El reconocido analista político y economista nicaragüense Enrique Sáenz cuestionó duramente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, al señalar que esa medida contradice la vigencia de una emergencia nacional declarada contra el régimen Ortega-Murillo desde 2018, la cual sigue activa por representar una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
“¿Puede el Departamento de Seguridad Nacional ignorar una Orden Ejecutiva?”, se preguntó Sáenz en referencia a la Orden Ejecutiva 13851, emitida por el presidente Donald Trump durante su primer mandato el 27 de noviembre de 2018, y ratificada por el expresidente Joe Biden en 2022, en 2023 y 2024.
Esa orden declara que la situación en Nicaragua constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de EE.UU.
Sáenz también recordó que el mismo Departamento de Estado ha calificado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como “enemigos de la humanidad”, según declaraciones del secretario Marco Rubio, emitidas el 4 de febrero pasado en San José, Costa Rica.
“¿Sigue siendo el régimen encabezado por Daniel Ortega una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos o es el paraíso que describe el Departamento de Seguridad Nacional? ¿Ya no son válidas las declaraciones del secretario Rubio?”, cuestionó.
Contradicciones con la política exterior de EEUU
La vigencia de la emergencia nacional con respecto a Nicaragua ha sido reafirmada cada año desde 2018.
El 22 de noviembre de 2024, el expresidente Biden firmó un nuevo aviso al Congreso, señalando que la represión, corrupción y debilitamiento institucional en Nicaragua continúan siendo motivo de alerta para Washington.
Además, Estados Unidos mantiene sanciones contra más de 2.000 funcionarios del régimen, incluyendo la co-dictadora Rosario Murillo, por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos, represión política y corrupción.
Sáenz cuestiona el aparente doble discurso de Estados Unidos que, por un lado declara a la dictadura de Nicaragua “amenaza a la humanidad y la estabilidad hemisférica”; y por otro, lo califica de “progreso económico y estabilidad”, como sugiere el DHS al justificar el fin del TPS para los nicaragüenses.
Cancelación del TPS y sus implicaciones
La cancelación del TPS para Nicaragua ha generado alarma entre organizaciones de defensa de migrantes y voces de la oposición. Desde 1999, este estatus ha protegido a miles de nicaragüenses de la deportación y les ha permitido trabajar legalmente en Estados Unidos.
El DHS argumentó que las condiciones que motivaron su designación original —como los estragos del huracán Mitch— ya no existen.
Entre los “logros” mencionados se incluyen:
- Inversiones millonarias en infraestructura vial, educación, salud y gestión de tierras.
- Construcción de más de 200 kilómetros de carreteras y puentes para mitigar inundaciones.
- Desarrollo de proyectos para enfrentar la inseguridad alimentaria y mejorar la vivienda.
- Promoción del turismo sostenible, con Nicaragua convertida en “un destino turístico mundial”.
- Implementación de tecnologías para empoderar a agricultores y pescadores locales.
- Estabilidad macroeconómica destacada en el reporte de clima de inversión 2024 del Departamento de Estado, que cita más de 5 mil millones de dólares en reservas extranjeras y un sistema bancario sólido.
- Capacidad de recibir retornados.
Otro de los argumentos clave para la terminación del TPS es que, según el DHS, el régimen en Nicaragua “ha estado aceptando regularmente el regreso de sus nacionales con órdenes finales de deportación durante los últimos cinco años”, lo cual fue calificado como una capacidad de retorno “adecuada”.