Cárcel domiciliar contra Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial inhibida antes de juicio

*Por Expediente Público

Con el objetivo de poner fin a las aspiraciones presidenciales de Cristiana Chamorro Barrios, el gobierno de Daniel Ortega inhabilitó a la opositora para ocupar cualquier cargo público en Nicaragua y ordenó su detención, tras acusarla por el delito de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con el tipo penal de lavado de dinero y activos. 

La Policía Nacional ejecutó un fuerte operativo y allanó la vivienda de Chamorro, ubicada en el sector de carretera Sur de Managua, alrededor de las 11:20 de la mañana del 2 de junio, por orden de la jueza Karen Chavarría Morales del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua a solicitud de la Fiscalía, bajo control del gobierno. 

La acusación fue presentada el martes 1 de junio en la noche, horas después que Chamorro entregó una carta de intención para entrar al proceso de selección del candidato único a participar en las elecciones del próximo 7 de noviembre, en representación de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.  

“No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república”, escribió Chamorro en su cuenta de Twitter en respuesta a la acción del régimen un día antes de que se ordenara su detención.  

Según el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, la precandidata ha recibido casa por cárcel.  

La jornada de represión del gobierno contra la oposición, también incluyó asedio y hostigamiento policial en contra de la abogada Eylin Cruz, quien da acompañamiento jurídico a la aspirante presidencial y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en el caso abierto por la Fiscalía.

De forma “ilegal” la abogada fue retenida en la calle de Managua, el 28 de mayo, por agentes policiales cuando circulaba junto a otro de sus colegas y el periodista y director del medio digital Liternal Ni, José Adán Silva, mencionó Cruz a Expediente Público.  

“Es un acto ilegal e intimidatorio, la Policía tiene facultades de retener o interceptar a personas cuando se presume que están cometiendo un delito y en este caso, dos abogados y el periodista José Adán Silva, no estábamos cometiendo ningún delito estábamos regresando de una gestión de carácter administrativo hacia una instancia como el Ministerio Público”, denunció la abogada. 

La Policía Nacional en conjunto con personas de civil arremetieron contra toda persona que pretendía acercarse a la vivienda de la aspirante presidencial, Cristiana Chamorro.

EE.UU. eleva presión

La acción del régimen sandinista para sacar de la competencia electoral a Cristiana Chamorro provocó la condena de la comunidad internacional.  

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reaccionó a la inhibición impuesta contra la candidatura de Chamorro Barrios, afirmando que “prohibir arbitrariamente” su participación “refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas, los nicaragüenses merecen una democracia real”. 

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció la medida contra la opositora como un nuevo atentado a la democracia de Nicaragua que se encamina a las “peores elecciones posibles”. 

“La utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte”, afirmó la OEA en un comunicado. 

Los congresistas estadounidenses Albio Sires y Mark Green, presidente y miembro de alto rango, respectivamente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en el Hemisferio Occidental, demandaron la inmediata aprobación de la Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform (Ley Renacer en español), que implica más sanciones para el gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

“Hacemos un llamado a nuestros colegas en la Cámara y el Senado para que aprueben inmediatamente la Ley Renacer”, señalaron ambos congresistas en una declaración conjunta.

La Ley Renacer vendría a coordinar sanciones especificas con Canadá y la Unión Europea contra la administración de Ortega. Además, ampliaría los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales.

El objetivo central de las sanciones será también castigar a personas que “directa o indirectamente obstruyan el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua” que podrían ser funcionarios de la Policía, el Ejército, el Consejo Supremo Electoral, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) familiares de Ortega y personas o entidades afiliadas a negocios involucrados en transacciones financieras corruptas relacionadas con Ortega.

Sires y Green condenaron los ataques de Ortega contra la precandidata presidencial Chamorro Barrios y señalaron que se puede dar una mala elección cuando “el titular del cargo actual elige quién puede competir” en las elecciones nicaragüenses.

“Las acusaciones infundadas contra Cristiana Chamorro y sus colegas son la última táctica de Daniel Ortega para eliminar a la oposición política y mantener su control autoritario del poder a cualquier costo. Estas acciones desesperadas muestran lo que Ortega hará para evitar una elección creíble”, reiteraron en su declaración..

