El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) presentó este lunes 10 de julio, su informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, afirmando que estos “hoy día y más que nunca están completamente restringidos”.
El documento dedicado a “monseñor Rolando Álvarez Lagos y a todas y todos los presos políticos de Nicaragua”, señala que en apenas seis meses se cometieron tantas violaciones de derechos humanos como en los últimos dos años.
“El aumento de las formas de violaciones de derechos humanos en el primer semestre de este año obedece a la intención deliberada del Estado de someter de forma brutal a la población nicaragüense a sus dictados a través del terrorismo de Estado. CALIDH ha insistido constantemente que Nicaragua está viviendo tiempos de terrorismo de Estado, una contraposición del Estado de Derecho, pues consiste en la utilización de la autoridad estatal al margen de la ley y en perjuicio de la población”, reza el informe.
CALIDH apunta que “la demolición absoluta de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo persigue imponer una situación de temor generalizado en la población a través de actos estatales de conocimiento y repercusiones públicas”.
“No ha habido un solo acto gubernamental que atropelle los derechos de algún grupo de nicaragüenses que no tenga como finalidad que la ciudadanía sintiera temor. A diferencia de las graves violaciones de derechos humanos de 2018, que el Estado ha negado sistemáticamente, las que se han cometido especialmente desde 2021 se perpetran con la más abierta impunidad pública”, asevera CALIDH.
El informe también destaca que entre enero y junio de este año existe un “alarmante aumento de las conductas prohibidas por el Derecho Internacional que configuran crímenes de lesa humanidad”.
“La simultaneidad de estos crímenes, como las ejecuciones extrajudiciales, el destierro forzado, el encarcelamiento o privación grave de la libertad, la continuidad de la demolición de los espacios cívicos y las desnacionalizaciones, devuelven al país al clima de múltiples violaciones de derechos humanos de 2018 y el panorama no parece mejorar. Asimismo, es preocupante las nuevas modalidades de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado y sus funcionarios”, anota el documento.
El Centro denuncia en el informe el ataque generalizado y sistemático contra la población civil, las agresiones contra la Iglesia Católica, el encarcelamiento de sacerdotes y otros laicos que desempeñan puestos en las estructuras eclesiales, resaltando el caso de “monseñor Rolando Álvarez Lagos, condenado a una irrisoria e injusta pena de 26 años de cárcel y sometido a tratos crueles y tortura al estar en una celda de castigo en la cárcel Jorge Navarro ‘La Modelo’, evidencia la intención estatal de debilitar absolutamente a la Iglesia como institución”.
También denuncia la prohibición de más de tres mil procesiones en el marco de la Semana Santa, el destierro forzado de expresos políticos y las desnacionalizaciones. “Ambos constituyen crímenes de lesa humanidad”, indicó CALIDH.
Añadió que las restricciones a la libertad de prensa han alcanzado niveles inimaginables.
Conclusiones del informe de CALIDH:
1. Existe un contexto permanente de restricción absoluta de los derechos humanos en Nicaragua, agravado por la dolosa falta de voluntad del Estado de cumplir con sus obligaciones establecidas en la constitución del país y en los tratados internacionales de los que es Estado Parte.
2. Los crímenes de lesa humanidad se han potenciado, ampliado en sus formas y profundizado de manera alarmante entre enero y junio de 2023; nos resulta preocupante la comisión de diversos crímenes de lesa humanidad en tan corto tiempo como el destierro forzado y la desnacionalización de cientos de nicaragüenses.
3. Además de la persistencia del ataque generalizado y sistemático contra la población civil, se ha consumado en este semestre la configuración de crímenes de lesa humanidad específicos de persecución a grupos particulares por razones religiosas contra la Iglesia Católica y contra los pueblos y comunidades mayagnas y miskitus del Caribe Norte por motivos étnicos.
4. En el periodo del informe el Estado ha consumado un ambiente de terrorismo de Estado consistente en el uso de la autoridad estatal al margen de la legalidad y dirigido a la imposición de un clima de temor generalizado en la población y de doblegamiento moral de los ciudadanos, mediante la comisión pública e impune de graves violaciones de derechos humanos destinadas a erradicar cualquier resquicio de ejercicio de las libertades incluida la oposición al régimen.
5. La restricción contra la libertad de prensa ha llegado a su punto más álgido con el ataque agresivo y directo contra directores y periodistas de medios de comunicación independientes al despojarlos de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes.
6. Las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQA+ siguen sufriendo de la desprotección estatal debido a la inexistencia de políticas integrales de protección y la persistencia de un abordaje de la violencia centrado en tres ejes a saber, (1) la promoción de una visión familiarista de la sociedad; (2) la ausencia de medidas de prevención y la respuesta al delito mediante el punitivismo exacerbado y (3) la absoluta concentración de las autoridades policiales y del sistema de justicia en las tareas de represión de la población.
7. Las presas y presos políticos siguen siendo víctimas del patrón de censura castigo y venganza por parte del Estado bajo el argumento de ser autores de desestabilizar al país. Persisten los actos de tortura y de tratos crueles, entre ellos la ausencia de atención médica oportuna, condiciones inhumanas de detención y la aplicación de medidas de castigo sin ninguna razón.
8. La libertad de asociación está completamente demolida; es preocupante que en un país en el que cunde la pobreza se cierren y confisquen a las organizaciones asistenciales que atendían a sectores históricamente postergados de los que el Estado nunca se ha ocupado, profundizando así la vulnerabilidad de estos sectores, especialmente las niñas, los niños, adolescentes y mujeres.
9. La situación de la Iglesia Católica es crítica, los múltiples ataques de los que son víctimas sus miembros buscan la debilitación absoluta en términos institucionales y el doblegamiento moral de su feligresía mediante las embestidas a sus líderes; el país se conduce hacia la supresión absoluta de la libertad religiosa.
10. La situación de los migrantes nicaragüenses es la peor de los últimos treinta años, persisten las carencias, los asesinatos y femicidios en la población migrante, todas estas situaciones atribuibles al Estado de Nicaragua. La incapacidad del Estado de poder contener a la migración económica evidencia el deterioro del empleo y de las condiciones de vida en Nicaragua.
11. Las comunidades y pueblos indígenas mayagnas y miskitus sufren del aumento de la violencia letal que busca su desterritorialización mediante el etnocidio y el desplazamiento forzado; el Estado de Nicaragua es cómplice y tiene intereses directos en esta situación de violencia. Los ataques observados contra las comunidades tienen características similares con las actuaciones de los paraestatales en el pacífico, por lo que es posible aseverar la responsabilidad militar y policial en estos crímenes
CALIDH es una organización de la sociedad civil argentina establecida con la finalidad de promover, defender y justiciabilizar los derechos humanos en Latinoamérica, en especial, los de grupos en situación de vulnerabilidad. Fue fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz.