La ONG Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y, en el caso de Nicaragua afirmó que persiste la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018.
En su informe, AI explicó que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, concluyó en marzo pasado que tenía motivos razonables para creer que el régimen de Ortega y Rosario Murillo, llevaban participando desde abril de 2018 en violaciones de derechos humanos y actos que constituían crímenes de lesa humanidad.
Destacó que el GHREN recomendó a la comunidad internacional que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua y apoyara a la sociedad civil.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea pidieron al régimen de Ortega que investigara las violaciones de derechos humanos y garantizara la justicia, anotó.
“Al concluir el año (2023), sin embargo, no se había emprendido investigación alguna y los delitos seguían impunes”, advirtió AI.
Por el contrario, alertó, el régimen había seguido aplicando sus tácticas represivas, lo que hacía casi imposible defender los derechos humanos en ese país.
Violaciones a los derechos humanos persisten desde 2018
AI indicó que la crisis política que vive Nicaragua desde abril de 2018 se ha caracterizado por graves violaciones de los derechos humanos, como la privación de la nacionalidad nicaragüense a integrantes de la oposición política, y la detención arbitraria de personas defensoras de los derechos humanos, líderes religiosos y miembros de las dirigencias indígenas.
“La brutalidad de la represión había provocado al menos 355 muertes documentadas, lesiones a más de 2.000 personas, una oleada de detenciones arbitrarias y despidos injustificados, y la expulsión y privación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 personas”, puntualizó.
Subrayó que la CIDH calificó la privación de la nacionalidad y la confiscación de bienes de “violaciones graves de derechos humanos”, y que exigió al régimen que permitiera su retorno voluntario y seguro al país, pusiera fin a esas prácticas y restituyera los derechos de las personas afectadas.