“La comunidad internacional debe estar unida en imponer graves consecuencias en respuesta a las acciones antidemocráticas de Ortega. Instamos a la Administración Biden, así como a nuestros aliados en la Unión Europea, Canadá y América Latina, a imponer sanciones coordinadas contra cada uno de los funcionarios del Ministerio Público y a los policías que ordenaron y llevaron a cabo los allanamientos y arrestos”, señalaron los congresistas.

Por último, solicitaron a la OEA una sesión especial para abordar el incumplimiento de Nicaragua con el plazo impuesto por esa organización, de que en mayo del 2021 estuviesen aprobadas reformas electorales en base a los estándares internacionales para que los comicios de noviembre tengan credibilidad.

Principio de inocencia  

Pese a los delitos imputados, cobijada por el principio de inocencia establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua, la precandidata Cristiana Chamorro sigue en pleno goce de sus derechos políticos, explicó a Expediente Público la académica y jurista, María Asunción Moreno.  

Según Moreno, en este caso se está frente a una “inhibición ilegal” en el que se pretende limitar el ejercicio de los derechos políticos, pues no le compete al Ministerio Público (Fiscalía) tomar esa decisión. 

“Cristiana está en pleno goce de sus derechos políticos. La privación o inhabilitación de estos derechos solo es posible mediante sentencia firme condenatoria. Cristiana goza de la presunción de inocencia, ya que no ha sido procesada ni condenada por ningún delito”, explicó Moreno. 

La Constitución Política nicaragüense, en el artículo 47, párrafo tercero, establece que “los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil”, señaló Moreno.  

“Las medidas tomadas en contra de Cristiana son parte de la cadena de ilegalidades y arbitrariedades que estamos viendo en este caso de persecución política”, insistió la catedrática y jurista. 

Criminalizan a periodistas

La acusación ocurre en el marco de una nueva jornada de persecución y criminalización contra opositores en el país centroamericano, que alcanzó a la prensa independiente, ya que en este mismo proceso la Fiscalía solicitó retención migratoria para la corresponsal de la cadena Univisión en Managua, la periodista María Lily Delgado.  

Esta oficina del Estado, además prohibió a Delgado “concurrir a determinadas reuniones y lugares” sin especificarlas, y estableció la prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados. 

La medida cautelar también fue aplicada a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la periodista María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano, también investigados en este proceso. 

“Estas mismas medidas se solicitaron en contra de la señora Cristiana María Chamorro Barrios, más la inhabilitación para cargos públicos por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”, informó la Fiscalía.

La jurista Moreno explicó que la finalidad de las medidas cautelares es para garantizar la presencia del acusado en un juicio, pero eso no significa que “la persona es culpable”.  “La retención migratoria si es una medida precautelar, pero debe ser impuesta por un judicial a solicitud de la Fiscalía”, aclaró. 

El pasado 24 de mayo, Cristiana Chamorro aseguró que sus cuentas bancarias fueron congeladas, al mismo tiempo que le fue levantado el sigilo bancario, un mecanismo que obliga al sistema financiero a facilitar los movimientos del dinero de las cuentas personales de la precandidata presidencial.

El origen de la acusación  

En este proceso, desde el 21 de mayo de 2021, el Ministerio Público de Nicaragua ha llamado a varias personas a brindar entrevista como testigos, luego que se inició una investigación contra Chamorro en su calidad de exdirectora de la Fundación, que fue cerrada en febrero al negarse a someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, una nueva arma legal del gobierno para perseguir a las organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos que reciban dinero de gobiernos o asociaciones extranjeras. 

“Hemos llamado y seguiremos llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiadas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, indicó el Ministerio Público en un comunicado. 

Un día antes, el 20 de mayo de 2021, el Ministerio de Gobernación, institución del Estado de Nicaragua encargada de fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales, encontró supuestos “indicios de lavado de dinero”, en el manejo de los recursos de la FVBCH durante el periodo 2015-2019.  Aunque según los funcionarios de la Fundación, siempre recibieron por parte del Ministerio de Gobernación las certificaciones de que cumplieron con la ley.

Técnicamente el lavado de dinero y activos consiste en dar “apariencia de legalidad” a recursos financieros procedente de actividades ilícitas, explicó a Expediente Público el abogado César Guevara, exprocurador penal y especialista en antilavado de activos.  

En Nicaragua el delito de lavado de dinero es regulado en los artículos 282 y 283 del Código Penal vigente.  

