Mauricio Herrera | 25 junio 2025
La Sala Constitucional resolvió hoy un recurso de Hábeas Corpus que yo presenté el pasado 7 de marzo, y la sentencia ordena la liberación de las personas extranjeras deportadas por Donald Trump a Costa Rica, pide que el Estado costarricense se haga cargo de su atención en salud, educación, vivienda, y condena en costas a Estado por los daños causados a estas personas (¿A cuánto ascenderá la indemnización justa a familias completas detenidas ilegalmente en un país extranjero?)
El Por Tanto implica con claridad que estas personas deportadas nunca debieron estar detenidas y que Costa Rica debe asumir el costo de su atención social. Además, la Sala condena en costas al Estado costarricense por los daños y perjuicios ocasionados a las personas que fueron aceptadas en el país y presas por más de dos meses. Las personas extranjeras deportadas y privadas de su libertad ilegalmente ahora tienen derecho a pedir una indemnización al Estado costarricense.
La Sala Constitucional reafirma que en Costa Rica ninguna persona inocente puede ser privada de su libertad, menos si han sido deportados a Costa Rica sin su consentimiento.
Estas 200 personas fueron detenidas en condiciones inhumanas en los Estados Unidos y trasladadas a Costa Rica contra su voluntad. Fueron entregadas por autoridades de aquel país, recibidas por autoridades costarricenses e ingresaron a Costa Rica por el aeropuerto, sin haber cometido ningún delito ni haber infringido las leyes migratorias nacionales. Entonces, la pregunta siempre fue ¿Por qué fueron detenidas e internadas en una instalación migratoria si no han cometido ningún delito en Costa Rica? La Sala Cuarta ha resuelto que ese tratamiento va en contra de nuestra Constitución y nuestras leyes.
En tiempos muy oscuros para el mundo, para Estados Unidos y para el país, se reafirma que en Costa Rica no puede haber campos de internamiento para personas inocentes. La Sala Constitucional ratifica la defensa de la soberanía nacional y el derecho a la libertad de cada persona independientemente de su nacionalidad y condición migratoria. Cada persona cuenta y es importante. En Costa Rica la libertad es sagrada.
El gobierno de Costa Rica cometió un gravísimo error al llegar a un acuerdo con Estados Unidos para aceptar recibir personas deportadas a quienes se les estaban violando sus derechos humanos, y al detenerlas en un centro de internamiento en Costa Rica, privarlas de su libertad y no darles la asistencia social necesaria, que requiere cualquier ser humano.
A pesar de los daños a la reputación nacional que el actual gobierno ha causado, el Poder Judicial confirma ser un muro de defensa de las mejores tradiciones, valores y principios costarricenses.
