En las universidades públicas de Nicaragua, el temor se ha vuelto parte del día a día. Desde finales de 2024, una oleada de despidos ha sacudido a docentes, administrativos, técnicos y personal de limpieza, dejando un ambiente de incertidumbre que atraviesa aulas y oficinas.
Según extrabajadores y empleados consultados por el medio Confidencial, la “barrida silenciosa” sigue en marcha y no muestra señales de detenerse.
“Los despidos nunca han cesado y son bastante impredecibles. En diciembre de 2024, ya casi para despedir el año hubo una barrida fuerte en varias universidades, pero los despidos han continuado durante todo lo que va de 2025”, afirma Ezequiel, un maestro de un recinto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
La ola de destituciones ha alcanzado a rectores, personal administrativo, jefes de área, maestros, técnicos y hasta personal de limpieza.
Testimonios de incertidumbre
Judith, exempleada de la UNAN-Managua en el sur del país, fue despedida a finales de 2024 junto con más de 20 compañeros, coincidiendo con auditorías de la Procuraduría General de la República.
“Cumplí siempre con mis labores y hasta participé en actividades políticas obligatorias, pero eso no me salvó”, relató a ese medio.
Guillermo, trabajador de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, aseguró que la incertidumbre se ha generalizado: “Hay terror porque cualquiera puede ser el próximo. Han despedido incluso a personas muy sandinistas que se creían intocables”.
Golpe a la autonomía y a la calidad educativa
Entre 2023 y 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyó a altos cargos de al menos ocho universidades estatales, incluyendo a la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez.
Las medidas se enmarcan en una “reestructuración” que eliminó facultades y redujo personal, lo que ha provocado el reemplazo de docentes calificados por personal sin experiencia pero afín al partido sandinista.
Fuentes universitarias advierten que casi el 40% del personal académico ha sido removido, afectando seriamente la calidad de la educación superior.
Ernesto Medina, exrector de la UNAN-León y la UAM, considera que las destituciones marcan “el fin de la autonomía universitaria” y responden a un criterio de lealtad personal hacia la pareja dictatorial.
Corrupción y control político
Las auditorías internas han detectado “planillas infladas, pagos por consultorías inexistentes y manejos irregulares en obras de infraestructura”, según una fuente citada por Confidencial.
Pequeños grupos de poder, sin criterios académicos, controlan decisiones y utilizan las universidades como plataformas políticas.
Según denunció en 2024 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), estos despidos forman parte de un patrón de persecución política que busca consolidar el control de la dictadura sobre la educación superior.