El abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz, fundador delCentro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) en Argentina, explicó este jueves a La Mesa Redonda que la denuncia presentada ayer ante la justicia de ese país suramericano, contra el dictador Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y otros siete funcionarios por delitos de lesa humanidad perpetrados en Nicaragua desde 2018, se suma a la denuncia ya hecha en octubre pasado por otros abogados de origen argentino.
“El día de ayer presentamos una denuncia y se suma a la que ya había presentado el Fiscal Nacional en lo Penal y Correccional (Eduardo) Taiano a mediados de octubre, y lo que hicimos nosotros fue presentar una denuncia particular donde escogimos a una cantidad determinada de funcionarios sobre la base de las denuncias que hemos recibido en CALIDH”, declaró el abogado.
“Nosotros nos adherimos como partes intervinientes en el proceso, pero él (Taiano) es el que tiene la acción penal, el que tramita el caso por ser parte del Ministerio Público aquí en Argentina. Nosotros vamos a poder acceder al expediente, a la documentación que presente el Fiscal o las resoluciones que vaya emitiendo el juez a cargo de este proceso”, añadió.
El abogado subrayó que “para CALIDH es muy importante la presentación de esta denuncia porque es el resultado del trabajo que venimos haciendo de las denuncias que (nos) han presentado muchas personas”.
La denuncia de CALIDH es contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, Francisco Diaz, Primer Comisionado y Director de la Policía; Ramón Avellán, Comisionado y Subdirector de la Policía; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud de Nicaragua; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Ramona Rodríguez, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Ramírez Ayérdiz expuso que Ramona Rodríguez y Alba Luz Ramos, fueron incluidas en su denuncia por instrumentalizar las instituciones que representan para “castigar y censurar” y “expulsar” a la población opositora al régimen de Ortega.
“La denuncia fue presentada y ahora lo que viene es que el Juez que ya emitió una serie de medidas cautelares, él ya ordenó un oficio que enviara el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino al nicaragüense para preguntar cuál es la situación de las personas privadas de libertad, en especial monseñor Rolando Álvarez Lagos; el juez ya ordenó que se descargaran todos los informes que hay respecto a las violaciones de Derechos Humanos que han escrito las organizaciones internacionales… Está este proceso en etapa de sumario, de ver si existen los elementos para que este proceso que vaya a otro proceso que es el de apertura a pruebas. Por ahora el juez está considerando si existen méritos para que este proceso continúe”, expresó.
CALIDH considera que estos funcionarios “son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras”.
La organización busca que la justicia argentina establezca la responsabilidad penal y sanciones contra los denunciados; contribuya, junto con otras iniciativas de justicia en curso, al derecho de memoria, verdad y reparación de las víctimas y sus familiares y favorezca que los países democráticos del mundo abran procesos similares contra los responsables de estos delitos.
Junto con la denuncia, la organización adjuntó cuatro informes que ha presentado ante distintos órganos de vigilancia de tratados de Naciones Unidas y relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expresa su “profunda preocupación por la situación de los derechos civiles y políticos, derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes y de la libertad de asociación en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua”.
Adicionalmente, CALIDH presentó a la autoridad judicial argentina un resumen de los casos que actualmente lleva ante la CIDH, en los que las personas representadas son víctimas de los delitos denunciados.
Ramírez Ayérdiz, dijo desconocer si la Cancillería en Nicaragua ya dio algún paso al respecto.