Parte I: Las capas del espionaje
Vlada Krasova Torres | 25 de junio 2025
En tiempos de exilio forzado, no solo cruzan la frontera los perseguidos, también lo hacen los mecanismos de persecución. El espionaje político impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha trascendido las fronteras nicaragüenses, infiltrando comunidades en Costa Rica mediante una red estructurada de inteligencia con múltiples capas operativas. Esta red, en lugar de responder a fines legítimos de seguridad estatal, actúa como instrumento de represión política transnacional. Analizarla desde los niveles funcionales de una operación de inteligencia agentes de campo, procesadores, analistas, intermediarios y tomadores de decisiones permite comprender su arquitectura criminal.
Los testimonios de Roberto Samcam en su entrevista al medio Mesa Redonda indican la existencia de agentes con presencia activa en comunidades exiliadas, infiltrando reuniones, recolectando nombres, grabando conversaciones y observando patrones de movimiento. Su función es recoger información bruta que, aunque carente de análisis inicial, resulta clave para el rastreo y neutralización de opositores. Estas funciones se alinean con lo que el autor Michael Herman, en su libro Intelligence Power in Peace and War publicado por Cambridge University Press en 1996, denomina el «nivel táctico de inteligencia», en el que la recolección directa de datos constituye el primer eslabón del ciclo informativo. Como confirma la entrevista a Samcam, estos agentes se camuflan entre la diáspora, operan sin credenciales oficiales y a menudo están vinculados a la embajada de Nicaragua en San José, que funciona como base logística encubierta.
Una vez recolectada, la información es enviada a quienes actúan como “procesadores”, que la filtran, codifican, validan y almacenan. Esta etapa es clave para depurar ruido, identificar patrones y priorizar amenazas. Aunque menos visibles, los procesadores suelen estar dentro de las sedes diplomáticas, en contacto directo con los agentes de campo. De acuerdo con Mark Lowenthal, en su obra Intelligence: From Secrets to Policy publicada en 2019 por CQ Press, los procesadores constituyen el “puente operativo” entre la fuente de información y el análisis estratégico. En el caso nicaragüense, esta hipótesis cobra fuerza al observar que la embajada en San José alberga al menos 28 funcionarios sin cargo diplomático formal ante la Cancillería costarricense, lo cual sugiere que parte de este personal cumple funciones de procesamiento de datos y contravigilancia.
El tercer nivel lo integran los analistas de inteligencia, encargados de interpretar los datos, conectar nombres con estructuras opositoras y generar perfiles de amenaza. Ellos determinan qué activistas deben ser vigilados, desacreditados o silenciados. Este nivel donde la información se convierte en insumo operativo ha sido descrito por Richards J. Heuer en su libro Psychology of Intelligence Analysis, publicado por la CIA en 1999, como el punto de inflexión donde los sesgos, el entorno institucional y las presiones políticas determinan cómo se convierte un dato en una amenaza. En el contexto de Nicaragua, los analistas responden a lógicas autoritarias y criterios de utilidad política, no a protocolos legales o éticos.
Entre estos analistas y la cúpula operan los intermediarios: figuras híbridas que transforman la información en órdenes. Son quienes definen a quién infiltrar, qué movimientos interrumpir, qué líderes deben ser objeto de atentados o campañas de descrédito. Su existencia confirma que la inteligencia no opera sola, sino articulada con una estrategia de acción, que se materializa en intimidaciones, atentados o asesinatos. Finalmente, en la cúspide se encuentran los tomadores de decisiones. En el modelo nicaragüense, no es un consejo técnico ni una instancia legal: es el mismo binomio Ortega-Murillo. Tal como advierte Andreas Schedler en The Politics of Uncertainty, publicado por Oxford University Press en 2006, los regímenes autoritarios del siglo XXI han dejado de lado la violencia visible para sustituirla por dispositivos de control subrepticio, sofisticados y adaptados a los entornos democráticos donde opera la diáspora.
Esta estructura en capas no protege al Estado: lo convierte en autor de un crimen. Porque cuando la vigilancia cruza la frontera y se instala donde debería haber asilo, deja de ser una cuestión interna. La presencia de agentes de inteligencia nicaragüenses en Costa Rica, infiltrando barrios, asambleas y redes, sin ningún control diplomático legítimo, constituye no solo una violación a la soberanía del país receptor, sino también un acto de agresión contra las garantías del derecho internacional y del estatuto de persona refugiada. Tal como lo establece la Convención de Viena de 1961, ningún funcionario diplomático puede usar su cargo para interferir en los asuntos internos del Estado anfitrión.
Desarticular esta red no es solo una tarea de seguridad. Es una obligación democrática. Las organizaciones internacionales, las autoridades costarricenses y las propias comunidades exiliadas deben cooperar para identificar las capas de esta estructura, denunciar sus actos, y proteger la integridad de quienes solo buscan rehacer sus vidas. Porque en tiempos de represión transnacional, la vigilancia debe cambiar de dirección: ahora son las víctimas quienes deben vigilar a sus vigilantes.
Aquí puedes ver la Parte II: Análisis criminal básico
Aquí puedes ver la Parte III: Cooperación criminal
*MSc. Vlada Krasova Torres | Profesional en Relaciones Internacionales, con estudios superiores en gestión del conocimiento, políticas públicas, gobernabilidad democrática y derechos humanos.