Pero, ¿podría una fundación lavar dinero tomando en cuenta que los recursos que ejecuta los recibe a través de canales oficiales de cooperación? 

“Si un país determinado a través de una agencia determinada decide donar, apoyar o financiar a una organización de un país, entonces, el dinero proviene de una actividad lícita. Ahí tendría mucha dificultad quien investiga para determinar que el dinero proviene de una actividad ilícita, que es lo que sanciona el delito precedente del delito de lavado de dinero”, respondió Guevara.  

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue creada en 1998 como una organización sin fines de lucro que, hasta antes de su cierre el 5 de febrero de 2021, promovió iniciativas ciudadanas encaminadas a promover la “democracia, la paz y el desarrollo social”.  

El exprocurador penal explicó a Expediente Público que, de acuerdo a las leyes nicaragüenses, para que se dé el delito de lavado de dinero y activos, debe existir un vínculo de esa conducta ilícita desarrollada con otro acto ilegal cometido previamente. 

“Esta actividad puede estar vinculada a delitos de narcotráfico, a delitos de corrupción, a delitos de orden tributario, a delitos de cualquier otro orden. No se puede entender el lavado de dinero como un delito separado de otro delito previo, no digo otro delito simultáneo, sino previo a ese delito (de lavado)”, explicó Guevara.  

¿Dónde quedó la UAF en este proceso? 

En Nicaragua, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) creada en 2012, es la oficina encargada de emitir las alertas necesarias sobre actividades ilícitas relacionadas al blanqueo de capitales, tras recibir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los bancos.  

La UAF recibe la alerta, abre una investigación, verifica la información y entrega un informe que se conoce como Reportes Técnicos Conclusivos (RTC) que los envía, ya sea, a la Policía, el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República (PGR), explicó Guevara. 

Esas instancias que reciben los RTC procesan los datos y a efectos de verificar pueden pedir información a la misma UAF, los bancos o cualquier otra entidad con base a un periodo determinado, enfatizó el especialista.  

Aunque Guevara, evita referirse al caso de la Fundación Violeta Barrios, porque desconoce los detalles contenidos en el expediente de la investigación, confirmó que la UAF debió emitir una alerta en este caso. 

“En el caso de las instituciones u organizaciones que rinden información al Ministerio de Gobernación, año con año vienen explicando sus operaciones y no han recibido ningún reporte, ninguna alerta sea de la UAF o del Ministerio de Gobernación. Resultaría muy llamativo el hecho que posteriormente sorprendan a la UAF con que hay irregularidades en una institución y que la UAF no haya realizado ningún reporte a las instituciones encargadas de investigar”, señaló Guevara. 

Según el especialista, llama la atención que en este caso el “órgano encargado no alertó” sobre las supuestas irregularidades cometidas. 

“Lo inusual es que se inicie una investigación a través de otro órgano y que no sea el órgano encargado por ley quien haya generado el reporte, eso es inusual, no es ilegal”, explicó Guevara.  

“Estrategia de persecución política” 

Por su parte la jurista y catedrática María Asunción Moreno aclaró que el delito de lavado de dinero y activos es un “tipo penal complejo” que admite distintas “formas de comisión”.  

Las consecuencias penales que prevé tanto la legislación nicaragüense como internacional para este tipo de acto delictivo son “penas muy graves, al tratarse de delitos contra el orden socioeconómico”, dijo Moreno. 

“Debemos tener claro que la investigación que la Fiscalía está realizando en contra de Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, es parte de una estrategia de persecución política y criminalización de opositores y prensa independiente, la cual no admite el mínimo análisis jurídico penal, ya que los operadores del sistema de justicia están trabajando de forma coordinada para armar un caso, cuyos resultados están previamente determinados por el régimen”, apuntó Moreno. 

La acusación contra Chamorro fue radica en el Juzgado Noveno de Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, la capital, a cargo de la jueza Karen Vanessa Chavarría, misma que ha llevado procesos contra personas que participaron en las protestas sociales en 2018.

En la acusación, que fue presentada a las 6:21 minutos de la tarde del 1 de junio, la Fiscalía no acusa a los extrabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes son también investigados y fueron capturados de forma irregular el 28 de mayo de 2021.  

A Gómez y a Fletes se los mantiene aislados, y no le ha permitido el derecho a la defensa, ni poder ver a sus familiares, según denunciaron sus abogados. Permanecerán detenidos 90 días.

