El Estado de derecho se está deteriorando en Nicaragua, advirtió la ONU este jueves, reclamando una reforma electoral urgente para garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre sean “libres, justas y transparentes”.
“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose”, declaró la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación de un informe sobre el país ante el Consejo de derechos humanos, en Ginebra.
“La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, agregó en un mensaje grabado en video.
Wendy Carolina Morales, procuradora orteguista, indicó que “el gobierno […] expresa su no aceptación y rechazo absoluto del informe”, al que tacha de “injerencista”, por “considerarlo unilateral, parcializado, carente de objetividad”, en una nota enviada al Alto Comisionado de la ONU.
En diciembre, el Parlamento aprobó una controvertida ley que aparta de las elecciones generales de 2021 a quienes promuevan las sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara alusión a la oposición.
En su informe, Bachelet reclama la adopción urgente de reformas electorales “que garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes” en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras.
Asimismo, la alta comisionada insta a las autoridades a “poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas, o que expresan opiniones que difieren de las del Gobierno”.
Bachelet también lamentó que el régimen orteguista no haya reconocido “la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018” y explicó que la impunidad condujo a la reiteración de violaciones de derechos humanos.
*Agencias