Unos 3.980 estudiantes quedaron con sus carreras inconclusas luego de que el régimen orteguista a través de la Asamblea Nacional cancelara la personalidad jurídica a la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), denunció la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“La cancelación de la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana afecta a 3.980 estudiantes de carreras de ingenierías y licenciaturas, así como siete programas técnicos superiores, diez postgrados y maestrías, cinco cursos y diplomados, distribuidos en los recintos de Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas”, dijo el miembro del sector juvenil y estudiantil de la Alianza Enrique Cuadra, en un video compartido a periodistas.
Junto con la UHISPAM fueron canceladas la Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), la Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup), y Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), todas asociadas al empresario Leonardo Torres.
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La cancelación de las organizaciones vinculadas al también miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, fue ejecutada el pasado día 14 por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional.
El Parlamento alegó que dichas organizaciones se encontraban acéfalas, no reportaban sus estados financieros correspondientes con sus desgloses detallados, ni habían presentado los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos, impacto social de los mismos y si están acorde con los fines y objetivos.
La agencia Efe intentó conocer la posición de la universidad, pero sus instalaciones permanecen cerradas, y sus líneas telefónicas emiten un aviso de que están suspendidas o atienden pero se mantienen en silencio.
“Estudiantes y padres de familia están sumamente preocupados porque su título no tenga validez, y que tanto sacrificio haya sido en vano”, dijo la también integrante de la Alianza Cívica, Yunova Acosta.
El movimiento opositor también demandó una “solución inmediata” a los títulos pendientes de los estudiantes egresados, las notas de los que están en curso, y el regreso del pago de los gastos de la promoción anulada.
Aunque la universidad no da respuestas, en su página web se observa que todavía ofrece cursos para 2022.