Amplían lista  

En el marco de la investigación, la Fiscalía nicaragüense citó al menos 17 periodistas de medios de comunicación independientes. El representante legal del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal fue citado a “entrevista” mañana viernes 4 de junio. El también presidente de la junta directiva de La Prensa es hermano de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien fue asesinado en enero de 1978 por la dictadura somocista, siendo declarado mártir de las libertades públicas en Nicaragua.

La precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios es hija de Pedro Joaquín y de la expresidenta, Violeta Barrios (1990-1997).

Paula Haidee Smith Ruíz, representante legal de Radio La Costeñísima en Bluefields; el periodista, Roberto Mora Cárcamo, de Estelí; el exjefe de prensa del extinto El Nuevo Diario, Ludwin Loáisiga; el comentarista Jaime Arellano; el director de la plataforma digital Literal Periodismo Ciudadano, José Adán Silva; Aníbal Toruño, director de radio Darío de León; y Argentina Olivas Cano, directora de Radio Vos de Matagalpa, también han desfilado en la Fiscalía para “entrevista” como testigos en la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 

Silva recordó que ejercer el periodismo “no es ilegal y los periodistas no estamos para lavar dinero”. “Yo siento que quieren utilizar al periodismo como chivo expiatorio de algo que ellos sabrán y que todo mundo sospecha por dónde viene”, mencionó Silva.  

La jornada de criminalización contra los periodistas independientes también alcanzó al fotorreportero de Divergentes, Carlos Herrera; los reporteros Amparo Aguilera; Francisco Gadea López de radio Stereo Romance; Rosa María Blandón, colaboradora de la plataforma digital La Lupa y la exdirectora de Onda Local, Patricia Orozco. 

Sergio Ramírez, escritor y exvicepresidente (1984-1990) como representante de la Fundación Luisa Mercado; María Elena Hernández de la agencia de publicidad Crea Comunicaciones S.A., son parte del listado de citados que se extiende a empresarios como Olimpia María Rodríguez, representante legal de Viajes América, María Jesús Rivera Toruño de Desarrollos Hoteleros de Nicaragua.

Censura aumenta

Abigaíl Hernández, miembro de la Comisión Ejecutiva de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), considera que, con esta estrategia de involucrar a periodistas en un caso político, el gobierno busca primero, inhibir a la opositora Cristiana Chamorro como candidata a la Presidencia, y segundo, ejercer presión para acallar las voces de la prensa independiente. 

“No les ha bastado las amenazas directas a hombres y mujeres de prensa, la persecución, el exilio, las amenazas constantes, la difamación a través de redes sociales, no les ha bastado y han visto que no han tenido resultado de sacar a los y las periodistas del juego de informar, de estar en la calle”, dijo Hernández.  

Para la representante de PCIN la nueva estrategia del gobierno de Ortega y Murillo es “preocupante”, pero solo es una forma de amedrentar a los periodistas y medios de comunicación críticos que siguen fiscalizando al poder político. 

FIDH: criterios de dictadura 

Para la abogada Jimena Reyes, directora para la Oficina de las Américas de la Federación Interamericana de Derechos Humanos (FIDH), las acciones contra la oposición y los periodistas en un año electoral, confirman los elementos que denotan la forma de un gobierno dictatorial, afirmó a Expediente Público.

El hecho que se involucre a reporteros en una investigación por lavado de dinero y activos, según Reyes, abre una puerta a la “criminalización” del periodismo independiente en la nación centroamericana.  

La directora para las Américas de la FIDH, señaló que en un país como Nicaragua, donde el Poder Judicial no actúa de “forma independiente”, porque no ha investigado las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto del estallido social de abril de 2018, se abre una puerta para atacar y criminalizar a los periodistas. 

“Obviamente abre la puerta a la criminalización indebida, la instrumentalización de cualquier elemento del Código Penal para buscar callar a la prensa, callar a los periodistas en un momento donde se necesita que ellos puedan reportar todo lo que está pasando a meses de un momento democrático tan importante como pueden ser las elecciones presidenciales”, mencionó Reyes.  

La representante de este organismo de derechos humanos instó al gobierno de Daniel Ortega a implementar las reformas electorales solicitadas por la Organización de Estados Americanos y que “regrese a una actuación democrática” en lugar de estar “criminalizando” a toda persona que se le oponga.  

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