La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría orteguista, cerró este martes su período de este año sin cumplir con su promesa de reformar la Ley Electoral de cara a los comicios generales previstos para noviembre de 2021.
Durante la lectura del informe anual, el sancionado Gustavo Porras, no hizo alusión al tema que él mismo adelantó el 9 de enero pasado al presentar la agenda anual del Parlamento durante la sesión solemne para la apertura de la XXXVI Legislatura.
Entonces, Porras anunció que reformarían la Ley Electoral para buscar cómo “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral”.
Las reformas electorales son una antigua demanda de la oposición nicaragüense y parte de la comunidad internacional para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y observadas en noviembre de 2021.
REFORMAS PARA SUPERAR CRISIS
El objetivo de las reformas, según el argumento de esos sectores, es lograr a través del voto una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron unas revueltas por unas fallidas reformas a la Seguridad Social que fueron aplastadas a la fuerza por el régimen de Daniel Ortega.
Los sectores adversos al régimen señalan al Consejo Supremo Electoral (CSE) de ser un apéndice de Ortega y de favorecer al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde los comicios municipales de 2008 por medio de fraude o amaño.
Alegan que, desde la vuelta de Ortega al poder en enero de 2007, el Poder Electoral no divulga los resultados totales de las elecciones, que ha alterado los padrones, que ha prohibido la observación electoral independiente, que expulsa y no acredita a los fiscales de la oposición, que elimina posibles partidos y electores, y que aparecen hasta difuntos entre los votantes.
La Ley Electoral es de carácter constitucional, por lo que para que cualquier cambio entre en vigor antes de las elecciones del año próximo, debía ser aprobada en dos legislaturas, en la actual que concluyó hoy, y en la que iniciará a partir del 9 de enero de 2021.
Los orteguistas tienen mayoría absoluta en el Parlamento para reformar leyes constitucionales y aprobar leyes ordinarias.
Porras, presidente de la Asamblea Nacional que fue sancionado por Estados Unidos por promulgar leyes represivas, no explicó las razones por las que no discutieron y aprobaron la reforma electoral en la XXXVI Legislatura.
Durante su informe, Porras invocó el artículo 1 de la Constitución Política que se refiere a que “la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense”.
Porras dijo que no pueden “permitir la injerencia extranjera” y que cada acción que el Parlamento adopte debe estar regida con ese artículo constitucional.
Además, dijo que van “al año de la esperanza victoriosa”, en alusión a las elecciones generales de 2021, y que los orteguistas van “más fuerte que nunca”.
Sobre las leyes aprobadas en el período legislativo destacó la reforma constitucional que busca instaurar la prisión perpetua para crímenes de odio, y la ley de agentes extranjeros, que junto a la ley especial de ciberdelitos han causado polémica.
A la sesión solemne acudieron representantes de los diferentes poderes del Estado, Ejército y Policía, y diplomáticos de las embajadas de Cuba, Guatemala, Honduras, Irán, Japón, Palestina, Rusia, Taiwán y Venezuela.
*Con información de EFE