casa Blanca la deportación de unos 4,4 millones de indocumentados, es decir un 40% del total de ilegales residiendo en el país del Norte, muy lejos de su promesa de campaña. Si a ello sumamos la actitud de resistencia presentada por grupos de la sociedad civil, respaldada por políticos de distinto rango (gobernadores, alcaldes, congresistas, etc.) ante las redadas ejecutadas por las agencias federales, todo parece indicar que la política de cero tolerancia con los inmigrantes ilegales podría ser poco exitosa.
Los migrantes nicaragüenses beneficiados con el parole humanitario han sido afectados por la suspensión del mismo, pero muchos de los connacionales aplicaron a la figura de asilo político en su afán de permanecer trabajando en los Estados donde se encuentran; el pedimento de los nicaragüenses se basa en la represión política y la falta de libertades impuesta por la dictadura sandinista, además de una situación económica en el país, con reducidas oportunidades para mejorar el estándar de vida de sus familias.
Quienes puedan ser escuchados por los funcionarios de alto nivel de la administración Trump, deben preguntar sobre cuántos narcotraficantes, asesinos en serie, violadores y otros delincuentes de alta peligrosidad han sido capturados en las redadas efectuadas en la construcción, en los campos de cultivos, o en hoteles y restaurantes. Esa cifra nos puede dar una idea sobre la efectividad de las redadas realizadas.